Cemeí Verdía Zepeda, comandante general de la Policía Comunitaria de Ostula, Michoacán, fue liberado y reaprehendido de inmediato el martes, mientras personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaba su comunidad.

Por la mañana, un juez federal le concedió la libertad “por falta de pruebas”, luego de que sus abogados demostraron que las armas que portaba -motivo de su detención in fraganti, según la Procuraduría General de la República- le fueron proporcionadas por el gobierno de Michoacán.

Al salir del penal, Verdía fue nuevamente detenido y devuelto al mismo centro penitenciario, esta vez como resultado de la existencia de una orden de aprehensión, “por delitos de fuero común”.

“Nos dicen que es por secuestro y homicidio”, refirió vía telefónica uno de los comandantes de la policía comunitaria.

La misma fuente afirmó que en una reunión que sostuvieron en días pasados en la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, comisionado para los Pueblos Indígenas del gobierno federal, “nos habló de que existían unas viejas órdenes de aprehensión, pero nos aseguró que no serían ejecutadas”.

Las autoridades federales acusaron a Verdía de violar a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues al momento de su detención tenía en su posesión dos fusiles, un arma corta y cartuchos. Las armas de fuego, al igual que el vehículo blindado en el que viajaba, le habían sido proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM) de Michoacán.

Fuente: La Jornada.

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Entre los heridos está el director de Seguridad Pública Municipal, Félix Gómez Río, mientras que las otras dos personas lesionadas serían sus escoltas.

De acuerdo a reportes de la Policía Ministerial del Estado, Santana Aguirre cayó sin vida cerca de las mesas del establecimiento, abatido de al menos siete impactos de bala.

El ataque se registró cerca de las 22:00 horas del pasado viernes en el local “La Lupita”, ubicado sobre la carretera Huetamo-Churumuco, y no en una cenaduría como indicaba una primera versión sobre los hechos.

Los reportes indican que el ataque fue consumado por al menos dos hombres fuertemente armados, quienes dispararon con armas de grueso calibre para enseguida escapar ayudados por un taxista.

El director de la Policía, quien también se encontraba en el lugar, recibió un rozón de bala en la cadera y su estado de salud se reporta estable en una clínica local.

Uno de los supuestos escoltas fue llevado a una clínica local, en tanto que el otro fue trasladado a un hospital de Morelia debido a la gravedad de las heridas que tenía. Se les identificó como Eulices Jaime Gómez y Gregorio Moreno Beltrán, ambos de 43 años.

Peritos recolectaron en el lugar 119 cartuchos percutidos de fusiles AR-15 y armas .9 milímetros.

Testigos afirmaron que luego de la agresión los presuntos gatilleros escaparon auxiliados por un taxista, sin que hasta ayer hayan sido detenidos.

La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) confirmó que en el ataque participaron al menos dos gatilleros y que iban directamente sobre el jefe de las autodefensas.

“Al lugar llegaron al parecer dos personas del sexo masculino, quienes accionaron armas de fuego en contra de su víctima, quien murió en el lugar”, refiere una tarjeta informativa de la

dependencia.

Señaló que las otras personas lesionadas departían en mesas diferentes cuando se registró la agresión en contra de Santana Aguirre.

El fallecido tenía bajo su cargo al grupo de autodefensas que opera en esa localidad, colindante con el municipio de Ciudad Altamirano, Guerrero, un área clave para las actividades del crimen organizado.

Santana había mantenido hasta ahora un bajo perfil, a diferencia de otros liderazgos del movimiento armado como Hipólito Mora, José Manuel Mireles, Misael González, Estanislao Beltrán o Juana Francisca Reyes Cervantes.

El ataque de ayer se suma al que padecieron autodefensas en agosto de 2014, cuando sufrieron cuatro bajas durante una emboscada a manos de presuntos sicarios del Cártel de Los Caballeros Templarios.

El Mañana

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Dos enfrentamientos entre grupos armados en Michoacán, habrían dejado 17 muertos y una decena de heridos.

