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«Antes eran tehuacanazos y ahora es prisión”, dice la defensa de Rosario Robles

Los abogados de Rosario Robles Berlanga respondieron este viernes a las declaraciones emitidas horas antes por Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y le reclamaron al funcionario federal por dar a entender que la exfuncionaria está en prisión por “no ser solidaria con el Estado” y dejando entender que está privada de su libertad por no “delatar” a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada qué revelar.

“Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran ‘tehuacanazos’ hoy es prisión. Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer ‘colaborar’ con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito”, planteó en un comunicado el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, que lleva la causa de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Este individuo [Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos”, precisó.

“En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, dijo el titular de la FGR.

Al respecto, los abogados precisaron que, contrario a lo dicho por el Fiscal, “Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción. Es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado como no grave que tampoco trae aparejado reparación de un presunto daño. Por esta acusación debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad”.

El despacho expuso, además, que “las imprecisiones observadas por el fiscal Gertz” señalan a Rosario Robles de provocar daño patrimonial, pero no existe ninguna acusación formal por parte de la FGR por un delito diferente al que mencionan en líneas arriba.

“La Fiscalía General de la República está obligada a investigar, fundamentar y comprobar acusaciones plenamente, más allá de toda duda razonable y no sólo hacer imputaciones”, plantearon los abogados defensores.

También expusieron que, hasta el momento, las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para justificar la prisión preventiva, como la licencia falsa, han sido desacreditadas en cada una de las audiencias.

“Los dichos del fiscal contravienen el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los derechos de la imputado, que señala en su fracción I que la acusada debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; en su fracción XIV a no ser expuesta a los medios de comunicación y en su fracción XV a no ser presentada ante la comunidad como culpable”, agregaron en sus precisiones al Fiscal Gertz Manero.

Con sus imprecisiones, añadieron, el Fiscal General marca una diferencia entre las conveniencias políticas de sus testigos colaboradores y los que no tiene ese carácter. Además, “son una afrenta al debido procesos y a la presunción de inocencia”. Los dichos de hoy, concluyeron, “demuestran una vez más que se trata de una detención arbitraria y una nueva modalidad de presión”.

El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México, por el ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy sigue detenida.

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Se registraron 12,511 nuevos casos y 675 muertes por Covid en el último día en México

La tarde de este sábado 11 de septiembre de 2021 las autoridades sanitarias compartieron el informe técnico diario acerca de la presencia del virus SARS-CoV-2 en el país. En ese sentido, confirmaron la existencia de 3,506,743 casos confirmados acumulados, así como 267,524 lamentables defunciones desde el inicio de la pandemia en el país.

En ese sentido, de acuerdo con las cifras, en las últimas 24 horas 12,511 nuevas personas reportaron el cuadro sintomático relacionado con la enfermedad de COVID-19 y dieron positivo al resultado de la prueba. De igual forma, existieron 675 nuevas muertes en el último día.

Acerca de las defunciones confirmadas, las autoridades informaron que en la distribución por sexo predominan las muertes en hombres con el 62%. De igual forma, la mediana de edad es de 64 años. Además, luego de haber cursado por la tercera ola de contagios en el país, la gráfica evidenció un comportamiento notablemente bajo en los fallecimientos a comparación de las dos primeras.

Por otro lado, se estima que al corte del día de hoy existen 99,784 personas que presentaron síntomas relacionados con la enfermedad de COVID-19 en los últimos 14 días. De esa forma, las entidades con mayor número de casos activos por cada 100 mil habitantes son Tabasco, Colima, Ciudad de México, Yucatán y Querétaro. En tanto, Chiapas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Guerrero tienen los índices más bajos.

En tanto, en el tercer día de la semana epidemiológica número 34 las autoridades informaron sobre la existencia de 3,719,517 casos estimados. Por otro lado, ya son 2,843,949 pacientes que se han recuperado y recibido el alta médica después de haber cursado con algún síntoma relacionado con la enfermedad.

Hasta el día de hoy, 10,181,677 personas han sido notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Del total de las pruebas de detección aplicadas, 6,170,322 han dado un resultado negativo. Además, la cifra de positivos podría aumentar en las próximas horas debido a que se estima la existencia de 504,612 casos sospechosos totales.

