El pleno del Senado aprobó la reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales sobre la desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En la sesión ordinaria de este miércoles y por unanimidad, se aprobó con 104 votos la reforma a la fracción XXI, inciso a) del Artículo 73 de la Constitución, que plantea que dichas leyes deben establecer, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en esas materias, así como regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Además, una vez aprobada por la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos estatales, el Congreso de la Unión tiene que expedir la legislación dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto.

A propuesta de las comisiones dictaminadoras, la asamblea acordó incluir una modificación al Artículo Tercero transitorio del dictamen.

Con ese cambio, se precisa que continuará vigente la legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todas las entidades federativas hasta que entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Unión.

Al presentar el dictamen, el senador priista Enrique Burgos García dijo que la enmienda constitucional representa un avance de gran relevancia para el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano con nuestra sociedad y la comunidad internacional.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que se trata de «un paso necesario e importante para que pueda expedirse la legislación general subsecuente, a fin de fortalecer normativa e institucionalmente la protección de los derechos humanos».

«Nuestro interés es siempre que la conducta ilícita penal no ocurra, y si sucede, se investigue y se juzgue conforme a derecho para que no quede impune», destacó.

Por la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth coincidió en que la reforma es una respuesta a las demandas de organismos internacionales para que México legisle sobre esa materia, pero también el reclamo social derivado de la «herida que se abrió con el caso Ayotzinapa».

Lo que se pretende, agregó, es corregir la dispersión normativa en los tipos penales, los problemas de coordinación entre las autoridades federales y estatales en la investigación y persecución del delito de desaparición forzada de personas, de tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Sólo seis de cada 291 averiguaciones previas termina en sentencia en materia de desaparición forzada de personas, y en 2013 aumentaron en 600 por ciento las denuncias sobre tortura respecto a 2003, «lo que indica que esta práctica sigue una realidad cotidiana en los procesos de investigación y en cualquier interacción que tienen los ciudadanos con respecto al poder público», expresó.

La senadora Angélica de la Peña destacó que esa reforma constitucional se basó en las propuestas presentadas por senadores y organizaciones de la sociedad, además tomó en cuenta las recomendaciones hechas por el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos dijo que en el tema de la tortura, discutir si ésta es generalizada o no, parece un «debate bizantino» frente a una realidad que necesita desmontar, desde la ley, una cultura de siglos de lapidación, de palos, cercenamiento de partes, crucifixiones y otros suplicios como «el tehuacanazo, el pocito, los toques, la asfixia, las violaciones» y otros sufrimientos.

Además de desmontar esas prácticas, es indispensable castigarlas y dar rostro e identidad a las víctimas que hoy sufren, mediante la tipificación de esos delitos con conceptos penales avanzados y progresistas, enfatizó.

Fuente: El Informador

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El pleno del Senado aprobó ayer con 88 votos en favor, 27 en contra y una abstención la reforma política del Distrito Federal, que lo convierte en la ciudad capital del país, denominada Ciudad de México y le permite una autonomía de gestión inédita, un Congreso local y 16 alcaldes.

A más tardar, el 31 de enero de 2017, una Asamblea Constituyente deberá aprobar la primera Constitución Política de la Ciudad de México.

La reforma precisa que la elección para la conformación de la Asamblea Constituyente se realizará el primer domingo de junio de 2016, para instalarse el 15 de septiembre.

La mayoría se impuso a quienes criticaron la reforma; desechó las propuestas de cambio y la envió a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

Dan autonomía a la Ciudad de México

El Senado aprobó ayer la Reforma Política del Distrito Federal, que lo convierte en la ciudad capital del país, denominada Ciudad de México y le permite una autonomía inédita, con un trato diferenciado con otros estados del país, pues la Federación mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud.

Además, elimina la figura jurídica de las delegaciones políticas y crea las “demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”, que serán encabezadas por un alcalde.

La reforma, sin embargo, nació en medio de un inédito proceso de aprobación, pues por primera ocasión senadores de las cinco fuerzas políticas representadas en el Senado hablaron en contra de ella por considerarla insuficiente, una simulación, un Frankestein, incluso un “bodrio”, pero todos confesaron en tribuna que iban a aprobarla, porque así fue el acuerdo político asumido por los coordinadores parlamentarios.

Las críticas se centraron en la existencia de la Asamblea Constituyente, dedicada a redactar la Constitución de la Ciudad de México y que tendrá 100 integrantes, 60 de ellos elegidos por el principio de representación proporcional, figura que fue descrita por el priista Omar Fayad y el petista Manuel Bartlett como la existencia de legisladores plurinominales y no de mayoría.