La información, que no ha sido confirmada por instancias oficiales, circula desde la madrugada de este miércoles en redes sociales.

Un primer choque entre grupos antagónicos del crimen organizado habría ocurrido alrededor de la medianoche en el Rancho Las Cruces con un saldo de 12 muertos y seis heridos.

En ese lugar, el fallecido líder fundador de los Caballeros Templarios, Nazario Moreno tenia su principal centro de operaciones.

De acuerdo con lo publicado en redes sociales, el enfrentamiento se dio entre grupos de autodefensas y de la Fuerza Rural.

Otros reportes que circulan en el ciberespacio refieren que a las 02:00 horas se habría registrado un nuevo enfrentamiento entre la sierra de Tumbiscatio y Arteaga. En este lugar habrían perdido la vida otras cinco personas y quedado heridas cuatro.

Proceso

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Ex integrantes de los grupos de las autodefensas de Luis Antonio Torres, alias “El Americano”, realizaron una serie de bloqueos en 30 puntos de la Tierra Caliente en contra del crecimiento en los índices de inseguridad en la zona.

Hasta este momento las carreteras de Cuatro Caminos-Apatzingán, Peribán- Los Reyes, Peribán-Buenavista, Tepalcatepec y también algunos accesos a los municipios de Apatzingán, Buenavista, Nueva Italia, Uruapan, Los Reyes, registran bloqueos.

Los manifestantes exigieron al gobierno de la República el retorno a las armas y las condiciones para patrullar, vigilar y reforzar la seguridad en el área.

Denunciaron que luego de que el gobierno federal desarmara a los grupos civiles grupos criminales como “Los Viagras” y “Guerreros Unidos”, han penetrado la zona ocasionando muerte, violencia y caos.

Fuente: El Economista

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El ex líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, podría salir de prisión gracias al nuevo amparo que obtuvo, dio a conocer su abogado, Javier Livas.

«Con este amparo se obtuvo una oportunidad para que el gobierno federal reconsidere y pueda salir el doctor y sus guardias», dijo el abogado en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva.

Ligas detalló que el juzgado tendrá diez días para determinar si dicta auto de formal prisión o auto de libertad contra Mireles y tres de sus seguidores.

Acusó que a Mireles se le ha negado su derecho a recibir visitas, por lo que aseguró que él es la primera persona, que no es de su familia, que lo ve desde octubre.

«Desde octubre no ha recibido visita que no sea de su familia, porque le evitan cualquier tipo de visita, no le aceptan a ninguna persona; soy la primer persona que lo ha visto desde octubre», dijo.

Reiteró que las acusaciones contra Mireles son falsas ya que las armas le fueron sembradas.

El 27 de junio de 2014, fuerzas federales detuvieron en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a José Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas en Tepalcatepec, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

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Talía Vázquez, abogada de José Manuel Mireles, anunció que comprobarán que el ex vocero de las autodefensas de Michoacán no tenía un arma colgada al pecho al momento de su detención, sino una pierna de pollo en la mano, y que además fue encapuchado y víctima de violaciones a sus derechos humanos.

«Tenemos más de 400 videos y fotografías que nos está mandando la gente que presenció la detención, donde efectivamente el doctor Mireles la única arma que traía era una pierna de pollo rostizado en la mano que se estaba comiendo, no hay manera de que sostengan que estaba con un cuerno de chivo colgando en el pecho», dijo en entrevista con Noticias MVS.

La abogada detalló que en el parte policiaco que se le leyó a Mireles se menciona que traía un «cuerno de chivo» colgando atravesado en el pecho y una pistola Colt fajada, lo cual negó.

Tras la detención de Mireles, la defensa acusó que el doctor fue torturado y encapuchado al momento de su detención, versión que ayer fue negada por el comisionado para la seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, quien dijo que incluso hubo personal de la Comisión de Derechos Humanos en la Procuraduría.