Saturación hospitalaria
En las camas de atención general a nivel nacional, las autoridades confirmaron que 10 entidades reportaron más de la mitad de su ocupación hospitalaria hasta el 10 de septiembre. Además, 14 entidades figuran en la lista de ocupación entre el 30% y el 49 por ciento. En tanto, ocho estados tienen índices menores al 29 por ciento. Las cinco entidades que cuentan con mayor número de camas disponibles son Chihuahua, Chiapas, Campeche, Baja California Sur y Yucatán.

Por otro lado, en las camas equipadas con soporte de ventilación, es decir, para la atención de pacientes de terapia intensiva, se confirmó que Colima (64.48%), Tabasco (61.27%), Veracruz (53.72%) y Nuevo León (51.46%) son los únicos estados con ocupación superior al 50 por ciento. Dieciséis estados se encuentran en el grupo con ocupación entre el 30% y el 49 por ciento, mientras que 12 entidades están debajo del 29% de la ocupación. Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, Chiapas y Chihuahua son los estados con mayor disponibilidad.

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El precio de la mariguana cae: criminales de México brincan al alcohol y la tala

México sigue siendo el principal proveedor internacional de marihuana para Estados Unidos, pero las ganancias de este mercado han disminuido desde 2013, lo que ha obligado a ciertos grupos criminales a buscar otras fuentes de ingreso.

A medida que más estados de Estados Unidos avanzan hacia la legalización, “la marihuana mexicana ha sido sustituida en gran parte por marihuana de producción nacional”, así lo señala la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2020, de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA).

El informe indica que las incautaciones de marihuana en la frontera entre Estados Unidos y México disminuyeron en más del 81 por ciento entre 2013 y 2020, lo que indica que los grupos criminales mexicanos han reducido significativamente sus operaciones de tráfico de marihuana.

Un operador de alto rango del Cartel de Sinaloa en el estado de Sonora le dijo a InSight Crime que el negocio de la marihuana “ya casi no es rentable”.

“Solo trafico marihuana para pagarles a algunas de mis personas en la organización. Les estoy pagando con kilos [de marihuana], que ellos logran contrabandear y por los que les pagan, pero esto está llegando a un punto en el que ya no es un negocio viable”, expresó.

Según un informe sobre los cultivos de drogas publicado en 2016 por un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el estado fronterizo de Chihuahua es, después de Sinaloa, el segundo mayor productor de marihuana de México, representando el 20 por ciento de la producción nacional. Gran parte de esta producción proviene de la Sierra Tarahumara, una vasta red de montañas y cañones.

Dos de las principales organizaciones criminales de México operan en la Sierra Tarahumara: el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez, a través de su brazo armado, conocido como La Línea.

En los últimos 10 años, los combates entre estos dos grupos han estado en un constante tira y afloja.

Pero ambos grupos han debido adaptarse a la situación en muchos estados de Estados Unidos que han despenalizado o legalizado la marihuana. Con ese fin, han monopolizado otras actividades comerciales como la venta de alcohol y la tala, a la vez que extorsionan a los trabajadores agrícolas de la región para mantener sus ganancias.

A partir de la carretera de La Junta, a la entrada de la Sierra Tarahumara, solamente las tiendas “autorizadas” pueden vender alcohol. Las organizaciones criminales han amenazado a cadenas nacionales como Oxxo para que dejen de vender alcohol, o de lo contrario podrían ser castigados, según cuentan residentes, dueños de negocios y funcionarios estatales que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

En su mayor parte, según el operador del cartel entrevistado por InSight Crime, el monopolio del alcohol está en manos del Cartel de Sinaloa, específicamente de Noriel Portillo, alias “El Chueco”.

“Solo las tiendas autorizadas pueden vender alcohol. De esa manera no hay competencia, y todas esas ganancias llegan a las arcas de la organización”, dijo.

Esto comenzó como consecuencia directa de la depreciación de la marihuana, afirma el operador. Los municipios en los que esto ocurre van desde Bocoyna, Guachochi, Batopilas, Urique e incluso Guadalupe y Calvo.

La fuente agrega que todos los camiones de distribución de bebidas alcohólicas son “detenidos en las carreteras que conectan con la sierra, y les dicen que deben regresar. Mantenemos nuestra propia distribución, y las empresas tienen que comprarnos sólo a nosotros”.

Fuente: InSight Crime

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