La polémica decisión tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre buscar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ha causado revuelo a nivel internacional.

Medios de comunicación y especialistas han emitido su opinión y se alarmaron por esta persecución contra la comunidad. Uno de los diarios que se sumó a las críticas fue el Wall Street Journal (WSJ), el cual publicó un duro cuestionamiento contra AMLO.

Este artículo, escrito por David Luhnow, editor para América Latina, menciona que el mandatario nacional hizo estas acusaciones de crimen organizado y lavado de dinero debido a una eterna disputa que tiene contra los intelectuales mexicanos.

Recordó que el respaldo legal buscado nuevamente esta semana es viejo y poco apoyado, pues las autoridades han rechazado en dos ocasiones sus peticiones, pero, al parecer, no se va a rendir, pues presentó una nueva queja para lograr los arrestos por el supuesto uso ilegal de aproximadamente USD 12 millones.

Los 31 investigadores están siendo acusados por delitos graves que equivalen a, al menos, 80 años de cárcel (Foto: Especial)

A pesar de las acusaciones directamente de Palacio Nacional, los miembros del comité asesor científico dijeron que no hicieron nada malo y que el gasto había sido auditado y aprobado, sin embargo, no fue suficiente para López Obrador, quien buscada enviarlos a la cárcel como si fueran peligrosos narcotraficantes.

“El gobierno busca retener a los científicos, que incluyen astrofísicos y microbiólogos, en una prisión de máxima seguridad donde se encuentran algunos de los narcotraficantes más notorios del país , entre ellos Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Si son declarados culpables, algunos de los académicos enfrentarían más de 80 años de cárcel”, se lee.

Mediante el recuento hecho por el medio estadounidense, señaló que el CONACyT había desarrollado a cabo sus labores sin problemas desde su creación en 2002, pero esa buena relación con el gobierno se rompió en 2018, cuando AMLO llegó al poder.

Desde ese momento, se enfrentó a un reacio mandatario que siempre buscaba generar un pleito con la directora designada, la bióloga María Elena Álvarez-Buylla. Principalmente cuestionaba sobre si su financiamiento público “debería ser apolítico o llevarse a cabo con el ámbito político y social”.

El Gobierno Federal busca aprehender a esta comunidad científica en penales de máxima seguridad (Foto: Cuartoscuro)

Para Ana Laura Magaloni, profesora de derecho en la Universidad CIDE de México entrevistada para este artículo, las acusaciones son tan irracionales que “asustan a todos en México, porque podrían encarcelar a cualquiera”.

Mientras que José Franco, investigador jefe del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que el gasto anual del CONACyT era auditado y aprobado todos los años, incluso bajo el gobierno actual.

“Siempre he estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas (…) Los informes financieros del comité son públicos y están disponibles en su sitio web. No obstante, el Conacyt ha optado por presentar cargos penales infundados, lo que dice mucho de su intención “, detalló.

Uno de los aspectos que más llamó la atención al medio estadounidense fue la precariedad a la que llegó el Consejo Nacional, el cual “Tiene becas muy limitadas” para que los jóvenes estudien en el extranjero, pues para el gobierno actual es mejor quedarse en el país y hacer artículos escritos en español o idiomas indígenas en lugar de inglés.

Algunos expertos legales dijeron que la administración actual parecía estar usando el sistema legal para perseguir a sus enemigos políticos

Pase lo que pase al final, AMLO será duramente criticado por esta persecución (Foto: Cuartoscuro)

Esta lucha encarnizada contra la ciencia ha borrado del mapa la guerra contra el narcotráfico, problema que aqueja cada vez más a la sociedad, pues diario se registra un enfrentamiento, una masacre o algún delito relacionado con este crimen.

No obstante, el objetivo cambió y ahora los investigadores son más buscados que los sicarios, aunque son comparables en los crímenes que cometen, mismo que son considerados graves y sin opción a fianza.

Varias fueron las figuras que le llevaron la contraria a AMLO. Tales fueron los casos de Enrique Graue, rector de la UNAM, el cual calificó los cargos de absurdos. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fiel al presidente, los calificó de excesivos. Finalmente, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó “mi total solidaridad con la comunidad científica”.