Talía Vázquez dijo que efectivamente había personal de la Comisión de Derechos Humanos en la Procuraduría, pero no durante la aprehensión ni en el traslado del doctor Mireles Valverde.

«Le vamos a demostrar al comisionado Castillo que sí fue detenido encapuchado el doctor, porque ya tenemos las pruebas, y que sí hay una constante violación a los derechos humanos. Creo que esto es una infamia», enfatizó.

«También vamos a poder probar que no había ninguna Comisión de Derechos de nada ni en la detención ni en el traslado, y que no está mintiendo Mireles, una vez más no está mintiendo Mireles, respecto a las condiciones en las que fue trasladado».

Desaparecen 64 mil pesos

Ayer, el comisionado Alfredo Castillo ofreció una conferencia para detallar la detención de Mireles. Dijo que en su camioneta fueron encontradas armas largas y cortas, cuatro bolsas con mariguana, 30 mil pesos, y documentos sobre depósitos y retiros «importantes» de dinero.

Sobre dicho tema, en la entrevista radiofónica, Talía Vázquez reiteró que el doctor no traía 30 mil sino 94 mil pesos, por lo cual dijo que ahora «desaparecieron» los 64 mil restantes.

Castillo también señaló que se investigarán las cuentas del doctor Mireles para saber el origen de los depósitos y retiros de dinero, y la abogada esta mañana le dijo: «yo el ayudo a investigar».

La defensora explicó que los 94 mil pesos que traía el doctor en la camioneta eran para el pago de dos mensualidades vencidas con un banco, que le autorizó un crédito por 700 mil pesos.

Ese dinero, narró Talía Vázquez, fue transferido a una agencia de autos en la que compró su camioneta blindada, pues para Mireles era vital contar con ella debido a los riesgos en Michoacán. «No hay gato encerrado», dijo.

«Yo le ayudo al comisionado a investigar, que cheque las transferencias y los movimientos de la cuenta del doctor Mireles el día 6 y 7 de mayo, se va a dar cuenta que como entró de una línea de crédito entró a la agencia, y quiénes le transferimos y cuánto, y cuánto quedamos a deber, todo está documentado porque se hace a través de transferencias bancarias».

Él se quedó con la deuda del crédito, «es caro paro el doctor Mireles, porque si es narco es el narco más pobre que he visto (…) debe 47 mil pesos mensuales por ese crédito».

El «virrey» de Michoacán

La defensora lamentó la actuación del comisionado Alfredo Castillo y lo acusó de ser él quien falta a la verdad.

Talía Vázquez acusó que Castillo tuvo antes que la propia defensa el pliego de consignación de Mireles, y que incluso le dio tiempo de revisarlo y preparar su conferencia de prensa de ayer. «No es ni Ministerio Público ni juez y ya tenía el pliego de consignación, nosotros lo tuvimos 6 horas después».

«La batalla está bastante dispareja, porque él no tiene por qué tener el pliego de consignación, él no es funcionario de la PGR, él no es miembro del Poder Judicial, a veces por eso se le dice el ‘virrey’ en Michoacán, a veces actúa como Poder Legislativo, a veces actúa como Poder Ejecutivo y a veces actúa como Poder Judicial, es una irregularidad grave que tenga el pliego de consignación y nosotros no, no lo teníamos en ese momento».

El Universal

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Además de insistir en que tanto la droga como las armas fueron sembradas en la camioneta de José Manuel Mireles, la abogada Talía Vázquez lamentó que las autoridades hayan optado por la detención del doctor que por Servando Gómez, alías «La Tuta».

Talía Vázquez denunció que «ante la urgencia del gobierno de decir que está arreglado Michoacán, cuando no está arreglado, logran cooptar líderes, reparten despensas reparten becas, y el doctor Mireles sigue diciendo que no existe el Estado de derecho y que hay extorsiones y cobro de piso».

La defensora de Mireles agregó que en una situación en la que, por un lado está el doctor Mireles, y por el otro «La Tuta», «pues hay que detener a Mireles».

