**La riata ya le aprieta a César Duarte, por fin lo cita juez federal *Ni a los suyos perdonan, PRI rapiñó salarios de burócratas *Acabar pluris y financiamiento a partidos, exigencia ciudadana… pero el IEE les perdona multas *Fuentes Velez (de nuevo) contra el Congreso *Se desata otra huelga, ahora en Cecytech

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La riata empieza a apretar a César Duarte. Día a día, poco a poco, han ido cayendo sus colaboradores, quienes no se caracterizan por la lealtad, y ahora por fin tiene un citatorio ante un juez federal, no por el saqueo descarado que denunció desde 2014 el abogado y activista Jaime García Chávez, sino por delitos electorales como la retención ilegal de 79 millones de pesos a empleados del gobierno de Chihuahua, el cual fue entregado a las cúpulas del PRI para sus gastos.

Los burócratas se tuvieron que mochar con el partido, independientemente de si lo apoyaban o militaban en él, una violación y un abuso clarísimo, sobre todo si recordamos que muchos trabajadores del estado reciben sueldos modestos, ganados con su experiencia y trabajo, pero el ansia de rapiña ni a ellos los perdonó.

Como anunciamos ayer en esta columna, también fueron citados para el próximo 23 de junio: Karina Velázquez Ramírez, actual diputada federal del PRI por Chihuahua; Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas y Administración del PRI de Chihuahua, de quien desde hace meses nada se sabe; Jaime Herrera corral, exsecretario de Hacienda; Adrián Dozal Dozal, exdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda; Jesús Olivas Arzate, exdirector de Egresos de la Secretaría de Hacienda; Miguel Ángel Mézquitic Aguirre; Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, ya detenido, y Miguel Ángel Mézquitic Aguirre. Los esperan a las 3:00 de la tarde.

La Fepade ya está en el caso revisando firmas, testimonios, peritajes informáticos y de firmas, para demostrar la retención abusona a los trabajadores, y se cuenta ya con la nada despreciable cantidad de 40 testimonios de burócratas que tuvieron que reportar a fuerzas su diezmo, algo que la Ley Electoral prohíbe expresa y claramente. La sanción, sólo por este delito, es de dos a nueve años de prisión. A esto hay que sumarle desvíos por 370 millones de pesos ya documentados y sustentados ante los jueces, más lo que falta por salir a la luz, que es mucho.

El gobernador Javier Corral puso el dedo en la llaga. Recordó que el ballezano se comprometió públicamente a dar la cara contra las acusaciones, y desde luego no cumple, pues está atejonado en algún lugar de Estados Unidos, pues ya no queda claro si sigue en El Paso o anda a salto de mata. Eso sí, con bastantes millones en el bolsillo. Si bien la pieza mayor no ha caído, la sangronamente llamada “Operación Justicia para Chihuahua” es sin duda la acción más contundente contra la corrupción en la historia reciente de nuestro estado y quizá de México entero.

El sistema político-electoral está podrido. Por ello el Congreso del Estado llevó a cabo ayer el primer foro abierto al público para debatir la Reforma Electoral y escuchar propuestas ciudadanas, que a grandes rasgos exigieron lo mismo de siempre: la eliminación de los plurinominales, becas pagadas por todos nosotros para los lagartones de cada partido, la desaparición del Instituto Estatal Electoral y su Tribunal, pues nunca resuelven nada, y la aplicación del principio “sin voto no hay dinero” para recortar el financiamiento público a los partidos.

Los diputados se limitaron a escuchar (o hacer como que escuchaban) sin comentar ni decir nada, mucho menos hablar de los puntos que ya tienen en comisiones. Pareciera que se trató más de taparle el ojo al macho y terapear a los ciudadanos haciéndoles creer que los toman en cuenta cuando no es así. Otras propuestas fueron aumentar la votación mínima al 6 por ciento, impedir el reparto de votos en coaliciones, incluir a indígenas y sectores vulnerables, dar marcha atrás a la intención de aprobar la reelección, y suavizar los candados para los independientes, tales como permitir la entrega de firmas digitalizadas, aumentar el plazo para recabarlas y retirar el financiamiento a todas las candidaturas.

Pero las autoridades electorales van en dirección contraria a la ciudadanía, y es que en lugar de quitarles el financiamiento lo que les retiran son las multas por violar la Ley, ya que al menos cuatro partidos políticos no pagaron ni pagarán por las mapacherías de los años 2009 y 2010, en una especie de premio por hacerse patos. Al IEE simplemente se le “olvidó” cobrarlas. En algunos casos los partidos ya ni existen. Las pendientes son del PRI y sus aliados PRD, Nueva Alianza y Convergencia.

Fuentes Velez defenderá hoy la reestructuración de la deuda pública, que algunos medios y malosos de redes sociales tratan de hacer ver como nueva deuda, cuando se trata simplemente de poner todos los huevos en la misma canasta para no ir a perder hasta los huevos con tanta deuda que heredó la administración anterior. Se trata de un crédito por 20 mil millones de pesos que se usaría para pagar las deudas ya existentes, pero en condiciones más ventajosas, con ahorro de hasta un millón de pesos diarios en intereses.

Los legisladores podrían jugarles las contras a Corral y su gabinete. Se hacen los que no entienden, los muy estrictos, pero en el fondo sólo hay grilla pura y dura. Quieren que se les explique el plan con todo detalle, ojalá así fueran de minuciosos con todo asunto que pasa por sus manos, estaría genial. A Fuentes Velez, por metiche, lo traen de encargo.

“Kórima Comparte” es el nuevo programa insignia del gobierno corralista, con un fuerte tufo al “Jalemos parejo” de Pancho Barrio, el cual pretende darle un sentido social y de imagen pública a la administración actual, con escenas tan conmovedoras como ver al gobernador pintando la escuela de su niñez. También sirve para presentaciones formales, como la llevada a cabo ante mil 700 personas en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, del Centro Cultural Paso del Norte. Veamos qué tal le queda a Víctor Quintana, expertazo en la materia.

El Cecytech va a huelga. La próxima semana más de 500 empleados dejarán sin actividades a los más de 20 planteles del estado, de acuerdo con lo informado por el líder de su sindicato, Carlos Matán, quien exige que les garanticen la seguridad social a los trabajadores. Los tiros fueron contra Pablo Cuarón, a quien también traen ya de encargo en el Sindicato del Cobach pues los problemas que un día sí y otro también desata su directora general ya alcanzaron al secretario de Educación.

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