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Ofrece AMLO mediar en pleito entre Televisa y Grupo Alemán, dueña de Interjet

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que su administración ha ofrecido a Grupo Televisa y Grupo Alemán ser intermediario debido al conflicto que hay entre ambas empresas.

«Hay un diferendo por la compra de unas estaciones de radio entre Televisa y los dueños de Interjet (Grupo Alemán). Nosotros hemos ofrecido nuestra intermediación para que lleguen a un acuerdo y que no se tenga que ir a tribunales, porque no los han pedido y estamos en la mejor disposición de ayudar a conciliar, para que estas empresas sigan dando servicio y sobre todo que se mantengan como fuentes de empleo», apuntó el mandatario federal.

El 25 de octubre, Grupo Televisa, la televisora más grande de México, afirmó que una compañía del empresario mexicano Miguel Alemán Magnani le debía dinero por sus estaciones de radio, por lo que acudiría a la vía legal.

Televisa había acordado en julio vender su participación de 50 por ciento en la operadora de radio Sistema Radiópolis a Corporativo Coral por mil 250 millones de pesos (65 millones de dólares).

Sin embargo, no hicieron un pago inicial de aproximadamente 32 millones de dólares, informó Televisa en su informe del tercer trimestre de 2019, publicado el 24 de octubre.

En tanto, el domingo pasado, Grupo Alemán acusó que Grupo Televisa pretende obtener un ‘doble pago’ en operación para concretar un negocio de radio con una de sus empresas, Corporativo Coral, con la ilegal protección de una jueza.

Al día siguiente, Televisa rechazó que haya realizado el doble cobro a la empresa de Alemán Magnani por la compra de Radiópolis, pues dijo que solo se trata del pago pactado inicialmente más el de la mora por el incumplimiento.

En un comunicado, Televisa agregó que le apenaba que la familia Alemán «esté enfrentado problemas de deudas y hasta de embargos por varias autoridades».

Sobre esto último, la aerolínea Interjet, propiedad de Alemán Magnani, descartó que sus cuentas estén embargadas y además negó que haya afectaciones en sus servicios debido al conflicto entre las empresas.

Por otro lado, López Obrador señaló que la conciliación es para que las empresas puedan seguir brindando sus servicios y se mantengan los empleos, pues cuando una compañía cierra los afectados son los trabajores.

«No queremos mortandad de negocios, queremos, al contrario, que cada vez estén más fuertes las empresas y que haya más, porque es abrir fuentes de trabajo», afirmó.

Fuente: El Financiero

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México

Exmagistrado de Nayarit ingresa a prisión por presunto fraude en Infonavit

Pedro Antonio Enríquez Soto, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit (TSJ), fue trasladado este sábado al penal de Tepic por un presunto fraude contra derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en siete estados del país.

En una audiencia llevada a cabo por el proceso penal que se le sigue, el juez del caso autorizó la solicitud de la Fiscalía General del Estado de Nayarit en el sentido de modificar la medida cautelar otorgada, por lo que le fue dictada prisión preventiva.

El pasado mes de febrero, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit acordó la suspensión provisional del exmagistrado Enríquez Soto, vinculado con diversas actuaciones en torno al caso de acreditados del Infonavit que fueron perjudicados por presuntas irregularidades procesales.

Una investigación de la Fiscalía General reveló que entre 2013 y 2018 fue cometido un fraude contra aproximadamente 60 mil derechohabientes del Infonavit, quienes fueron despojados de sus viviendas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

En el ilícito presuntamente participaron dos magistrados y cuatro jueces estatales; también se vieron involucrados funcionarios de Infonavit, abogados y funcionarios del Poder Judicial y un notario público para llevar a cabo la ejecución hipotecaria.

Fuente: Excelsior

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Jueces ‘castigados’ recurren a la SCJN para evitar sanciones

Por medio de recursos legales que pueden estar años en revisión, algunos jueces y magistrados se resisten a acatar medidas y sanciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Es el caso de 35 juzgadores que recurrieron a la Corte para frenar su traslado a otros estados, luego de que el CJF decidió reasignarlos por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción.

Mediante las llamadas revisiones administrativas, que resuelven de manera inapelable cualquiera de las dos salas de la SCJN, los jueces argumentan motivos familiares, personales e incluso académicos para revertir los cambios de adscripción.

Además, algunos jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por evidente incompetencia durante la administración del ministro Arturo Zaldívar, también buscan que la Corte revierta su castigo.

En febrero, el CJF destituyó y multó a dos magistrados federales en Campeche por “notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial, así como desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”.

