El titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, David Garay, afirmó que el gobierno federal no será patrón sustituto en el pago del diferencial para alcanzar un salario de 200 pesos al día ofrecido dentro de los 13 acuerdos con los trabajadores de agrícolas del Valle de San Quintín.

Entrevistado en el espacio de Denise Maerker en Radio Fórmula, dijo que el esquema se está estudiando, es un concepto que se está tratando de desarrollar, aunque la idea es crear un fideicomiso.

«Es un punto de acuerdo», dijo.

Ante la pregunta insistente de por qué o bajo qué idea se ofrece un subsidio como solución a un conflicto laboral entre particulares, el funcionario de Segob insistió que se está buscando el mecanismo para ello.

«No se pretende, no es una pretensión decir que el gobierno va a tener que cubrir todo el diferencial que pudiera existir a 200. Podemos llegar a cierto tope».

HAY EXPLOTACIÓN EN 19 ESTADOS

La secretaria de la Comisión de Justicia y vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, aseguró que la problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país, entre los que destacan, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Aguilar Gil comentó que de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, la mayoría establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, pues 90 % no tiene un contrato formal de trabajo, y que aunque la Ley Federal del Trabajo establece jornadas de ocho horas al día, los jornaleros agrícolas laboran hasta 15.

De igual modo, más del 80 % no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. «Los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales conflictos que los jornaleros sufren, alertó.

Por ello, a través de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, la petista planteó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California.

Expresó que la vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse entre 500 a 3 mil trabajadores.

El Siglo de Torreón

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Jornaleros del Valle de San Quintín y autoridades federales y de Baja California llegaron a 13 acuerdos para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas y poner fin al paro que iniciaron en marzo, aunque dejaron para el próximo mes la discusión del aumento salarial.

Entre los acuerdos alcanzados están la afiliación de los trabajadores agrícolas al IMSS, que no se les retendrá su salario bajo ninguna circunstancia, la creación de un fideicomiso para el desarrollo del Valle de San Quintín y el registro sindical de la alianza de los jornaleros.

Tras una reunión entre trabajadores, autoridades federales y estatales, que inició ayer y terminó esta mañana, Rafael Avante, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dio a conocer los 13 acuerdos logrados con los jornaleros:

1. Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todos los trabajadores al IMSS. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores.

2. No se retendrán los salarios ni se condicionará el pago a los trabajadores por ningún motivo o circunstancia. Los pagos se harán puntualmente en los lugares del trabajo.

3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.

4. Se garantizará el respeto a sus derechos laborales, contenidos en la Ley Federal del Trabajo, y a los derechos humanos particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familias. Para esto se harán inspecciones a los centros de trabajo.

5. Las empresas deberán cumplir con los requisitos para certificar que están libres de trabajo infantil.

6. Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas para el desarrollo de la zona, formalizado en un plazo no mayor a 60 días.

7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios por su desplazamiento a los campos agrícolas.

8. Se otorgará el registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la Justicia Social.

9. Se garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores de la zona.

10. El gobernador de Baja California se reunirá con voceros de la alianza antes de que concluya el mes para tratar los problemas de San Quintín.

11. Sobre los jornaleros detenidos, las autoridades federales y locales procurarán mecanismos para que en su caso obtengan su libertad.

12. Las partes que suscriben estos acuerdos se comprometen a conducir sus acciones en un ambiente de respeto a ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia.

13. El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión, a realizarse el próximo 4 de junio en San Quintín. Los gobiernos estatal federal, así como los senadores, harán las gestiones necesarias para procurar que la propuesta sea lo más cercana a la de la alianza, que es de 200 pesos, y que sea retroactivo al mes de mayo. El gobierno federal podrá otorgar la diferencia entre ambas propuestas salariales.

Jornaleros del Valle de San Quintín se reunieron ayer en Ensenada con el representante de la Secretaría de Gobernación, David Garay; el gobernador de Baja California, Francisco Vega, y otras autoridades federales y estatales, para buscar acuerdos que pongan fin al paro que iniciaron los trabajadores agrícolas el 27 de marzo pasado, en demanda de un mejor salario y prestaciones.

Fuente: Milenio

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“La situación aquí aún está caliente y si vienen otra vez a provocar, el pueblo se va a levantar”, sostuvo Bonifacio Martínez Cruz, uno de los cinco voceros de los jornaleros, quien subrayó que hoy miércoles es el día clave para atender el conflicto y liberar a los detenidos, a tres días del enfrentamiento con policías estatales en la colonia Lomas de San Ramón de esta localidad, conocida como Triquis.

