México

2 mil expedientes para liberar de cárcel

Published

hace 3 años

Sep 15, 2022

redaccion

CDMX.- El Poder Judicial revisa en conjunto con el Gobierno federal más de 2 mil expedientes de reclusos para determinar si pueden ser excarcelados, informó Carlos Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

«A lo largo de la administración del presidente (de la Corte y del CJF), Arturo Zaldívar, estamos haciendo un gran esfuerzo para que la justicia de nuestro País no sólo privilegie a quienes más tienen», expresó en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

«Dentro de la mesa de coordinación que existe con la Secretaría de Seguridad Pública hay una lista que se ha puesto en la mesa que son alrededor de 2 mil 12 personas en las cuales se está revisando caso por caso para ver la posibilidad de que puedan obtener su liberación».

Alpízar advirtió que las cárceles en México están llenas de inocentes cuyo único delito es la pobreza, por lo que se comprometió a trabajar conjuntamente con las Secretarías de Seguridad y de Gobernación para «acercar» la justicia a las personas más necesitadas y a los más pobres.

Reportó que de junio a la fecha fueron liberadas mil 198 personas, de las cuales 329 salieron de prisión por beneficios preliberacionales; 137 por suspensión condicional de la pena; 97 por cambio de medida cautelar; 40 por acuerdos reparatorios; y 3 por criterio de oportunidad, entre otros.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario judicial abundó de 587 personas fueron excarceladas en dicho periodo por otros motivos como el no ejercicio de la acción penal, sobreseimiento y detención ilegal.

«Este es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados», agregó.

«Y en donde la labor de la Defensoría Pública Federal ha sido elemental y de gran importancia para lograr que se pueda llevar a cabo este gran compromiso entre ambos poderes y sea hoy una realidad».

En la misma conferencia, la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, reportó que en lo que va del sexenio 136 personas privadas de su libertad han logrado salir de prisión a través de la Ley de Amnistía federal.

La Secretaria detalló que, de ese total, 66 son personas en pobreza, 44 mujeres, 21 indígenas, 2 tienen discapacidad permanente, 4 fueron víctimas de intimidación y 1 fue víctima de discriminación.

«Por instrucción presidencial () nos dimos a la tarea de gestionar las libertades anticipadas, amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura», apuntó.

«Es, como usted lo ha dicho señor Presidente, un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia, gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades».

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Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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segundoasegundo

El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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