Magistrados y jueces defienden zona de confort

Con diversos argumentos buscan que el Consejo de la Judicatura Federal revierta readscripciones, castigos o suspensiones. Pretextan que están estudiando algún posgrado, motivos familiares y cuestiones personales, entre otros.

A pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido readscribir a jueces y magistrados por diversos motivos, ya sea por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción, al menos 35 juzgadores han buscado frenar sus traslados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por diversas razones, como el que se encuentran estudiando algún posgrado, motivos familiares, cuestiones personales, entre otros, los impartidores de justicia tratan de revertir las determinaciones del CJF mediante las llamadas revisiones administrativas.

Y no sólo eso, también algunos de los jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por “notoria ineptitud” durante la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, también buscan que la Suprema Corte de Justicia revierta su castigo.

La decisión está en manos de cinco ministros de alguna de las dos salas que componen el máximo tribunal del país luego de que alguno de ellos realice el respectivo proyecto de sentencia, el cual será inapelable.

Por ejemplo, en febrero pasado el Consejo de la Judicatura Federal determinó destituir a dos magistrados federales en el estado de Campeche que tras una serie de investigaciones iniciadas el año pasado por la Comisión de Disciplina a raíz de denuncias, los consejeros de la Judicatura impusieron también a ambos magistrados de circuito sanciones económicas.

Se trata de David Alberto Barredo Villanueva y Freddy Gabriel Celis Fuentes, únicos magistrados designados para el estado de Campeche dentro del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.

Ambos juzgadores interpusieron ante la Corte un recurso de revisión administrativa, el cual sigue en curso, con el objetivo de revertir la determinación del Consejo y volver a sus puestos.

El Consejo de la Judicatura también determinó la destitución de un juez de distrito en el estado de Veracruz, por actos de corrupción, con lo que suman tres juzgadores removidos de sus cargos en menos de un mes.

Se trata de Anuar González Hemadi, de Veracruz, quien se encontraba suspendido desde marzo de 2017, luego de que otorgara un amparo a item, acusado de abusar sexualmente, junto con otros dos jóvenes, de una menor de edad en 2015.

Este juzgador también impugnó su destitución ante la Suprema Corte. Se espera que el próximo año se resuelva su caso.

También una magistrada federal de Querétaro que fue readscrita a otro estado de la República por el Consejo de la Judicatura Federal alegó ante la SCJN el interés superior de su menor hijo para evitar el cambio de sede.

Ella ya fue enviada a otro circuito, sin embargo, si la Corte concluye que se deben proteger lo derechos del infante, podría volver a Querétaro.

Desde finales de noviembre de 2017 a diciembre de 2018 un total de 16 funcionarios judiciales, 14 de ellos jueces y magistrados, fueron sancionados por el CJF por indisciplina.

Los castigos impuestos van desde apercibimientos privados y amonestaciones hasta suspensión en siete casos y la destitución de un juez de distrito.

Fuente: Vanguardia

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México

Podría WhatsApp cerrar cuentas a partir del 7 de diciembre

Esta semana se cumple el plazo que WhatsApp acordó para iniciar acciones legales contra aquellos usuarios que violen los términos de uso de esa aplicación o asistan a otros en la realización de acciones que transgreden sus condiciones de servicio.

«Tomaremos medidas legales contra las empresas de las que únicamente contemos con evidencias de abuso obtenidas fuera de la plataforma si las prácticas de abuso continúan después del 7 de diciembre de 2019 o si se vincula a esas empresas a evidencias de abuso obtenidas directamente en la plataforma antes de que se cumpla ese plazo», advirtió WhatsApp, que es propiedad de Facebook.

La plataforma ha enfatizado en castigar a individuos o corporaciones que incurran en malas prácticas como la mensajería automática o masiva o el uso no personal de la aplicación. Como ejemplo de la información que planea utilizar en sus demandas, WhatsApp mencionó declaraciones públicas realizadas por firmas que admitieron un uso de la plataforma que violó esas condiciones del servicio.

No obstante, la aplicación ya viene evitando que «millones de cuentas que cometen abusos» sigan operando mediante su servicio. Esto ha sido posible recogiendo evidencias presentes en su aplicación, a través del uso de herramientas de identificaciones y con la suspensión de usuarios en función de sistemas de aprendizaje automático.

Las medidas habían sido anunciadas por la compañía de mensajería en junio pasado en su sección sobre los usos no autorizados de WhatsApp, que forma parte de las preguntas frecuentes.

Fuente: RT

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