Los jornaleros de San Quintín esperan que durante la reunión que tendrán hoy, presidida por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, se defina una solución a sus demandas de mejores salarios, fijar como salario mínimo 200 pesos y condiciones laborales, y se evite con ello la agudización del conflicto, que podría derivar en medidas más radicales por parte de los trabajadores, según voceros.

Bonifacio Martínez comentó que será crucial el encuentro, al que dijo esperan que asista el gobernador Francisco Vega de la Madrid, para definir paralelamente la liberación inmediata de las personas que aún se encuentran detenidas desde el sábado pasado durante el enfrentamiento.

DETENIDOS

En esa comunidad fueron detenidos ocho adultos y tres menores, cuatro de los cuales no han sido liberados.

Fidel Sánchez, otro de los voceros, expuso que pretenden la liberación de sus cuatro compañeros a quienes les piden fianzas que suman 7 millones 500 mil pesos.

Esperan que además intervengan como interlocutores los senadores Angélica de la Peña, presidenta de la CDH, y Fidel Demédicis, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.

El ambiente es tenso

Habitantes del lugar realizan sus actividades con normalidad, en un escenario donde se observa la sede de la policía local destruida, al igual que vehículos que fueron incendiados en ese sitio y restos de llantas quemadas por algunas de las arterias de la colonia.

Al igual estaba una patrulla en la calle de Topolobambo, donde llegan niños, niñas, mujeres y hombres a ver y a fotografiar el vehículo blindado [Tiburón] de la Policía Estatal que fue abatido con piedras por las decenas de jornaleros que enfrentaron a policías la mañana del pasado sábado.

En un domicilio de esa misma calle, donde llegó personal de la CEDH, se observó una ventana rota de la cocina y dentro de ésta se encuentra en el piso un cartucho de bala de goma y los restos de una bomba de gas lacrimógeno, que según uno de los habitantes de ese lugar, fue lanzada por policías quienes irrumpieron en el lugar golpeando a sus familiares.

Personas reunidas pasadas las 18:00 horas en esquinas comentan los hechos del fin de semana en el que resultaron al menos 80 heridos de su bando.

Los vecinos sostienen que están molestos, pues argumentan que fueron los policías quienes llegaron a agredirlos. Esto lo sostuvo también Bonifacio Martínez, quien insistió que los policías estatales fueron los que comenzaron a agredir a la gente.

Provocan a trabajadores

 “Lo sucedido el sábado fue que los estatales llegaron desde las cinco de la mañana a provocar a los trabajadores y obligándolos para que fueran a trabajar, y lo único que dijeron los jornaleros fue que estaban en el paro laboral y que no podían ir a trabajar así es que por eso no los podían obligar”.

Luego de que los estatales subieron hasta las casas, se metieron a los domicilios y comenzaron a golpear a los jornaleros. Tiraron y quebraron puertas y al ver los vecinos de cerca lo que estaba pasando, dijeron que es “lógico porque la gente se debe defender”. El Universal

EL DATO

– En varios estados como Oaxaca y Guerrero habrá manifestaciones en solidaridad con sus similares de Baja

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En entrevista, narró que los jornaleros decidieron regresar a trabajar hoy a pesar de que el Subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, los dejó plantados en una mesa de negociación, bajo el compromiso de acudir el próximo miércoles con una respuesta ante sus exigencias.

Según su relato, a las 5:00 horas de hoy un grupo de jornaleros del ejido Díaz Ordaz se alistaba para ir a trabajar a los campos, cuando fueron atacados por los policías en enfrentamientos que se extendieron hasta las 8:00 horas.

«En el ejido Díaz Ordaz habría cinco compañeros lesionados con armas de fuego, uno de ellos con lesiones de gravedad es trasladado en un carro particular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) hacia el Hospital General para recibir atención médica.

«Otros cuatro están aquí en el Hospital 69, todos heridos por armas de fuego», afirmó.

Aseguró que personal de CDI les entregó casquillos calibre .12 milímetros, los cuales se habrían encontrado en el lugar del enfrentamiento.

Sánchez defendió que los jornaleros llevan varios años viviendo en la delegación Vicente Guerrero sin que al momento hayan hecho quemas de estaciones de policía o delegaciones municipales, como lo acusó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Agregó que la Secretaría de Gobierno de Baja California deslindó a la Policía Estatal de los hechos, no obstante, acusó que los jornaleros reconocieron las patrullas de la corporación.

«Los compañeros responden cuando son agredidos, pero mientras no haya agresión nadie va a agredir a nadie. Somos jornaleros con poca preparación académica, pero con cabeza para pensar que una agresión contra las autoridades no se debe cometer», apuntó.

Indicó que los líderes de los grupos de jornaleros se encuentran resguardados en distintos lugares, por lo cual aún no cuentan con cifras definitivas sobre heridos o detenidos.

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