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México

20% de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes ocurren en Edomex: Redim

El Estado de México reporta la quinta parte del total de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en el país, un escenario desolador donde el año pasado 13 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos cada día, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

“Pensar que las desapariciones forzadas solo existían entre personas adultas nos llevó a esta invisibilización de las niñas, niños y adolescentes. También ocasionada por la invisibilidad que tienen ellas y ellos como titulares de derechos”, dijo Tania Ramírez, directora ejecutiva de REDIM en conferencia de prensa.

El mayor riesgo, dijo, lo corren las niñas y adolescentes menores de 18 años, quienes además de estas desapariciones, violaciones y feminicidios, sufren discriminación por su sexo y su edad.

“Nos parece desde Redim que esto puede estar relacionado con una mezcla tóxica entre el sexismo y el adultocentrismo”, añadió.

La organización precisó que de 2015 a 2021, cerca de 36, 135 personas fueron reportadas como desaparecidas en Edomex, de las cuales 7,961 siguen desaparecidas y 1,376 fueron localizadas sin vida.

Esto, por medio de su investigación titulada “Desaparición de Mujeres Adolescentes Niñas y Niños en el Estado de México y su vínculo con la Explotación Sexual o La Trata de Personas con ese u otros fines”.

Los resultados no se limitan al análisis de los expedientes para sacar resultados cuantitativos, sino que también incluye 22 entrevistas con los familiares de las víctimas, a fin de tener mostrar un panorama más amplio y humano en un país altamente feminicida.

Entre el perfil característico de las personas desaparecidas se destaca que se trata de mujeres entre los 12 y 17 años con complexión delgada, estudiantes y sin antecedentes penales.

Ante esto, Adriana González Veloz, directora de Análisis de Contexto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), hizo énfasis en que la información del estudio es crucial para desenmascarar estereotipos con los que se juzga a las víctimas de desaparición forzada.

El primero tiene que ver con que las mujeres que salen de noche se ponen en riesgo a sí mismas, lo cual contrasta con el horario promedio en el que se realizan las desapariciones, que es de 6:00 a 18:00 horas.

Otro mito es que cuando una mujer joven desaparece seguramente es por irse con amigos o con su pareja sentimental. Sin embargo, el estudio expone que solo 2 de cada 10 mujeres desaparecidas lo habían hecho con anterioridad, o sea, la mayoría de ellas no solía salir de sus casas sin avisar dónde estarían.

Las dos principales razones por las que las mujeres desaparecen en el Estado de México son la trata de personas y los feminicidios. “Sin embargo, no son excluyentes una con la otra. Es decir, muchas pueden partir de un proceso de trata y terminar en un feminicidio”, puntualiza la investigadora Javiera Donoso Jiménez.

La desaparición por trata de personas tiene como principales objetivos realizar actividades delictivas (las principales víctimas son los adolescentes varones entre 14 y 17 años), posteriormente con fines de explotación sexual (las víctimas son principalmente niñas menores de 13 años) y por último para la adopción ilegal (las víctimas son niñas y niños muy pequeños).

El estudio identificó cuatro distintas modalidades de desapariciones como resultado del feminicidio: feminicidio por violencia doméstica, como resultado de violencia sexual, comedido por asesinos seriales y por actividad criminal.

Por otro lado, el estudio también visibilizó que entre los municipios en los que más se reportaron desapariciones destacan los de la zona conurbada de la Ciudad de México, tales como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ixtapaluca y Chimalhuacán.

“Cuando sales de la Ciudad de México y entras al Estado de México el mundo se va haciendo gris. Las casas aún sin acabado, pero ya tienen barrotes de seguridad”, ilustra Leticia Bonifaz Alfonzo, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En la presentación del estudio también participaron Sol Salgado, titular de la Comisión de búsqueda del Estado de México; Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; Elena Azaola, integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea; Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, y Maribel Enciso, madre de una niña desaparecida en el Estado de México.

“El estudio nos ayudará a formar una metodología que puede y debe ser replicada en todos los estados de la República para permitir que todas las instituciones que están a cargo den una respuesta integral y efectiva a la problemática”, destacó Belén Sanz.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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