Para mejorar la defensa de los derechos humanos en México y combatir delitos graves como la tortura, desaparición y corrupción, no basta sólo con la promulgación de leyes; se requiere implementarlas y terminar con la tradición de la impunidad, dijo el subsecretario de Estado de la Unión Americana para asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Tom Malinowski.

En reunión con medios de comunicación al finalizar su visita al país -realizada del 21 al 24 de abril para asistir a las reuniones del comité rector de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)- el funcionario estadounidense enfatizó que uno de los mayores retos que enfrenta el país es la impunidad y la igualdad en la aplicación de la ley.

Durante su visita en la que sostuvo reuniones con altos funcionarios, líderes de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y en Estado de Derecho, con periodistas y protectores de medios, el subsecretario de Estado de la Unión Americana dio cuenta de que en México existe una tradición de impunidad.

“Hablamos, más que de cualquier otro tema, de que todo el mundo reconoce en México una tradición de impunidad con respecto a la tortura, las desapariciones, el secuestro, la corrupción y otros problemas (…) Han habido muchos casos, incluso de muy alto perfil, de ataques y amenazas contra activistas de la sociedad civil y periodistas que no han sido adecuadamente investigados. Estos casos emblemáticos son importantes para mantener la fortaleza de cualquier democracia”.

Y es que, a decir de Malinowski, el sistema trabaja cuando las instituciones tradicionales y la sociedad civil organizada fortalecen las leyes de una manera robusta. Afirmó que si bien normar es esencial y es necesario tener un marco legal (acción que está llevando a cabo el gobierno nacional), “también sabemos por experiencia que no es suficiente sólo tener las leyes, hay que implementarlas. Y para ello se requiere capacidad técnica y necesitas una sociedad y prensa independiente”, capaz de vigilar que se implementen de manera adecuada.

Después de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, México se encuentra bajo un fuerte escrutinio de la comunidad internacional. “La gente alrededor del mundo entendió que estos eventos fueron manifestaciones de problemas más profundos y antiguos”, dijo.

A su vez, aseguró que el gobierno mexicano tiene apertura y disposición para hacer frente a “los serios retos” que tiene en materia de derechos humanos.

El funcionario estadounidense anunció, asimismo, que más allá del apoyo que el gobierno de Estados Unidos brinda a México mediante la Iniciativa Mérida, existen otros programas a disposición de las autoridades nacionales, los cuales están a la espera de que México acepte.

Fuente: El Economista

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Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).– México se ubica en el lugar 58 de 59 países miembros de la ONU, sólo superado por Filipinas, en el Índice Global de Impunidad, que realizan de manera conjunta la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado (CCSPJP).

El Índice de Impunidad Global es el primer gran esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país”, refiere el documento dado a conocer este día.

En el análisis se analizó la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadística comparable. De los 193 miembros de la ONU, 59 países fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

De estos, los cinco países peor evaluados son Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia, mientras que los mejor calificados son naciones europeas. El reporte refiere que México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

Con respecto, a la primera, el Índice evidencia la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad.

“En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial”, refiere el Índice.

Dice que el país tiene una necesidad de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. “Esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles”, afirma el documento.

El Índice estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, y refiere que México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes cifra muy menor al promedio global.

Refiere que Croacia es el país con el índice más bajo de impunidad al contar con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.

Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el Índice evidenció su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46 por ciento); al presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales.

Dice que las variables seleccionadas para medir la problemática de los Derechos Humanos tienen un impacto de 33 por ciento en el peso de la calificación de México. “Sin embargo, medir y comparar a México en términos de Derechos Humanos no reduce el índice de impunidad para este país puesto que sigue estando en los últimos lugares internacionales en el resto de las variables estudiadas”, dice el estudio en sus resultados.

Menciona que el problema de la impunidad en México es funcional y estructural no nació en esta administración pero se necesitan tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos.

Fuente: Sin Embargo

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MÉXICO, D.F.- La seguridad, el sistema de justicia y el nivel de respeto a los derechos humanos, tales como los desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y el número de personas torturadas o encarceladas —incluso por razones políticas— son indicadores claves para medir la impunidad en un País. Bajo este enfoque un grupo de investigadores mexicanos se dio a la tarea de estudiar el fenómeno en el mundo.

El rector de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, y Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla, presentarán este domingo el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, una investigación basada en datos oficiales y no en percepción.

Todo este proceso está vinculado a la disponibilidad de recursos físicos y humanos en los sistemas de seguridad y justicia, puesto que ante la falta de éstos la probabilidad de que exista mayor impunidad incrementa.

El IGI 2015 está basado en una serie de indicadores que permiten medir y comparar el grado de impunidad que permea en dichas naciones, pero además deja abierta la oportunidad para futuras actualizaciones y la elaboración de propuestas concretas de política pública.

El IGI indica que el pilar básico para la construcción de la democracia es la administración de la justicia.

El caso de México

Falta atender impunidad en el País. En el caso de México se menciona que a pesar de suscribir leyes y cláusulas contra la corrupción, no se han logrado implementar las políticas para su erradicación. Esto es, que si se combatiera el problema de la impunidad, se podría reducir la corrupción en sus diferentes niveles de Gobierno.

Señala que uno de los temas indispensables al hablar de impunidad es el respeto a los derechos humanos, “ya que es el propio Estado el que viola las normas y generalmente estas acciones quedan sin sanción”.

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