Al menos cuatro personas heridas fue el saldo del estallido de una granada de fragmentación a un costado del edificio del Poder Judicial de la Federación, la tarde de ayer en Matamoros, Tamaulipas.

Fuentes policiales señalaron que el estallido ocurrió a las 17:00 horas.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Centro Médico Internacional.

Cuatro horas antes, personal de la Sedena había retirado otro artefacto explosivo, en esa misma ciudad, en el estacionamiento de un centro deportivo.

En el primer caso no hubo estallido.

Condenan ataque

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) condenó la agresión a sede en Matamoros.

A través de un comunicado, el Poder Judicial de la Federación condenó esta agresión y demandó a las autoridades competentes “las investigaciones que conduzcan al pronto esclarecimiento de los hechos”.

“Es importante señalar que los protocolos de seguridad internos con que cuenta el PJF permitieron resguardar al personal de dichas instalaciones y atender a las personas lesionadas, así como desalojar de manera segura a trabajadores y público en general, en el marco de la colaboración con otras instancias gubernamentales.

“El Consejo de la Judicatura Federal refrenda su compromiso de impartir el servicio de justicia federal con toda independencia y transparencia que los ciudadanos demandan” se lee en la nota de prensa que se envió la tarde de ayer.

Vanguardia

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Un juez federal absolvió y ordenó la libertad de las cuatro acusados de lanzar granadas durante la celebración del Grito de Independencia el 15 de septiembre de 2008 en el zócalo de Morelia, Michoacán, ya que se demostró que fueron torturados y se les fabricaron pruebas.

Por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que apelará la sentencia, aunque esta acción no impedirá la excarcelación de los inculpados.

Tres de las cuatro implicados fueron «entregados» por criminales a la PGR. Sus captores los señalaron como integrantes de Los Zetas.

Sin embargo, en el transcurso de la investigación se pudo conocer que el grupo responsable del atentado fue La Familia, con el objetivo de «calentar la plaza» y que las fuerzas federales lanzaran una ofensiva contra Los Zetas, ya que estos últimos tenían el control de la mayor parte de Michoacán.

Por las explosiones en la plaza de Morelia murieron ocho y 106 resultaron heridos.

Los supuestos zetas entregados fueron Julio César Mondragón Mendoza, El Tierra Caliente; Juan Carlos Galeana, El Grande, y Alfredo Rosas Elicea, El Socio, además de un presunto jefe de dicho grupo. Se demostró que los tres primeros estaban en Lázaro Cárdenas el día de los hechos.

El juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en Jalisco, con sede en Puente Grande, resolvió en la causa penal 254/2008 que la acusación se basó fundamentalmente en la confesión de los tres primeros (como autores materiales).

No obstante, quedó plenamente demostrado, incluso con periciales de la propia PGR, que fueron sometidos a actos de tortura previos a que fueran localizados y presentados ante la entonces Siedo que encabezaba Marisela Morales Ibáñez, «donde en lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura».

El juez Emilio Enrique Pedroza Montes determinó que no se respetaron los derechos fundamentales de los detenidos, dado que fueron exhibidos ante la opinión pública.

«… e incluso se allegó un video donde son sometidos a una entrevista sin presencia de defensor en la que aceptaron su participación, lo que genera la nulidad de dicha confesión así como de las restantes pruebas que emanaron de la misma, a saber, las declaraciones de testigos protegidos ofertadas por la autoridad ministerial federal, que mostró fotografías de los primeros tres implicados, lo que condujo a la existencia de un reconocimiento sin que estuviera presente su defensor», puntualizó el juzgador.

También se comprobó que la firma en la declaración de uno de ellos no correspondía a su puño y letra, lo que evidenció la prefabricación de pruebas en su contra.

Al haberse nulificado las pruebas de cargo ofrecidas por la PGR, indefectiblemente el resultado de la sentencia tuvo que ser absolutorio a fin de proteger el principio de presunción de inocencia del que gozan los ahora absueltos.

«Cabe destacar que respecto de la cuarta persona absuelta, la decisión se sustenta en que las pruebas de cargo con las que se le pretendía fincar responsabilidad resultaron ser precisamente aquellas que se nulificaron por ser violatorias de derechos humanos; además de que las declaraciones vertidas por los testigos protegidos no generaron certeza respecto a la identidad de dicha persona como uno de los líderes del cártel de Los Zetas«.

Milenio

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