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México

Hace 196 años ondeó por primera vez la bandera de México

La primera vez que ondeó una bandera que identificaría a los mexicanos fue el 24 de febrero de 1821, cuando se proclamó el Plan de Iguala, el cual consumaría la Independencia de México siete meses después.

Por tal motivo, el Día de la Bandera se conmemora en esa fecha desde 1934, sin embrago, fue oficial hasta 1940 con un decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río.

De acuerdo con el sitio de Internet de la Presidencia de la República, el primer Lábaro Patrio fue un encargo de Agustín de Iturbide al sastre José Magdaleno Ocampo, durante la estancia de las tropas del Ejército Trigarante en la ciudad de Iguala.

Dicha bandera tenía tres franjas diagonales: una de color blanco para simbolizar la pureza de la religión católica, otra verde como signo de independencia, y una más en rojo como señal del grupo español adherido al impulso libertador.

Asimismo, en la parte superior de cada franja se veía una estrella y otra en el centro sin el águila mexicana como se conoce ahora.

Más tarde, el 2 de noviembre de 1821, el propio Iturbide, ya como emperador de México, decretó que la Bandera fuera con los mismos colores y en el orden actual; pero colocando al centro el águila con corona imperial, con las alas caídas y posada sobre un nopal.

Una vez que cayó el imperio de Iturbide, se retiró la corona al águila y se agregaron ramas de encino al blasón y de laurel como Símbolo de la República. Esa fue la primera ocasión que se modificaron algunos elementos que componen al lábaro.

Posterior a ese hecho, la mayor parte de los cambios en la Bandera Mexicana fueron en el escudo, pues en un inicio el águila aparecía de frente y con las alas abiertas, ya que desde 1822 los colores fueron ordenados en forma vertical para tomar la composición que actualmente conocemos.

Durante el Segundo Imperio Mexicano, de 1864 a 1867, Maximiliano de Habsburgo derogó un decreto que establecía de nuevo el águila mexicana coronada; pero con escudos de armas de familias europeas.

Luego de la Revolución Mexicana, el presidente Venustiano Carranza expidió, el 20 de septiembre de 1916, un decreto para reglamentar las características del Escudo para la Bandera: el águila de perfil y devorando una serpiente sobre un nopal. Jorge Encino y Antonio Gómez fueron los artistas que elaboraron este modelo.

Los cambios que dieron a la Bandera su aspecto actual provienen del decreto del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, el 27 de diciembre de 1967. En tanto que al siguiente año se creó la Ley sobre las Características y el Uso del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Estos tres elementos son los Símbolos Patrios que representan al país como nación y dan sentido de identidad a los mexicanos.

El Informador 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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