Para el WSJ, las acciones tomadas por López Obrador contra la comunidad científica no tienen razón de ser, aunque el presidente remarque que los miembros tenían demasiada influencia sobre los gobiernos anteriores para obtener dinero usado en lujos y viajes al extranjero.

“Fue una especie de chantaje y había que darles estos fondos (…) Y cuando eso desapareció, esa extravagancia, esos lujos, ese desperdicio, se quejaron de que no estamos invirtiendo en ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica”, fueron los dichos del presidente, los cuales seguirán siendo criticados pase lo que pase al final del camino.

A siete años de la noche y madrugada en que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, los avances en indagatorias han sido escasos, mientras que la exigencia por dar con el paradero de los jóvenes resuena con fuerza en un crimen perpetrado por el aparato estatal coludido con grupos criminales de Iguala, Guerrero.

El caso se ha desmontado, manipulado y vuelto a investigar, pero hasta la fecha sigue sin haber justicia ni verdad para padres y madres de quienes se preparaban profesionalmente en aras de ayudar a sus pueblos como profesores rurales.

De la “verdad histórica” en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a la Comisión Presidencial y la Unidad Especial de la Fiscalía General de la Republica (FGR) con Andrés Manuel López Obrador, no se ha esclarecido de forma convincente qué, cómo, quiénes y por qué fueron atacados un grupo de alumnos el 26 y 27 de septiembre de 2014, quienes solo tomarían camiones para asistir a un evento donde, paradójicamente, se recuerda la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco, Ciudad de México.

Aún con dilaciones del caso, las autoridades localizaron restos óseos para identificar a tres normalistas a lo largo de los últimos años. Las búsquedas positivas se dieron en el basurero de Cocula, donde se dijo que los cuerpos fueron incinerados y los remanentes arrojados al río aledaño, como en la Barranca de la carnicería, a 800 metros del primer sitio.

El 7 de diciembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que algunos restos hallados en el basurero de Cocula correspondían al joven Alexander Mora Venancio, esto también lo confirmó, un día antes, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, pues el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se los había referido.

Alexander Mora Venancio, de 19 años, fue el primero en ser identificado (Foto: Especial)

Este joven fue el primero en ser ubicado de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de quienes no se tuvo más noticia desde la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Era originario de una comunidad llamada El Pericón, unos 100 kilómetros al sur de Chilpancingo, la capital de Guerrero a que pertenece esta localidad.

A Mora Venancio, sus allegados lo identificaban como alguien aficionado al fútbol, era el camiseta número 12 de la Juventus, club local en que jugaba; su casa en Pericón está junto a la cancha del pueblo.

El estudiante, quien soñaba con ser maestro, tenía apenas 19 años de edad cuando la madrugada del 27 de septiembre fue víctima de desaparición forzada y supuestamente entregado a Guerreros Unidos, un grupo del narcotráfico que se habría encargado de quemar a los normalistas en un basurero de Cocula y después arrojar los restos al río San Juan, todo esto según la “verdad histórica” de la entonces PGR encabezada por Jesús Murillo Karam.

En su momento, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reconoció los resultados de la PGR sobre muestras enviadas a Universidad de Innsbruck, en Austria, institución que analizó fragmentos óseos y confirmó, por estudios genéticos, que una parte de hueso y una muela correspondían al joven que estudiaba el primer año para licenciarse como maestro de escuela primaria.

Pero ni el defensor legal ni Ezequiel Mora Chora, padre del normalista, creyeron en la hipótesis de las autoridades. A pesar de que Murillo Karam asentó que la incineración realizada por Guerreros Unidos era el móvil de la desaparición, los familiares acusaron que esto pretendía dar carpetazo al asunto.

Familiares de los estudiantes han obtenido dilaciones de las autoridades, pues el proceso avanza un ritmo desesperadamente lento (FOTOS: JOSÈ I. HERÀNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

Fue así que a poco más de dos meses de los hechos, los seis hermanos de Chande o Roca, como apodaban a Alexander Mora Venancio, tuvieron certeza sobre el paradero de su ser querido, quien aspiraba a mitigar la situación de pobreza mediante la docencia y ayudar en la economía familiar a su padre, dedicado al oficio de taxista.

