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Iusacell y Movistar firman alianza

Telefónica México publicó en su sitio web que su marca comercial Movistar firmó una alianza con Iusacell, con la finalidad de ofrecer la red más grande y rápida del país, lo que significa la unión de las dos redes a la que tendrán acceso los usuarios de ambas empresas de telecomunicaciones.

Aquí el comunicado de Telefónica:

La alianza busca la transformación y la modernización de un sector que, de acuerdo con las empresas participantes, debe salir del estancamiento para renovarse e insertar a México en las tecnologías presentes y futuras como lo son: LTE; 4G; puntos de acceso Wi Fi; además de contar con más y mejores redes de fibra óptica: con mayor capacidad, calidad y velocidad en el servicio. Con esta iniciativa, se beneficiarán más de 27 millones de usuarios que tendrán acceso a la más alta tecnología de redes; servicios de Internet móvil y cobertura en miles de ciudades, poblaciones y kilómetros carreteros en la República Mexicana. La suma de Iusacell y Movistar generará una mejor alternativa para todos los mexicanos.

Además, la alianza garantiza que el despliegue de capacidad necesario para ofrecer los próximos servicios de Movistar y Iusacell se realice de la forma más rápida y con la mayor cobertura geográfica posible, contribuyendo así a cerrar la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.  El acuerdo también incluye el despliegue de nueva infraestructura de última generación de manera conjunta, así como la ampliación de 36 mil kilómetros de fibra óptica con la que actualmente cuenta Movistar. Habrá un mayor desarrollo de red para llegar más rápido a los usuarios y brindar mejor calidad y servicio. Por ello, Movistar seguirá adelante con sus inversiones en México y este año, crecerá en un 25% su despliegue de red.

Con motivo de este anuncio, Juan Abellán, Presidente Ejecutivo de Movistar México, señaló que:  “Iusacell y Movistar han decidido unir su fuerza en pro del mercado y enviar un mensaje contundente a favor de los usuarios; de la competitividad y en contra de un monopolio que durante muchos años frenó el desarrollo de México en telecomunicaciones e impidió el que millones de mexicanos pudieran acceder a lo último de la tecnología, como lo dio a conocer la OCDE en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, publicado este año”.

Añadió Abellán, “México necesita disminuir urgentemente la brecha digital, producto del retraso ocasionado por una empresa y un grupo.  Por lo menos como país, México debería tener las mejores telecomunicaciones de América Latina y llegar al 100% de los hogares.  Les quiero decir que hoy es uno de los países más atrasados en tecnología y con una penetración de mercado de las más bajas de la región. Por ello, esta alianza marca el inicio de otros acuerdos que ayudarán a mejorar las tarifas de los clientes de ambas compañías”.

Por su parte, Adrian Steckel, Director General de Grupo Iusacell, aseguró que “ésta, es una alianza a favor de la competencia y contra el monopolio existente para poner al alcance de todos los mexicanos los mejores servicios aprovechando al máximo las tecnologías de las telecomunicaciones. Este acuerdo también representa el fortalecimiento de dos competidores en un mercado que por años ha permanecido  sumamente concentrado”.

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México

Exmagistrado de Nayarit ingresa a prisión por presunto fraude en Infonavit

Pedro Antonio Enríquez Soto, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit (TSJ), fue trasladado este sábado al penal de Tepic por un presunto fraude contra derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en siete estados del país.

En una audiencia llevada a cabo por el proceso penal que se le sigue, el juez del caso autorizó la solicitud de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en el sentido de modificar la medida cautelar otorgada, por lo que le fue dictada prisión preventiva.

El pasado mes de febrero, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit acordó la suspensión provisional del exmagistrado Enríquez Soto, vinculado con diversas actuaciones en torno al caso de acreditados del Infonavit que fueron perjudicados por presuntas irregularidades procesales.

Una investigación de la Fiscalía General reveló que entre 2013 y 2018 fue cometido un fraude contra aproximadamente 60 mil derechohabientes del Infonavit, quienes fueron despojados de sus viviendas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

En el ilícito presuntamente participaron dos magistrados y cuatro jueces estatales; también se vieron involucrados funcionarios de Infonavit, abogados y funcionarios del Poder Judicial y un notario público para llevar a cabo la ejecución hipotecaria.

Fuente: Excelsior

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México

Jueces ‘castigados’ recurren a la SCJN para evitar sanciones

Por medio de recursos legales que pueden estar años en revisión, algunos jueces y magistrados se resisten a acatar medidas y sanciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Es el caso de 35 juzgadores que recurrieron a la Corte para frenar su traslado a otros estados, luego de que el CJF decidió reasignarlos por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción.

Mediante las llamadas revisiones administrativas, que resuelven de manera inapelable cualquiera de las dos salas de la SCJN, los jueces argumentan motivos familiares, personales e incluso académicos para revertir los cambios de adscripción.