Además, habrá 14 senadores, 14 diputados federales, seis designados por el Presidente y seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo cual fue calificado como un exceso, porque los senadores y los diputados federales no fueron electos por los ciudadanos para ser legisladores constituyentes.

El panista Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, criticó la reforma, por el estado de excepción que da a la capital del país, al otorgarle un régimen fiscal de privilegio y no someterla a los controles federales de rendición de cuentas y transparencia que sí tienen los estados; “es una reforma que nació muerta”, pero que los acuerdos de la cúpula le permiten su aprobación.

Pablo Escudero, del Partido Verde, expuso que se trata de una reforma que no beneficia a los ciudadanos de la capital del país y que no otorga un verdadero carácter de municipios a las delegaciones políticas, que se mantienen como la cueva de “Ali Babá y los 40 ladrones” y que no lo obliga ni a la transparencia ni a la rendición de cuentas, pero aclaró que a pesar de que está en contra de ella, su voto es a favor, porque el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, se comprometió con ella y es necesario “honrar la palabra”.

Las panistas Mariana Gómez del Campo y Gabriela Cuevas hablaron en contra de la reforma, pero aclararon que su voto era en positivo para cumplir con los acuerdos; lo mismo ocurrió con el priista Omar Fayad, quien incluso hizo tres paquetes de reservas, pero que su partido no presentó y él dijo que las retiraba para no estropear los acuerdos políticos.

Pero después de escucharse la mayoría de las voces en contra, comenzaron a subir a tribuna las voces priistas y panistas para hablar en su favor, a resaltar que es una deuda histórica con los capitalinos y que se trata de una reforma trascendente

Ayer mismo, después de aprobarla en lo general con 88 votos por el sí y 27 en contra, el voto mayoritario decidió desechar las propuestas de modificación, con lo cual salió a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación, aunque este jueves concluye el periodo ordinario de sesiones.

La reforma precisa que la elección para la conformación de la Asamblea Constituyente se realizará el primer domingo de junio de 2016, para instalarse el 15 de septiembre y con el plazo máximo de aprobar la Constitución Política el 31 de enero del 2017, con al menos las dos terceras partes de sus integrantes; sólo el Jefe de Gobierno tendrá el derecho de proponer la Constitución y los legisladores harán los cambios que consideren pertinentes.

El presidente Enrique Peña Nieto y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, expresaron su satisfacción “por la decisión y determinación del Senado”.  “La capital del país tendrá una democracia más vigorosa y representativa”, dijo Peña Nieto.

Reacciones

• “Como jefe de gobierno, expreso mi satisfacción por la decisión y determinación del Senado de la República, que hace realidad un anhelo de más de 15 años, cuando sucedió la primera gran transformación política de nuestra capital”, sostuvo Mancera.

Senado impone récord

El pleno del Senado rompió su récord en el maratón legislativo clásico de fin de periodo ordinario, pues enlistó 100 dictámenes en primera y segunda lecturas, de los cuales procesó 54, incluida la reforma constitucional en materia de régimen jurídico del Distrito Federal.

Ayer, la Mesa Directiva del Senado acordó por la mañana que sólo iba a procesar durante el día la Reforma Política de la capital del país; sin embargo, decidió concluir el proceso legislativo de poco más de la mitad de los dictámenes que enlistó ayer, de los cuales 71 eran de segunda lectura y discusión y 29 de primera lectura.

Como un carrusel que le permitió avanzar de manera acelerada por paquetes de dictámenes, el pleno del Senado votó 12 dictámenes en sentido negativo de propuestas con punto de acuerdo, amén de seis minutas enviadas por la Cámara de Diputados, que votó en contra también.

Además, avaló 35 dictámenes de diferentes temas, la mayoría de propuestas con punto de acuerdo, pero también avaló el protocolo que modifica el acuerdo entre México e Indonesia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de ISR.

También avaló una reforma a la Ley de Planeación sobre planeación de recursos ambientales y sustentables, que de acuerdo con Silvia Garza del PAN, introduce como un derecho la planeación en materia de medio ambiente e incorpora la obligación de atender el principio de respeto irrestricto de los derechos humanos y de sus garantías.

De igual forma, modificaciones a la Ley General de Cambio Climático sobre migraciones por cambio climático, porque también de acuerdo con Silvia Garza, México es vulnerable a este fenómeno, debido a las emisiones de gases efecto invernadero, y que provoca un aumento de temperatura y, con eso, una serie de reacciones, un cambio de temperatura en los océanos, pero también en las corrientes marinas y esto intensifica la temperatura en tierra, precisamente por las corrientes de viento que chocan.

