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México

2 mil expedientes para liberar de cárcel

CDMX.- El Poder Judicial revisa en conjunto con el Gobierno federal más de 2 mil expedientes de reclusos para determinar si pueden ser excarcelados, informó Carlos Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

«A lo largo de la administración del presidente (de la Corte y del CJF), Arturo Zaldívar, estamos haciendo un gran esfuerzo para que la justicia de nuestro País no sólo privilegie a quienes más tienen», expresó en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

«Dentro de la mesa de coordinación que existe con la Secretaría de Seguridad Pública hay una lista que se ha puesto en la mesa que son alrededor de 2 mil 12 personas en las cuales se está revisando caso por caso para ver la posibilidad de que puedan obtener su liberación».

Alpízar advirtió que las cárceles en México están llenas de inocentes cuyo único delito es la pobreza, por lo que se comprometió a trabajar conjuntamente con las Secretarías de Seguridad y de Gobernación para «acercar» la justicia a las personas más necesitadas y a los más pobres.

Reportó que de junio a la fecha fueron liberadas mil 198 personas, de las cuales 329 salieron de prisión por beneficios preliberacionales; 137 por suspensión condicional de la pena; 97 por cambio de medida cautelar; 40 por acuerdos reparatorios; y 3 por criterio de oportunidad, entre otros.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario judicial abundó de 587 personas fueron excarceladas en dicho periodo por otros motivos como el no ejercicio de la acción penal, sobreseimiento y detención ilegal.

«Este es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados», agregó.

«Y en donde la labor de la Defensoría Pública Federal ha sido elemental y de gran importancia para lograr que se pueda llevar a cabo este gran compromiso entre ambos poderes y sea hoy una realidad».

En la misma conferencia, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, reportó que en lo que va del sexenio 136 personas privadas de su libertad han logrado salir de prisión a través de la Ley de Amnistía federal.

La Secretaria detalló que, de ese total, 66 son personas en pobreza, 44 mujeres, 21 indígenas, 2 tienen discapacidad permanente, 4 fueron víctimas de intimidación y 1 fue víctima de discriminación.

«Por instrucción presidencial () nos dimos a la tarea de gestionar las libertades anticipadas, amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura», apuntó.

«Es, como usted lo ha dicho señor Presidente, un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia, gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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