De los 43 estudiantes desaparecidos, ocho eran de Tecoanapa, en la Costa Chica, para estudiar en la normal rural de Ayotzinapa, entre cinco y siete horas al norte de la región.

La segunda identificación un año después

Para el 16 de septiembre de 2015, casi un año más tarde de los eventos en Iguala, Arely Gómez, titular de la PGR, informó que se había logrado reconocer la identidad de Joshivani Guerrero de la Cruz, pero este proceso no tuvo respaldo del EAAF en su momento.

El joven tenía 20 años cuando fue desaparecido, junto con sus otros 42 compañeros normalistas, por policías municipales de Iguala y Cocula. Nacido en Omeapa, el joven provenía de una familia de campesinos y tuvo que sortear las dificultades de acceso educativo para estudiar la secundaria y preparatoria unos 10 kilómetros al oeste de su comunidad, en la ciudad de Tixtla, la cabecera municipal guerrerense.

Al igual que sus compañeros, Guerrero de la Cruz aspiraba a mejorar sus condiciones de vida mediante una profesión como la docencia.

Joshivani Guerrero de la Cruz tenía 20 años cuando fue desaparecido con sus compañeros (Foto: Twitter@xmax444)

De acuerdo con su hermana, el normalista buscaba: “ayudar a la comunidad, porque a Omeapa mandan maestros que son de lejos, profesores que no le ponen suficiente interés a la niñez para que pueda tener un conocimiento más amplio”, según consignó Animal Político. Joshivani Guerrero de la Cruz era el menor de siete hermanos.

La bolsa con restos sembrados

Cuando Arely Gómez informó en rueda de prensa sobre el hallazgo, refirió que la identificación fue a partir del estudio de un fragmento de hueso, sin embargo, los resultados no eran 100% concluyentes.

El ADN de la muestra analizada proporcionó “evidencia moderada”, de ello se determinó que existían 72 posibilidades de que la pieza ósea sí perteneciera a Guerrero de la Cruz, contra una posibilidad de que no lo fuera, de acuerdo con estudios de la Universidad de Innsbruck.

Tanto en el caso de Alexander como de Joshivani, la PGR refirió que los restos estudiados provenían de una bolsa encontrada el 29 de octubre de 2014 en el río San Juan y que fue a donde los narcotraficantes arrojaron los restos, según la “verdad histórica”.

El 28 de octubre de 2014, a sólo un mes de la desaparición de los estudiantes, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal desde septiembre de 2013 hasta 2016, dirigió la indagatoria en las inmediaciones del basurero de Cocula y del Río San Juan, donde, al día siguiente (el 29) buzos de la Marina habrían encontrado bolsas con restos óseos quemados.

El hecho fue denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en un video, lo que dio lugar a la especulación de que los restos podrían haber sido sembrados.

Zerón aseguró que estas investigaciones fueron transparentes, de diligencia formal y con mandamiento ministerial. Incluso dijo que el recorrido en el Río San Juan se efectuó en compañía de Agustín García Reyes, alias el Chereje, uno de los detenidos clave en la desaparición de los normalistas; este sospechoso habría confesado la versión sobre que los restos fueron arrojados al río, luego de quemar los cuerpos.

A su vez, la PGR tampoco habría avisado ni tenido presencia del EAAF cuando recolectaron evidencia en el basurero de Cocula. Ahora se sabe, a decir de la FGR, que la Ministerio Público que firmó documentación para esas diligencias, en realidad se encontraba a miles de kilómetros, trabajando en la Ciudad de México.

El 23 de septiembre reciente se reveló que el supuesto jefe de sicarios de Guerreros Unidos dijo a la nueva Unidad de la FGR que fue torturado por Tomás Zerón para emitir falsas declaraciones. En el video difundido al respecto, se observa que las diligencias en el río, el Chereje acudió sometido por agentes de la PGR. Así fue como en octubre de 2018, García Reyes quedó libre tras la determinación de un Tribunal en Matamoros, Tamaulipas, por violaciones en su debido proceso.