El Senado tiene planeado sacar hoy un tanto más de dictámenes pendientes, principalmente de propuestas con punto de acuerdo, pero también avalar la reforma constitucional que permitirá al Congreso aprobar las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; amén de otra reforma para dar un sustento constitucional a la Ley General de Atención a Víctimas.

Fuente: El Excélsior

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La Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado Jorge Mendoza Garza (PRI), aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para establecer la posibilidad de otorgar permisos de portación de armas a funcionarios extranjeros de migración y de aduanas, que participen en la revisión migratoria en territorio mexicano.

El legislador indicó que se busca determinar el marco jurídico necesario para fortalecer, bajo el principio de reciprocidad internacional, los procesos de colaboración migratoria y aduanera de México con el mundo, y establecer una regulación acorde a obligaciones internacionales para la seguridad de las personas internacionalmente protegidas.

La reforma estipula que las armas podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, el Distrito Federal, Estados o municipios, así como a servidores públicos extranjeros.

Se señala que la Sedena podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, en los casos y con los requisitos previstos en esta ley.

En el artículo 28 se establece que con base en el principio de reciprocidad, la Sedena podrá emitir permisos de portación temporal a funcionarios públicos de migración o aduanas debidamente acreditados ante el Gobierno federal, que participen en la revisión migratoria en puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en aduanas nacionales, respectivamente, conforme a la legislación y a los acuerdos interinstitucionales que deberán celebrarse para tal efecto.

Los permisos tendrán vigencia de seis meses y podrán renovarse semestralmente, siendo las Secretarías de Gobernación o la de Hacienda y Crédito Público responsables de tramitarlos ante Sedena así como de darle aviso sobre el cambio de local, instalación o finalización de la comisión. Se señalan en este precepto los requisitos para tramitar dichos permisos, como los datos de las armas y calibre que pretenda portar el servidor público extranjero, incluyendo la huella balística.

Puntualiza que esos servidores públicos sólo podrán portar las armas que utilizan en su país de origen, siempre que se trata de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40” o equivalente. La Defensa, además, determinará en los permisos extraordinarios el arma autorizada, el local o la instalación en que será válida la potación y los demás límites y restricciones aplicables.

En el caso de los servidores públicos mexicanos que, con base en el principio de reciprocidad y los acuerdos interinstitucionales, participen en actividades migratorias o aduaneras en instalaciones de países extranjeros, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda deberán dar aviso a la Sedena sobre la salida y retorno de las armas que porten dichos servidores públicos.

En el artículo 28 Bis se señala que la Sedena podrá otorgar, con base en el principio de reciprocidad, permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos que acompañen como agentes de seguridad en visitas oficiales a jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros o equivalentes, siempre que se trate de revólveres con las características descritas anteriormente, y en casos excepcionales, cuando a juicio de la Sedena se justifique la necesidad, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas.

En este caso será la Secretaría de Relaciones Exteriores la responsable de tramitar los permisos, cuya vigencia será durante el tiempo de la comisión de la visita oficial

Con esta reforma se fortalecen los procesos de cooperación migratoria y aduanera de México con el resto del mundo para hacer más eficiente el flujo de personas y mercancías, con considerables beneficios económicos.

La reforma es necesaria para que México, bajo el principio de reciprocidad internacional, esté en posibilidad de implementar acuerdos internacionales de cooperación migratoria y aduanal.

Con esta reforma se crean supuestos específicos para la consecución de beneficios sociales y económicos para el país, considerando las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo, orientadas a facilitar el turismo y el comercio exterior, impulsando la modernización de puntos de tránsito internacionales y aduaneros, mediante la simplificación de trámites migratorios y de comercio exterior.

Fuente: Cámara de Diputados

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CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados autorizó una prórroga por 90 días para la dictaminación de las iniciativas de leyes secundarias en materia energética.

En la última sesión del periodo ordinario, el 30 de abril pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, turnó a comisiones seis iniciativas en materia fiscal y reglamentarias de la reforma energética, las cuales fueron agrupadas en tres bloques.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, todo asunto turnado a alguna comisión deberá ser resuelto por ésta dentro de un término máximo de 45 días, a partir de la recepción formal del asunto, por lo que el plazo para la dictaminación de las iniciativas vencería el viernes 4 de julio.

Por ello, el máximo órgano de gobierno de San Lázaro publicó en la Gaceta Parlamentaria dicha comunicación para conocimiento oficial de la decisión de los diputados federales y de quienes consulten dicho documento.

Las iniciativas a las cuales se les autorizó la prórroga son: la que expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, turnado a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.

La iniciativa por la que se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, turnada a esas mismas comisiones unidas.

Finalmente, las iniciativas por las que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública, turnadas a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía.

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