Además, algunos jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por evidente incompetencia durante la administración del ministro Arturo Zaldívar, también buscan que la Corte revierta su castigo.

En febrero, el CJF destituyó y multó a dos magistrados federales en Campeche por “notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial, así como desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”.

Magistrados y jueces defienden zona de confort

Con diversos argumentos buscan que el Consejo de la Judicatura Federal revierta readscripciones, castigos o suspensiones. Pretextan que están estudiando algún posgrado, motivos familiares y cuestiones personales, entre otros.

A pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido readscribir a jueces y magistrados por diversos motivos, ya sea por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción, al menos 35 juzgadores han buscado frenar sus traslados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por diversas razones, como el que se encuentran estudiando algún posgrado, motivos familiares, cuestiones personales, entre otros, los impartidores de justicia tratan de revertir las determinaciones del CJF mediante las llamadas revisiones administrativas.

Y no sólo eso, también algunos de los jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por “notoria ineptitud” durante la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, también buscan que la Suprema Corte de Justicia revierta su castigo.

La decisión está en manos de cinco ministros de alguna de las dos salas que componen el máximo tribunal del país luego de que alguno de ellos realice el respectivo proyecto de sentencia, el cual será inapelable.

Por ejemplo, en febrero pasado el Consejo de la Judicatura Federal determinó destituir a dos magistrados federales en el estado de Campeche que tras una serie de investigaciones iniciadas el año pasado por la Comisión de Disciplina a raíz de denuncias, los consejeros de la Judicatura impusieron también a ambos magistrados de circuito sanciones económicas.

Se trata de David Alberto Barredo Villanueva y Freddy Gabriel Celis Fuentes, únicos magistrados designados para el estado de Campeche dentro del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.

Ambos juzgadores interpusieron ante la Corte un recurso de revisión administrativa, el cual sigue en curso, con el objetivo de revertir la determinación del Consejo y volver a sus puestos.

El Consejo de la Judicatura también determinó la destitución de un juez de distrito en el estado de Veracruz, por actos de corrupción, con lo que suman tres juzgadores removidos de sus cargos en menos de un mes.

Se trata de Anuar González Hemadi, de Veracruz, quien se encontraba suspendido desde marzo de 2017, luego de que otorgara un amparo a item, acusado de abusar sexualmente, junto con otros dos jóvenes, de una menor de edad en 2015.

Este juzgador también impugnó su destitución ante la Suprema Corte. Se espera que el próximo año se resuelva su caso.

También una magistrada federal de Querétaro que fue readscrita a otro estado de la República por el Consejo de la Judicatura Federal alegó ante la SCJN el interés superior de su menor hijo para evitar el cambio de sede.

Ella ya fue enviada a otro circuito, sin embargo, si la Corte concluye que se deben proteger lo derechos del infante, podría volver a Querétaro.

Desde finales de noviembre de 2017 a diciembre de 2018 un total de 16 funcionarios judiciales, 14 de ellos jueces y magistrados, fueron sancionados por el CJF por indisciplina.

Los castigos impuestos van desde apercibimientos privados y amonestaciones hasta suspensión en siete casos y la destitución de un juez de distrito.

Fuente: Vanguardia

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México

Podría WhatsApp cerrar cuentas a partir del 7 de diciembre

Esta semana se cumple el plazo que WhatsApp acordó para iniciar acciones legales contra aquellos usuarios que violen los términos de uso de esa aplicación o asistan a otros en la realización de acciones que transgreden sus condiciones de servicio.

«Tomaremos medidas legales contra las empresas de las que únicamente contemos con evidencias de abuso obtenidas fuera de la plataforma si las prácticas de abuso continúan después del 7 de diciembre de 2019 o si se vincula a esas empresas a evidencias de abuso obtenidas directamente en la plataforma antes de que se cumpla ese plazo», advirtió WhatsApp, que es propiedad de Facebook.

La plataforma ha enfatizado en castigar a individuos o corporaciones que incurran en malas prácticas como la mensajería automática o masiva o el uso no personal de la aplicación. Como ejemplo de la información que planea utilizar en sus demandas, WhatsApp mencionó declaraciones públicas realizadas por firmas que admitieron un uso de la plataforma que violó esas condiciones del servicio.

No obstante, la aplicación ya viene evitando que «millones de cuentas que cometen abusos» sigan operando mediante su servicio. Esto ha sido posible recogiendo evidencias presentes en su aplicación, a través del uso de herramientas de identificaciones y con la suspensión de usuarios en función de sistemas de aprendizaje automático.

Las medidas habían sido anunciadas por la compañía de mensajería en junio pasado en su sección sobre los usos no autorizados de WhatsApp, que forma parte de las preguntas frecuentes.

Fuente: RT

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