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130 de 500 diputados no acuden ni a votar al Palacio Legislativo

Un estudio interno de la Cámara de Diputados, que registra el ausentismo y la inactividad de los legisladores, señala que en cada sesión no asisten un promedio de 130 de los 500 representantes populares.
Expone que tanto el quórum inicial para el arranque de las sesiones, como los registros en el tablero electrónico de votaciones, apenas conforman un total de 370 asistentes en cada votación.
Destaca también que uno de cada siete legisladores justifica por lo menos 10 faltas o más al año, lo que –de acuerdo con los días que trabaja en el pleno de San Lázaro: sólo los martes y los jueves– implica más de un mes de trabajo en el Palacio Legislativo.
Y aunque otros sí asisten, también se indica en el estudio que, de los 500 legisladores, hay 82 que no han presentado una sola iniciativa en ya casi 20 meses que llevan de trabajos en la LXIII Legislatura.
La lista de diputados improductivos –hasta el 21 de febrero– registra a 57 del PRI; 12 del PAN; 7 del PVEM; 6 del PRD, y hasta ese día por la mañana uno de Nueva Alianza, que después presentó su primera iniciativa.
Este seguimiento al trabajo legislativo –que dio a conocer en tribuna el diputado Jorge Álvarez Máynez, de MC– recuerda también que la Cámara de Diputados aún resulta cara, opaca e ineficiente. Señala que cuesta 7 mil 600 millones de pesos y que hay más de 660 iniciativas, incluyendo las que tienen que ver con la misma reducción del Congreso, que siguen atoradas en la congeladora.
Se menciona que el Congreso de la Unión sólo trabaja 7 meses al año y 5 meses están en “receso legislativo”, ya que no hay sesiones, a menos que los partidos acuerden –con temas ya pactados y con dictamen en mano– periodos extraordinarios en ambas cámaras.
Aun así, gozan de salarios, seguros y todo tipo de prestaciones los 365 días del año. Como ejemplo, apunta que los diputados gastan 161 millones de pesos en seguros de vida y gastos médicos mayores. Además, se asignan 9 millones de pesos para vales de gasolina para el uso de diputadas y de diputados.
El legislador Álvarez Maynez comentó sobre el estudio que “lo peor son los altos costos que se hacen en la Cámara de Diputados y, más todavía, la persistente opacidad en los gastos que, incluso, la Auditoría Superior de la Federación cada año observa y señala a los propios diputados y no pasa nada”.
“La peor noticia es que, por ejemplo, muchos recursos, como los vales de gasolina, no le llegan a la inmensa mayoría de diputados, porque los coordinadores los manejan con absoluta opacidad”, dijo.
“El mayor monto observado por la Auditoría Superior de la Federación tiene que ver con las asignaciones discrecionales a los Grupos Parlamentarios, de la cual ni siquiera se benefician la inmensa mayoría de los legisladores. Ni siquiera los diputados tienen las cuentas claras de cómo se gasta el dinero en esta Cámara”, reclamó.
Por ello, replicó al PRI y sostuvo que su partido “no se raja” y que va por la disminución del Congreso. “Aquí nadie se raja, eliminemos diputados, pero eliminemos a los que no representan a nadie y a los que estorban por su ineficiencia, por su corrupción, porque le estorban a la imagen pública de la política mexicana”.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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