**Por fin, alivio para víctimas de Aeroshow *Politiquería en vez de justicia ante la tragedia *Corral va por duarte “sin prisa, pero sin pausa” *¿Pasará nueva Ley de la Judicatura? *Leyva jura que volverá *IFE abre las puertas al nuevo amanecer *El marido incómodo consiguió chamba *Dowell, el tumor del PRI

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Por fin, un poco de justicia para víctimas del Aeroshow. Tras años de indolencia, simulación y complicidad, el Ayuntamiento de Chihuahua reconoció su responsabilidad y aprobó una indemnización por casi 71 millones de pesos a los deudos y afectados por el accidente ocurrido el 5 de octubre de 2013, en el Festival Extremo Aeroshow, donde no sólo se hizo evidente la negligencia, sino la corrupción y el encubrimiento. En total serán 38 las víctimas reconocidas.

María Eugenia Campos, la alcaldesa, agarró al toro por los cuernos y se decidió a ponerle punto final a lo que a ella le tocaba, no por haber tenido en lo personal responsabilidad alguna, sino que la ‘heredó’ de los gobiernos priistas que nada más le dieron vueltas al tema e hicieron como que hicieron. Entre ella y sus operadores negociaron para sacar la indemnización por unanimidad en el Cabildo. Los fondos se emplearán para indemnizar a familiares de las nueve personas fallecidas, así como para garantizar servicio médico a los sobrevivientes y becas a los hijos de los afectados, entre otros apoyos para reparar en la medida de lo posible el daño.

Y claro que lanzó el pedradón a sus antecesores. De entrada se construirá un memorial en el lugar del accidente, el Parque El Rejón, emblema de la administración marquista, lo cual encierra sin querer queriendo un golpe político. Por si no quedó claro el gesto, Campos también habló del “descuido de funcionarios y gobierno que puede llegar a ocasionar dolor humano”, y pidió disculpas “por las omisiones que la institución municipal y las administraciones que me antecedieron tuvieron en la organización del evento y la atención a los deudos”.

El caso fue usado como florete político para darle sus picones a Marco Quezada y así mantenerlo a raya de cualquier aspiración política, motivo por el cual en la pasada elección se postuló a su esposa, Lucía Chavira, quien poco pudo hacer ante la división del PRI y el desprestigio que tocó fondo por la gestión de César Duarte, a pesar de que ambos marcaron siempre una clara distancia del ballezano. Durante la gestión de Javier Garfio el pleito continuó y se negó a las víctimas el acceso a la justicia.

El único que pisó la cárcel fue el chofer, el sonorense Francisco Velásquez, quien si bien tuvo responsabilidad en el accidente al conducir la troca monstruo que mató a las personas, también es cierto que es un piloto de riesgo que pone en peligro su propia vida y su responsabilidad se limitaba a seguir las reglas de seguridad propias de su oficio. La seguridad de los espectadores recaía en los funcionarios y empresarios encargados de la organización, quienes enfrentaron el proceso en libertad.

Víctimas de la ineptitud y la corrupción. No hay que olvidar que la ineptitud también es una forma de corrupción, una de muchas que se hicieron presentes en el caso Aeroshow, y la corrupción tiene víctimas. En este caso fueron: Héctor Renova Ortiz y su hijo de 12 años; José Ángel Renova Piña; los hermanos Julia Sophia y Diego Tarango Holguín; Paulina Santos Luna, de seis años; María Cristina Baca Gámez, Guadalupe Chávez Sáenz, Lilia Acosta Armendáriz, y Bernardina Chávez Marioni. Ahora falta ver que se repartan los fondos en tiempo y forma, y que no se siga regateando justicia a las familias. Que caigan los verdaderos culpables.

¿Y Duarte cuándo? Esta es la pregunta que debe estar zumbando en los oídos del gobernador Javier Corral, pues si algún día despierta sin tener eso en la memoria, pronto durante el día alguien se lo recuerda. Es la principal demanda ciudadana, la promesa que lo hizo despuntar de sus competidores, y hasta la fecha nada.

Sin prisa pero sin pausa, dijo el gobernador Corrral a los medios que lo cuestionaron al respecto. Asegura que si no se ha actuado, es porque se están integrando expedientes robustos que puedan echar abajo el cerco de impunidad tendido en torno al ex gobernador. Si bien es sensata su postura, lo cierto es los chihuahuenses sí tienen prisa, sobre todo de recuperar al menos parte de lo saqueado. Como lo hemos dicho antes, los más optimistas creen que el gobernador está preparando el tablero para gobernar en serio y a sus anchas, los pesimistas creen que todo será demagogia y simulación. Sólo el tiempo y los resultados dirán quién tuvo razón.

La nueva Ley de la Judicatura es uno de estos enroques. Este martes debe quedar lista para echar abajo el engendro dejado por la administración Duartista en un intento por enquistarse en el poder que ya habían perdido. El problema está en la capacidad de negociación del Congreso, pues se necesitan 22 y los panistas no alcanzan ni 16. Aquí tendrán que negociar con morenos y chiquipartidos.

El jaloneo en el Ichitaip también pinta para largo. Rodolfo Leyva tiene 30 días para interponer un amparo al no haberse fundamentado su destitución y habérsele negado el derecho de audiencia. Unos juran que lo reinstalan, otros que ni de chiste. Lo cierto es que en este jaloneo, la transparencia es la que ha quedado hecha trizas.

En el Instituto Estatal Electoral también hubo relevos, y para no buscarle ruido al amanecer, el presidente Arturo Meraz abrió las puertas sin reparos. Sin broncas quedaron instalados Pedro Uranga Roana, Liliana Loya Jaime, María del Carmen Loya Carmona, y Oksana Volchanskaya. En una posición menos fue colocado Ricardo Gándara Hernández, el marido incómodo al que al fin le hallaron acomodo como asesor del consejero Alonso Bassaneti, más azul que el cielo. Su nómina es de nada menos que 50 mil morlacos, buen consuelo.

Mientras, el gobernador anduvo en la Ciudad de México acompañado por Pablo Cuarón, secretario de Educación, para la firma del nuevo modelo educativo, una iniciativa que viene muerta desde el parto, pues no hay consenso para implementarla más que un firmazo. En Juárez las audiencias públicas lucieron igual de muertas, ni quién se pare.

Y para cerrar con surrealismo, el dirigente estatal del PRI, Guillermo Dowell, amagó con denunciar al gobernador por inmiscuirse en la destitución de Rodolfo Leyva como consejero presidente del Ichitaip. Si bien no es el único que sospecha y acusa al respecto, es su persona y sus antecedentes los que le arrebatan cualquier credibilidad, sin contar el daño que le está haciendo a su partido que no cuenta con un interlocutor presentable para encabezar la voz de los priistas en el estado.

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