Caleb Ordóñez T.

Exhibido, descubierto y decadente. Su rostro muestra el cansancio y la derrota; el hastío de ser un perseguido, en las manos del poder.

César Duarte fue capturado en un taller de autopartes usadas, un negocio que conoce bien, pues desde sus inicios como comerciante “chueco” se dedicó a la transa vendiendo autopartes y automóviles en lotes irregulares.

Es difícil imaginar cómo fue que de aquel “trono” que fue construyendo desde el gobierno de Chihuahua; su caída fue tan deprimente: como un fugitivo que se hacía pasar por empleado del humilde taller “Chávez auto parts” en Miami, Florida.

César Duarte y EPN.

Ese hombre antes humillaba a sus subalternos, amenazaba a sus adversarios, encarceló a sus críticos y ostentaba el poder de manera corrupta como pocos personajes se han conocido en la historia de aquel estado norteño.

Grandeza monstruosa

“Cuando sea gobernador subiré con mi caballo las escaleras del palacio de gobierno, como le hubiera gustado a mi general (Francisco) Villa”, lo escuché decir alguna vez.

No fue así, pero el día que asumió el poder, aquel 4 de octubre de 2010, el evento fue faraónico. Ahí estaban los gobernantes de distintos estados, de todos los partidos políticos, entre ellos el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Ahí también, líderes sindicales, como la maestra Elba Esther Gordillo.

Cuando Duarte tomó la palabra para protestar como gobernador aseguró que quería ser recordado como “el gobernador que puso orden en Chihuahua”. ¡El poder es para poder y no para no poder!, gritó el recién ungido, ocasionando que los miles de testigos en el centro histórico de la capital del Estado aplaudieran. Era una escena que asemejaba al coliseo romano. Apenas el “imperio” comenzaba.

Es importante recordar esa fecha, pues desde ese día, Duarte Jáquez ordenó a su secretario de Hacienda (su socio y delator) Jaime Herrera Corral que dispusiera en forma inmediata de un fondo especial de 100 millones de pesos para, supuestamente, apoyar las familias afectadas por el crimen organizado. Desde entonces las arcas del gobierno fueron mermando a través de múltiples endeudamientos.

Los antojos de Duarte eran pagados, todos y cada uno, con dinero público. Desde las varias botellas “Petrus” que firmaba, con un costo mayor a $97,000 pesos en un restaurante local, como denunció el portal Segundo a Segundo http://segundoasegundo.com/duarte/ , se fue desenmascarando un sexenio lleno de polémicas y corruptelas exageradas.

El entonces gobernador compraba el “mercedes Benz” de $858 mil pesos con dinero del gobierno.

Gracias a los esfuerzos periodísticos de Sergio Valles, las denuncias públicas y jurídicas por parte de Jaime García Chávez y la exigencia desde la tribuna legislativa en el Senado de Javier Corralse fue descubriendo cada uno de los terribles delitos desde el poder: decenas de ranchos comprados que representan miles de kilómetros cuadrados.

El nepotismo imperante, al colocar a varios (muchos) familiares en lugares estratégicos, a tal grado de imponer a su hermano mayor Ricardo Duarte Jáquez como rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La caída del César fue forjándose a partir del 14 de septiembre del 2014 cuando el abogado García Chávez lo denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. Todo ello a causa de un contrato de fideicomiso constituido por el gobernador y su esposa, Bertha Gómez, dicho contrato fue fondeado con recursos ilícitos, y que serviría, a su vez, como contrato de compra de acciones de lo que sería el Banco Progreso Chihuahua.

La embriagante avaricia de Duarte no cesaba. Ha sido denunciado de haber “comprado” diputados de todos los partidos políticos, para aprobar la bursatilización de bonos carreteros que condenaría a Chihuahua a tener una deuda de 55 mil millones de pesos al finalizar el sexenio duartista. Lo logró.

La justicia llega

Sin embargo, a pesar de todas las acusaciones y que el alfil de su partido, Enrique Serrano, perdiera la elección frente a Javier Corral, parecía que todo le salía bien al parralense, o eso intentaba aparentar, mientras pagaba para que se corrieran rumores que sería presidente del PRI o precandidato a la presidencia de la República. Mentira tras mentira.

Frente a la periodista Azucena Uresti, un soberbio y envalentado Duarte aseguraba: “Por ningún motivo me verán en la cárcel”.

Pasaron años para que César Duarte fuera finalmente aprehendido, en aquella histórica visita del presidente López Obrador al xenófobo y racista Donald Trump.

Duarte capturado.

Ese fatídico, 8 de julio para el exgobernador, su mayor enemigo y persecutor, Javier Corral señaló: “Mientras la memoria no se rinda y la voluntad política no se quiebre, la justicia llega”.

Nota: Esta opinión fue publicada en Expansión Política.

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Saif al Islam, el hijo más conocido de Muamar Gadafi y ocho colaboradores del difunto dictador libio fueron condenados a muerte este martes por un tribunal de Trípoli, por la sangrienta represión de la revuelta que puso fin al régimen en 2011.

El tribunal condenó a muerte entre otros al último primer ministro de Gadafi, Bagdadi al Mahmudi, y a su ex jefe de los servicios de inteligencia, Abdala Senusi. Los dos ex dirigentes estaban presentes en la sala.

En total, 37 personas estaban acusadas de delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación durante la revuelta de 2011. También estaban procesados por secuestro, saboteo, malversación de fondos públicos y contratación de mercenarios africanos.

El juicio, iniciado en abril de 2014, fue criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.

También se vio marcado en el caso de Saif al Islam por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso. En la sala, en el centro de Trípoli y bajo fuertes medidas de seguridad, estaban presentes 29 acusados.

Nueve fueron condenadas a muerte ante el pelotón de ejecución, y ocho a cadena perpetua. Cuatro fueron absueltos, y en el caso de un acusado se abandonaron los cargos y se le enviará a un hospital psiquiátrico. El resto de los 37 acusados fueron condenados a penas de entre uno y 12 años de cárcel. Según el fiscal general, las penas de prisión son aplicables de inmediato, y sólo los condenados a muerte pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema.

Disputas en torno a Saif al Islam

La milicia que mantiene preso a Saif al Islam en Zintan es leal al gobierno reconocido internacionalmente, que el pasado agosto tuvo que refugiarse en Tobruk (este) cuando la coalición de milicias Fajr Libia tomó el poder en Trípoli, creando su propio gobierno y parlamento.

El Consejo de Seguridad de la ONU confió el conflicto libio a la CPI en febrero de 2011, al desencadenarse la represión del régimen gadafista contra un levantamiento popular alentado por la Primavera Árabe, que acababa de tumbar a los presidentes de Túnez y Egipto.

Los fiscales de la Corte consideran que Saif al Islam formaba parte del «círculo más estrecho» de su padre, y que «concibió y dirigió un plan para disuadir y poner fin por todos los medios a las manifestaciones civiles contra el régimen de Gadafi».

La Corte con sede en La Haya acusa a Saif al Islam, a menudo presentado como posible sucesor de su padre, de crímenes de guerra y contra la humanidad. Desde su captura en noviembre de 2011, un mes después de la muerte de Muamar Gadafi, la CPI ha solicitado su extradición, de momento en vano.

La CPI, competente para juzgar genocidios y crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir de 2002, también reclama a Senusi, que primero se refugió en Mauritania y luego fue extraditado a Libia. A diferencia de Saif al Islam, la CPI dio luz verde a Libia para que juzgara a Abdala Senusi.

Fuente : El Tiempo.

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