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100 mil muertos y 30 mil desaparecidos, saldo de guerra contra el narco

Diez años después de que México declaró la guerra al narcotráfico, la ofensiva ha causado la división de algunos cárteles importantes y el encarcelamiento de muchos capos de la vieja guardia, como Joaquín «El Chapo» Guzmán, pero ha ayudado poco a reducir la violencia y la delincuencia en ciertas regiones del país.

Algunos dicen que esa guerra ha sido una medida crucial pero fallida. Otros aseguran que la ofensiva que emprendió el entonces presidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006 desató una tragedia innecesaria que ha dejado más de 100 mil muertos y unos 30 mil desaparecidos, un saldo comparable al de los conflictos armados internos de la década de 1980 en América Central.
En algunos lugares, las tasas de homicidios han disminuido, mientras que en otros continúan sin control. Este conflicto interminable también ha tenido profundas secuelas en aquellos cercanos a los focos de sufrimiento: jóvenes habituados a la violencia extrema; adultos que hartos de una policía deficiente y corrupta tomaron las armas y crearon autodefensas; y familias que actúan juntas ante la incapacidad de las autoridades para encontrar a sus parientes desaparecidos.
Un funcionario policial del estado de Tamaulipas dijo a The Associated Press que se topa seguido con jóvenes convertidos en gatilleros de cárteles y cuyo oficio no les causa remordimientos. De hecho, esos jóvenes ven los asesinatos como la mejor manera de costearse cosas, como teléfonos celulares, vehículos y novias.
«Les pregunto: ‘¿Qué aspiraciones tienes?’, y la respuesta que me dan es ‘ser jefe de estacas y tener un narcocorrido»’, afirmó el funcionario que solicitó el anonimato. «No tienen otra aspiración más, a pesar de que saben que su tiempo de vida es muy corto».
El funcionario recordó el caso de un chico de 16 años que secuestraba, mataba y mutilaba a sus víctimas y después se tomaba selfies con los cadáveres desmembrados. Tras una década de guerra contra el narcotráfico, la violencia es la única realidad conocida por su generación.
«Los chamacos, los de ahorita, de 14 años en adelante que pueden ser los detenidos, han vivido dentro del delito; es decir, viven en algo que para ellos es completamente normal», agregó el funcionario.
En la actualidad, el estado afronta un nuevo desafío: muchos de los asesinos a sueldo de mayor edad que estaban al servicio de los cárteles y fueron enviados a prisión, sólo recibieron condenas por delitos menores relacionados con armas de fuego porque los fiscales a menudo no logran demostrar las acusaciones de vínculos con el crimen organizado o lavado de dinero; algunos son excarcelados y vuelven a las andadas.
Aunque Tamaulipas se ha calmado un poco después de que alcanzara niveles horripilantes de asesinatos en 2010-2012, aún hay balaceras, fosas clandestinas y pilas de muertos, sólo que con menor frecuencia.
Los arrestos y muertes han fracturado al violento cártel de los Zetas en Tamaulipas, aunque el resultado ha sido una decena de facciones más pequeñas que pelean por territorios.
«En este momento, si hay algo bueno en esta situación, es que estos grupos ya no tienen tanto poder», dijo el exagente del FBI, Arturo Fontes. «Están divididos, por eso hay bastante caos».
Las fuerzas armadas de México han tenido que involucrarse en el conflicto debido a la corrupción o desconfianza hacia la policía. Esta situación ha acarreado pérdidas de vidas a los militares, quienes con frecuencia son emboscados y acusados de perpetrar ejecuciones ilegales de presuntos miembros de cárteles narcotraficantes en algunos casos.
El secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, subrayó que la participación del ejército sería sólo temporal mientras se efectuaban cambios en las policías.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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