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20 años de cárcel al derrocado presidente egipcio Mohamed Mursi

Mohamed Mursi, el primer presidente de Egipto elegido democráticamente y derrocado por un golpe militar en el año 2013, fue condenado hoy a 20 años de prisión acusado de reprimir violentamente las protestas ocurridas el 5 de diciembre de 2012, que finalizaron con la muerte de varios manifestantes.

Las duras condenas generaron reacciones contrarias inmediatas, como la de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) y de la coalición que encabezan los Hermanos Musulmanes, formación política a la que pertenece Mursi.

Según el fallo del Tribunal Penal de El Cairo, el islamista Mursi y otras doce personas fueron sentenciadas por uso de la fuerza y la violencia y retención de personas, acompañada de maltratos y tortura en las protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012.

Asimismo, se los declaró inocentes de dos cargos: asesinato con premeditación y porte ilegal de armas, por los que podrían haber sido condenados a la pena capital, informó la agencia de noticias EFE.

Mursi estuvo de pie en una jaula en el tribunal mientras el juez leía la sentencia contra él y otros doce miembros de los Hermanos Musulmanes, que incluyen figuras de alto nivel como Mohamed el Beltagy y Essam el Erian. La condena fue transmitida en directo por la televisión.

Con un gesto que simboliza resistencia a las fuertes medidas del estado contra los islamistas, los acusados gritaron «Dios es el más grande» después de la lectura del veredicto, informó la agencia de noticias Europa Press. El abogado de Mursi, nombrado por la Corte después de que se retirara la defensa original, Sayed Hamed, dijo que la sentencia es «equilibrada», pero adelantó que recurrirá ante el Tribunal de Casación.

El ex mandatario, dirigente de los Hermanos Musulmanes y encarcelado en la prisión de Burg al Arab, negó los cargos en las vistas anteriores y siempre afirmó que sigue siendo el «presidente legítimo» de Egipto.

Esta es la primera sentencia inculpatoria contra Mursi, quien fue depuesto en julio de 2013 en un golpe militar liderado por el entonces jefe del Ejército y actual presidente, Abdel Fatah al Sisi, tras varios días de multitudinarias protestas. Amnistía Internacional calificó de «farsa» el juicio y pidió que se repita el proceso o que sea puesto en libertad.

En un comunicado, AI señala que la injusta condena de Mursi «en un proceso defectuoso y con pruebas endebles», demuestra que el sistema judicial egipcio «es incapaz de ofrecer un juicio justo a los miembros o partidarios de la Administración del antiguo presidente y de los Hermanos Musulmanes».

La portavoz de AI para Medio Oriente y el Norte de Africa, Hassiba Hadj Sahraoui, recordó que el juicio al ex presidente estuvo «plagado de irregularidades», y que el líder islamista fue detenido de forma arbitraria y estuvo incomunicado.

Según su investigación de los hechos, «aunque los seguidores de los Hermanos Musulmanes cometieron abusos de los derechos humanos, la mayoría de los muertos en esos enfrentamientos fueron partidarios del entonces presidente».

Por su parte, la Coalición Nacional para la Defensa de la Legitimidad, encabezada por los Hermanos Musulmanes, calificó la condena como «nula» y de «orden de los militares».

«Las órdenes militares emitidas hoy en forma de sentencias judiciales contra el presidente Mursi y su equipo presidencial son nulas porque la Justicia se convirtió en una marioneta en manos de la autoridad militar», explicó la alianza en un comunicado publicado en su página de Facebook.

La coalición, que incluye grupos islamistas opositores al sistema político actual en Egipto, denunció que el proceso judicial fue una «farsa» y acusó al Ejército de utilizar la Justicia para vengarse de sus adversarios.

En el texto, reafirmaron que su principal objetivo es «activar el movimiento revolucionario para derrocar al golpe de Estado y liberar la patria». Desde el derrocamiento de Mursi, las autoridades egipcias han perseguido a los simpatizantes, integrantes y líderes de los Hermanos Musulmanes, que fueron declarados grupo terrorista en diciembre de 2013.

El ex presidente afronta otros juicios por insultar a la judicatura, huir de una cárcel durante la revolución de 2011 que derribó a Hosni Mubarak y entregar información clasificada a países y organizaciones extranjeras.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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