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Reporte COVID-19: Suman 52 mil 546 contagios y 4 mil 893 defunciones en Chihuahua

En el último reporte epidemiológico COVID-19, la Secretaría de Salud confirma un total general de 52 mil 546 casos, con 66 nuevos registros, así como un acumulado de 4 mil 893 personas fallecidas, con 8 decesos registrados en la entidad.

El reporte indica que cinco de las nuevas defunciones corresponden a Chihuahua y una a cada uno de los municipios de Juárez, Cuauhtémoc y Cusihuiriachi.

Además, se contabilizan 42 mil 411 pacientes recuperados, 29 mil 497 casos descartados y mil 437 contagios sospechosos.

Desde que inició la pandemia se han contagiado 5 mil 451 trabajadores de la Salud que laboran de forma directa en áreas COVID, entre los cuales se encuentran 92 fallecimientos y 5 mil 015 casos recuperados.

En cuanto al personal médico el número de casos confirmados es de mil 355, con 43 defunciones (3 mujeres y 40 hombres) y mil 202 recuperados.

En lo referente al personal de enfermería, los contagios confirmados son 2 mil 424, 16 decesos (10 mujeres y 6 hombres), y 2 mil 282 casos recuperados.

Además, en el caso de personal de otras áreas van mil 672 casos confirmados, las defunciones son 33 (11 mujeres y 22 hombres), y los recuperados mil 531.

A la fecha 210 personas se encuentran hospitalizadas en 29 unidades médicas, de ellas 54 están intubadas; de los pacientes hospitalizados 62% son derechohabientes del IMSS, 28% del Sector Salud, 4% de la Sedena, 3% Issste, 3% de IMSS Bienestar.

Los casos acumulados por municipio son: Ahumada 78, Aldama 165, Allende 90, Ascensión 67, Aquiles Serdán 160, Bachíniva 17, Batopilas 9, Bocoyna 329, Balleza 22, Buenaventura 42, Camargo 352, Carichí 8, Casas Grandes 35, Chihuahua 13,008, Chínipas 133, Coronado 15, Coyame del Sotol 10, Cuauhtémoc 1,674, Cusihuiriachí 17, Delicias 1,931, Dr. Belisario Domínguez 4, Galeana 7, Gómez Farías 80, Guachochi 328, Gran Morelos 17, Guadalupe 19, Guadalupe y Calvo 44, Guazapares 92 y Guerrero 89.

Hidalgo del Parral 1,848, Huejotitan 7, Ignacio Zaragoza 13, Janos 24, Jiménez 297, Juárez 28,500, Julimes 16, López 18, Madera 44, Manuel Benavides 58, Matachí 2, Meoqui 278, Moris 6, Morelos 6, Namiquipa 72, Nonoava 25, Nuevo Casas Grandes 750, Ocampo 22, Ojinaga 1,122, