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México

Policía de Michoacán, sin registro de violencia en Tumbiscatío

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Michoacán dijo que «no se tiene registro de ningún incidente violento» en Tumbiscatío.

El reporte oficial apareció en la cuenta de Twitter de la dependencia, @MICHOACANSSP, sin detalles adicionales.

La breve declaración sigue a versiones que circularon más temprano por la mañana, según las cuales se produjeron dos ataques con armas y granadas contra miembros de un grupo civil armado de autodefensa, con un saldo de 16 muertos y diez heridos.

La agencia Dpa reportó la versión, citando a  la página de Facebbok de la policía estatal rural.

De acuerdo con esa versión, el primer ataque ocurrió la medianoche del martes cuando un grupo de civiles se dirigía a hacer un cambio de guardia en la localidad de Tumbiscatío y «fue emboscado desde varios frentes al circular por el poblado Las Cruces».

Ese enfrentamiento duró unos 40 minutos y dejó 11 muertos y seis heridos, de acuerdo con la información preliminar con la que cuenta la fuerza rural, un cuerpo que fue creado el año pasado por el gobierno precisamente con el objetivo de sustituir a los grupos de autodefensa.

Según un comunicado, a las dos de la madrugada local se recibió una llamada que alertaba sobre otro enfrentamiento, ocurrido entre la sierra de Tumbiscatío y Arteaga.

Ahí presuntamente murieron otros cinco miembros de las autodefensas y cuatro resultaron heridos por la explosión de una granada.

«Presumiblemente los atacantes serían integrantes de otro grupo de autodefensas con marcada rivalidad hacia los agredidos», indicó la policía. «De ese bando no se reportaron heridos al parecer por la ventaja del terreno», agregó.

Los grupos de autodefensa surgieron en 2013 con el objetivo declarado de defender a sus comunidades de asesinatos, secuestros y extorsiones del crimen organizado, en particular del cártel de Los Caballeros Templarios.

Sin embargo, algunos de sus integrantes han estado bajo sospecha de tener vínculos con organizaciones criminales y de trabajar para ellas.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dispuso el año pasado la disolución de las milicias civiles y les dio la posibilidad de integrarse a una nueva Fuerza Rural, dependiente de la policía estatal, pero algunos grupos siguen operando.

(Con información de Dpa)

La Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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