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2017, año de nuevos récords de violencia en México

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Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI), señaló este jueves en Despierta con Loret que en México se repite una vez más la fotografía de impunidad y violencia de otros años, sin embargo en 2017 marcó matices distintos en donde el país, infortunadamente, tiene nuevos récords.

Tania Reneaum y James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hablaron en Despierta con Loret del informe anual de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos en el mundo.

Reneaum destacó que México tiene un nuevo récord en homicidios dolosos, prácticamente más de 29 mil, y nuevos récords en la forma en que el Estado mexicano se ha relacionado con las recomendaciones de instancias internacionales.

“Creo que 2017 tiene que ser recordado como el año en el que el Senado de la República y el presidente de la República desoyeron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de organizaciones no gubernamentales, para revisar cautelosamente la Ley de Seguridad Interior”, puntualizó la funcionaria.

Agregó que el 2017 concluyó como un año violento y con desafíos.

Por su parte, James Cavallaro, expresidente de la CIDH, añadió que se ha diagnosticado una grave crisis de derechos humanos en México y esta evaluación coincide con las del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la de Amnistía Internacional, la de Human Rights Watch, la de las principales ONG, la de los medios de comunicación, la del pueblo mexicano, todos, excepto el Estado mexicano.

Puntualizó que el Estado mexicano ha gastado en los últimos años dos mil millones de dólares en publicidad, al parecer para maquillar la imagen y para no enfrentar el reto.

“Hace falta reconocer, primero, que el país vive una gran crisis de los derechos humanos y tomar medidas a la altura, y no buscar disputar con los organismos internacionales, cuestionar el informe de Amnistía, criticar a las personas, al mensajero, sino responder al mensaje que es de la gravedad de la crisis que vive México”, destacó Cavallaro.

Sobre el problema de las desapariciones en México, Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, subrayó que sin duda una de las mejoras en nuestro país durante 2017 fue la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero advirtió que se tiene que acortar la brecha entre lo que dice el Diario Oficial de la Federación y la implementación de la ley.

Aseveró que los familiares de las personas desaparecidas necesitan una justicia confiable, un Estado fuerte que les acompañe en la búsqueda y que la ciencia se ponga al servicio de la justicia.

Reneaum agregó que una de las recomendaciones que hace AI es fortalecer los órganos de investigación del delito, es decir, fortalecer la autonomía de la Procuraduría General de la República (PGR), tener una Fiscalía capacitada y que tenga un presupuesto adecuado, además de un fiscal probo y autónomo.

“Eso es fundamental para poder romper el ciclo de la impunidad”, dijo.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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