Al presentar el informe 2015 sobre libertad de prensa de Freedom House, Aristegui acusó el «aniquilamiento» de su equipo periodístico por presiones gubernamentales, cuyo objetivo es censurar a quienes denuncian la corrupción de los políticos.

La periodista Carmen Aristegui confió que la pelea ante tribunales para reanudar la transmisión de su noticiero ayude a defender la libertad de prensa en el País.

Al presentar el informe 2015 sobre libertad de prensa de Freedom House, Aristegui acusó el «aniquilamiento» de su equipo periodístico por presiones gubernamentales, cuyo objetivo es censurar a quienes denuncian la corrupción de los políticos.

«Tratamos de revertirlo, no sólo porque es nuestro espacio, sino para evitar que se convierta en un precedente fácil, en un actuación fácil sin consecuencias para quien la promovió. Es el estreno de nuevos parámetros jurídicos que nos permiten aspirar a una batalla judicial», expuso.

«Entraremos en una fase de discusión pública para repensar la relación empresa, periodistas, políticos, sociedad. Hoy la relación es disfuncional para ejercer nuestras libertades», criticó.

De acuerdo con el informe de Freedom House, México es uno de los cuatro países de América sin libertad de prensa, con el puntaje más bajo en una década, y uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.

Mariclaire Acosta, directora de la organización, puntualizó que el retroceso de México responde al incremento de la violencia, así como a la intervención del poder político, la baja de la publicidad y la Ley de Telecomunicaciones.

Alertó sobre la censura de medios y periodistas como consecuencia de asesinatos, ataques a instalaciones de medios, agresiones, amenazas y autocensura por miedo, por el control de la publicidad o por el despido de periodistas.

El periodista Javier Garza advirtió sobre la documentación de 92 agresiones, incluyendo 7 homicidios de periodistas, de los cuales 5 habían sido secuestrados y desaparecidos sin que la autoridad pudiera prevenir su asesinato.

Asimismo, alertó sobre zonas en México de especial violencia, como en Veracruz, donde el asesinato de periodistas obliga a la autocensura de los medios.

José Buendía, miembro del Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas, lamentó que éste lleva dos años sin resultados, como consecuencia de una falta de voluntad política expresada por la ex subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón.

«Tenemos un grado de impunidad con más de 500 averiguaciones previas ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra periodistas, con solo 60 expedientes turnados. Solo 10 por ciento de averiguaciones han llegado a tribunales, lo cual se convierte en mejor incentivo para quienes presionan a los medios», añadió.

Fuente: El Golfo

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las medidas económicas emprendidas por el Gobierno venezolano contra periodistas y empresas periodísticas del país, como parte de una posible campaña de hostigamiento contra la prensa independiente.

La SIP solicitó al Gobierno venezolano “mayor transparencia” sobre actuaciones contra periodistas, como la realizada por la titular de la Fiscalía General de Venezuela, Luisa Ortega, quien pidió a la justicia penal prohibir la enajenación de bienes y ordenar la congelación de cuentas del editor-presidente del diario caraqueño El Nacional, Miguel Henrique Otero.

A solicitud del MP (Ministerio Público) se dictó prohibición de enajenar, grabar (bienes) y congelación de cuentas de Miguel Henrique Otero y privativa de libertad a (el exalcalde de Caracas Alfredo) Peña”, escribió Ortega en la red social Twitter, donde luego aclaró que se trata de peticiones aún sin respuesta judicial.

Otero denunció que se enteró por la red social Twitter de la demanda y que desconoce el expediente, recogió la SIP en un comunicado divulgado.

El editor-presidente de El Nacional considera que la acción de la Fiscalía se inserta dentro de una campaña del Gobierno venezolano para “silenciar, amedrentar y desprestigiar” mediante una estrategia con la que “compran medios, amenazan medios, cierran medios, le abren procedimientos a los periodistas, a los editores”, añadió la SIP.

Por otra parte, el pasado 24 de julio el Ministerio Público ordenó el cierre de las cuentas bancarias de Leocenis García, residente del Grupo 6to Poder, integrado por el semanario 6to Poder, 6to Poder Radio, diario El Comercio, 6topoderweb, 6to PoderDatos y la revista U-Sex. La medida, resultado de una acusación por lavado de dinero, evasión fiscal y financiación del terrorismo, incluyó la congelación e ocho cuentas bancarias del grupo y tres cuentas personales.

García calificó la medida de “inconstitucional” y agregó que se trata de “una práctica de persecución policial y acoso judicial propia de regímenes totalitarios”. El grupo 6to Poder es reconocido por su línea editorial crítica con el Gobierno venezolano.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa Información de la SIP, alerto sobre “este tipo de acciones que se insertan en una campaña gubernamental de no cerrar medios en forma directa por el costo político que ello engendra, sino que los ahoga económicamente, obteniendo el mismo resultado”.

“La presión económica -que 6to Poder no pueda pagar a sus empleados ni a sus proveedores- demuestra la intención agravante de un Gobierno que apela a la censura más burda para acabar con la prensa independiente”, destacó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda.

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