La abogada reconoció que aunque Mireles le «aguantaron algunas cosas», lo que no pudieron tolerar el «tomar La Mira, que es un poblado chiquitito, pero es un paso obligado de ‘La Tuta’ de la Sierra a la Costa».

Una vez que el comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, diera a conocer que durante la detención de José Manuel Mireles le fuera encontrada cocaína y mariguana, la abogada aseguró que el ex vocero de las autodefensas no es narcotraficante.

La abogada del doctor Mireles, Talía Vázquez, aseguró que su representado no tiene ninguna adicción, salvo a la insulina, ya que de no aplicarse este medicamento tres veces al día, podría caer en un coma diabético.

En entrevista con el periodista Ricardo Rocha, la abogada Vázquez explicó que al doctor Mireles, de acuerdo con el parte policiaco, le encontraron tres bolsitas con mariguana y una más con cocaína; durante la conferencia de presa, detalló, «ya no sabemos si es un cargamento o una dosis».

A decir de Talía Vázquez, «el objetivo del gobierno es decirnos a la sociedad mexicana que (Servando Gómez) ‘La Tuta’ y el doctor Mireles son iguales». Sin embargo, sostiene que tanto las drogas como las armas fueron sembradas en la camioneta del ex líder de las autodefensas «para poder fincarle delitos».

La defensora explicó que, por las actitudes que Alfredo Castillo tiene, a veces actuando como Ministerio Público, otras como Poder Legislativo, en Michoacán lo conocen como «El Virrey».

Sobre los 30 mil pesos que encontraron en la camioneta de Mireles, Talía Vázquez insistió en que no había tal cantidad en el vehículo, sino que eran 94 mil pesos, pues tiene que pagar un préstamo que solicitó para adquirir una camioneta blindada.

Al preguntar a la abogada Vázquez la razón del cambio de actitud del gobierno para con José Manuel Mireles, la abogada comentó que la relación cambió a raíz del accidente aéreo que sufrió el doctor. «Yo creo que el cálculo era que se iba a morir el doctor, pero no se murió».

Aunque reconoció que hubo protección para con Mireles, ésta duró unos cuantos días.

Finalmente, Vázquez señaló que las autoridades tienen un plazo de 24 horas para explicar por qué no se le estaba suministrando la insulina a José Manuel Mireles.

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Unos 250 policías comunitarios de Tixtla, Guerrero, ciudadanos y estudiantes de Ayotzinapa, marcharon por las calles en contra de la privatización de Pemex, de la educación pública, la imposición de IVA en alimentos y medicinas.

Asimismo, por la salida del Ejército y la Marina de territorios indígenas y el cese al hostigamiento a las policías comunitarias de Olinal por parte de las fuerzas castrenses.

La marcha de protesta fue encabezada por los policías comunitarios, quienes portaban sus armas, y caminaron a lo largo de dos kilómetros rumbo al zócalo de esta población.

Los ciudadanos y normalistas enarbolaron en sus manos carteles con leyendas en contra de la privatización de Pemex, en algunas de esas cartulinas se lea: “el pueblo apoya a la policía comunitaria” y “no a la privatización de Petróleos Mexicanos”.

Gonzalo Molina, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria (CRAC-PC) y quien funge como coordinador en el Paraso, del municipio de Ayutla y de este municipio, denunció que los militares y marinos hostigan a la fuerza policiaca de defensa del pueblo, por lo que exigió su salida.

Molina acusó al gobierno federal de utilizar la cruzada contra el hambre para que los militares invadan las poblaciones indígenas con el propósito de desaparecerlas.

Criticó que las reformas del presidente Enrique Peña Nieto solo buscan beneficiar a las empresas transnacionales, “quiere consumar el robo del siglo, lo que significa traición a la Patria”

Dijo que las policías comunitarias y la población darán “una lucha sin cuartel como lo hizo Vicente Guerrero, contra los enemigos de la Patria, por eso nuestra campaña lleva el nombre de: mi patria es primero”.

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