Nacida en Chihuahua, Chihuahua, y con una amplia trayectoria en el servicio público, María Eugenia Campos Galván se convirtió este miércoles en la primera gobernadora en la historia de su estado, tras el arribo al poder de 150 hombres y ninguna mujer. De cuna blanquiazul, la mandataria llegó al cargo como abanderada por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Su último puesto, antes de convertirse en candidata a la gubernatura, fue como alcaldesa de Chihuahua, donde estuvo a cargo del ayuntamiento en dos ocasiones, ganando en las elecciones de 2016 y su reelección en 2018.

Durante su gestión como alcaldesa, obtuvo varios reconocimientos por su programa de gobierno, como uno por mejores prácticas en Prevención y Seguridad Pública.

Maru Campos es maestra en Gobierno y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C y maestra en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Entre sus otros cargos se encuentran diputada local (2013-2016), diputada federal (2006-2009), delegada federal de Liconsa en el gobierno de Vicente Fox y asesora del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Chihuahua, que hasta ahora había sido gobernada por Javier Corral, es uno de los estados fronterizos con mayor índice de mujeres asesinadas y recientemente se decretó una Alerta de Violencia de Género.

En campaña, la mandataria electa prometió trabajar en favor de las mujeres: que restablecerá las estancias infantiles y también propuso a las mujeres de la frontera de Ciudad Juárez que se promoverá la reactivación económica a través de una inversión de 500 millones de pesos.

Durante la campaña, Maru Campos denunció ser víctima de violencia política de género. Ha establecido que sus prioridades son además los rubros de salud, seguridad, finanzas y desarrollo económico.

El partido Morena en el estado de Chihuahua observa con cautela el inicio del gobierno de María Eugenia Campos Galván, y anticipa que rechazará cualquier política pública que vaya en contra de los derechos humanos, atención a grupos sociales y personas vulnerables.

Integrantes del Consejo Estatal de Morena difundieron un posicionamiento público la noche del miércoles, en el que advierten de posibles políticas públicas y de gobierno que puedan limitar avances sociales y de derechos, los cuales fueron adquiridos por años de lucha de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y movimientos, por lo que Morena defenderá dichas causas.

“Rechazaremos que su administración estatal quiera limitar y frenar los avances sociales y de derechos, como los esfuerzos por abatir la violencia contra las mujeres, atención a derechos humanos, a grupos vulnerables y laborales”.

Morena recordó que en el estado de Chihuahua existen 110 mil personas en pobreza extrema y 952 mil en situación de pobreza, quienes serán afectados por las nuevas políticas, si se ignora el carácter prioritario de la atención a los pobres.

Entre los temas que serán de atención para el partido de oposición, se encuentran las finanzas de Pensiones Civiles del Estado, los cambios a la Secretaría de Desarrollo Social ahora llamada Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y la nueva organización de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer.

Morena alertó que “antes, Chihuahua ha sido vanguardia en movimientos sociales y luchas democráticas. Hoy está en posición de retroceder décadas, por impulso de leyes y políticas conservadoras”.

“Este retroceso queda al descubierto por la reunión de senadores del Partido Acción Nacional con el líder español, Santiago Abascal, del partido fascista Vox, y al observar que políticos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa y ex priistas del gobierno de César Duarte Jáquez serán funcionarios de María Eugenia Campos”.

“Morena reitera la postura de que es obligación del gobierno estatal atender y respaldar primero a los pobres, reconocer derechos a todas y todos los chihuahuenses, y poner en el centro de la política pública a quienes fueron ignorados y olvidados por décadas de gobiernos neoliberales. Las creencias particulares, ideas religiosas, filosofías empresariales y el pensamiento individualista no pueden pasar por encima de los derechos humanos y constitucionales, tampoco deben convertirse en política de gobierno”, señalan en el posicionamiento público.