El titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, David Garay, afirmó que el gobierno federal no será patrón sustituto en el pago del diferencial para alcanzar un salario de 200 pesos al día ofrecido dentro de los 13 acuerdos con los trabajadores de agrícolas del Valle de San Quintín.

Entrevistado en el espacio de Denise Maerker en Radio Fórmula, dijo que el esquema se está estudiando, es un concepto que se está tratando de desarrollar, aunque la idea es crear un fideicomiso.

«Es un punto de acuerdo», dijo.

Ante la pregunta insistente de por qué o bajo qué idea se ofrece un subsidio como solución a un conflicto laboral entre particulares, el funcionario de Segob insistió que se está buscando el mecanismo para ello.

«No se pretende, no es una pretensión decir que el gobierno va a tener que cubrir todo el diferencial que pudiera existir a 200. Podemos llegar a cierto tope».

HAY EXPLOTACIÓN EN 19 ESTADOS

La secretaria de la Comisión de Justicia y vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, aseguró que la problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país, entre los que destacan, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Aguilar Gil comentó que de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, la mayoría establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, pues 90 % no tiene un contrato formal de trabajo, y que aunque la Ley Federal del Trabajo establece jornadas de ocho horas al día, los jornaleros agrícolas laboran hasta 15.

De igual modo, más del 80 % no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. «Los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales conflictos que los jornaleros sufren, alertó.

Por ello, a través de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, la petista planteó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California.

Expresó que la vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse entre 500 a 3 mil trabajadores.

El Siglo de Torreón

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En cumplimiento a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de propiciar un ambiente de seguridad para el libre ejercicio de la Libertad de Expresión, el Gobierno del Estado seguirá apoyando al gremio de periodistas con seguros de vida.

En una reunión sostenida con los líderes de las organizaciones de periodistas y empresas aseguradoras, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Juan Ramón Flores Gutiérrez, manifestó que por instrucciones del Jefe del Ejecutivo, César Duarte Jáquez, se continuará con el apoyo a los integrantes de los medios de comunicación de la entidad.

En la reunión estuvieron presentes los presidentes de las seis organizaciones de periodistas que hay en Chihuahua y ejecutivos de las empresas aseguradoras que están adecuando las pólizas que habrán de renovarse el próximo mes de abril, “la idea es de que ningún comunicador que se encuentre en activo quede fuera de esta prestación”, dijo Flores Gutiérrez.

Asistieron al evento Ernesto Topete del Colegio de Periodistas de Chihuahua, Adrián García Sánchez del Foro y Colegio de Periodistas José Vasconcelos, Rosario Aguilar de la Asociación Belisario Domínguez, Edgar Peinado de Periodistas y Editorialistas Independientes, Antonio Gutiérrez de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, Roberto Escalante de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez y Ramón Salcedo de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Ciudad Juárez.

Los representantes de los comunicadores, vieron positivo el hecho de que el Gobierno del Estado haya convocado a una reunión pública con los líderes de las organizaciones de periodistas para trasparentar el uso de los seguros de vida.

Los directores de Comunicación Concepción Hernández, de Administrativo Oralia Pinto y de Jurídico Claudia Espino, todos de Coordinación de Comunicación Social se encargarán de darle seguimiento a este tema de parte del estado, para lograr afiliar al seguro a todos los periodistas que hay en la entidad. Como representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estuvo presente Néstor Armendáriz.

Los ejecutivos de las empresas que participarán en esta prestación que se hará a los periodistas de Chihuahua, tomaron nota de las necesidades del gremio para que se tomen de cuenta en las cláusulas de las pólizas.

Redacción: Corina Muruato

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El abandono en que se han visto los pequeños y medianos productores de leche en el país, por lo menos en los últimos doce años por parte del gobierno federal y sus instituciones, por políticas públicas equivocadas, ha provocado la eliminación de más de 500 mil productores en el país.

Asimismo, el presente gobierno se ha encontrado con un drástico desorden del mercado nacional, caracterizado por beneficiar a unos pocos con importaciones de leche y sus derivados a precios de “dumping”, en demérito de la economía de los productores, del empleo e ingreso en el medio rural mexicano.

Lo anterior forma parte de un documento entregado al Presidente Enrique Peña Nieto, por el dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz, quien destacó que en los dos gobiernos panistas anteriores se abrieron las fronteras a la importación de leche, quesos, yogures, grasas, cremas y mantequilla, sin analizar su calidad y sanidad por parte de las secretarías de Economía y Salud.

Estos productos han entrado a México a precios subsidiados por los países de origen, pero lo más grave, dijo, es que también se abrió el mercado mexicano a una gran cantidad de formulaciones lácteas a precios bajos que, además de desorientar a los consumidores, son un fraude.

Se trata de productos que no son leche natural, enriquecidos con suplementos que ponen en riesgo la salud y la vida de los consumidores. “Que se lo pregunten a los chinos que resultaron intoxicados por ingerir leche adulterada”, dijo.

Manifestó Álvaro González al Presidente Peña Nieto que, aunado a estas irregularidades, la constante denuncia de los auténticos productores de leche en los últimos 12 años se refiere a que la adulteración y el engaño con productos elaborados artificialmente, han desplazado a los elaborados con 100% de leche pura de vaca, por parte de un pequeño grupo corporativo de poderosos compradores, quienes aplican los precios bajos al productor nacional y esto nunca se refleja en el consumidor.

Añadió que en México el 90% de los establos lecheros son de pequeños productores “quienes con nuestros ingresos cubrimos los gastos cotidianos, sobre todo las constantes alzas en los insumos como forrajes balanceados y mantenimiento de los establos”.

Es relevante señalar que los productores lecheros hemos sido excluidos, principalmente por los precios que nos paga la industria que ni siquiera cubren los costos de producción.

Por otra parte, se señala en el documento entregado al Presidente de la República, la leche ha sido el producto más perjudicado en el marco del TLCAN. Actualmente sólo el 40% del precio de venta del producto final es destinado al productor, quedándose el 60% en manos de la industria. Este 60% es comercializado por las grandes cadenas comerciales de autoservicio.

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