Fue hasta el 15 de junio de este 2021 que el laboratorio de Innsbruck, en Austria, confirmó el hallazgo de los restos de Jhosivani Guerrero, de acuerdo con el abogado Vidulfo Rosales. En aquel entonces, los familiares fueron convocados por autoridades mexicanas para saber de la identificación.

Se trató de una vértebra recuperada en la barranca de la carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula.

“Los restos encontrados en el río San Juan, en años pasado, nunca fueron susceptibles de identificación. Las identificaciones que se dieron no tenían certeza científica, nunca tuvieron certeza científica. No se puede validar eso”, fueron las palabras con las que comparó la diferencia en las investigaciones el abogado.

Las exigencias de verdad y justicia resuenan a siete años de la desaparición de los jóvenes (Foto: EFE/José Méndez)

Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, identificado cinco años después

El tercer normalista identificado por las autoridades fue Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Este joven era el único hijo varón de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre y también tiene tres hermas con las que creció en el barrio de Santiago en Tixtla, Guerrero, de acuerdo con Ayotzinapa 43 días por los 43 creada en la campaña Marchando con letras.

Cuando desapareció el 26 de septiembre del 2014 tenía 19 años. Era un joven alto, moreno y de ojos negros que estaba entusiasmado con continuar su carrera de danza, pues desde niño ha practicado esta disciplina.

Christian ensayaba en el salón de la Casa de Cultura de Tixtla sobre un piso de madera con zapatos blancos. Participaba en un grupo de danza folclórica Xochiquetzal y sus compañeros recuerdan que “llegaba a los ensayos comiendo un elote y con su mochila beige de asa larga cruzada al pecho”.

Sus conocidos lo llamaban Clark, un apodo que se le atribuyó por alusión al álter ego de Superman, Clark Kent. Pero en la preparatoria 29 le decían “Soncho” y en la rural de Ayotzinapa lo hacían llamar “Hugo” porque le gustaban las playeras de Hugo Boss.

Los maestros que le impartieron clases lo consideran como un alumno serio y cumplido. De la preparatoria salió con un promedio de 8.74 y esperaba convertirse en veterinario o en maestro de educación especial, pero la normal rural era su única opción porque su familia no podía solventar los gastos de una carrera universitaria.

La unidad de la FGR confirmó el 8 de julio de 2020 que sus restos óseos fueron hallados en la Barraca de la Carnicería y enviados a la Universidad de Innsbruck para el análisis. Los peritajes fueron avalados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y los resultados coincidieron en que la muestra era una “extremidad inferior” del joven.

Rodríguez Telumbre tenía varios apodos entre los que se encontraban «Clark», «Soncho» y «Hugo» (Foto: FGR)

El punto ubicado a 800 metros del basurero de Cocula fue analizado en ocho mil metros cuadrados. Actualmente continúa la búsqueda, pese a los 187 restos que llevaron a la identificación de Rodríguez Telumbre y Guerrero de la Cruz.

De las 89 órdenes giradas por supuestos responsables en los hechos, al menos 30 están pendientes de ejecutar sobre aquellos que habrían participado directamente en la desaparición y 10 más son contra funcionarios que alteraron las investigaciones.

Desde enero de 2019 se han realizado 55 acciones de búsqueda en 136 puntos distintos, durante 405 jornadas, para dar con los normalistas; lo que ha llevado a recuperar 27 cuerpos en siete municipios de la región. Igual se analizaron 80 millones de llamadas con 206 mil registros de interés, y 84 líneas prioritarias de 17 objetivos principales en 166 números telefónicos. Pero en estos siete años han perdido la vida o sido asesinados 21 personas vinculadas con el caso.

Con el trabajo de la administración actual se confirma que no hubo nexos entre los estudiantes y sus agresores, como se sugirió en la verdad histórica; además, en el ataque participaron al menos tres células de sicarios Guerreros Unidos en colusión con policías de Iguala. Los 43 normalistas nunca estuvieron juntos mientras fueron arrestados por fuerzas policiales y el Ejército; y el grupo criminal estableció retenes en Santa Teresa y la salida a Taxco.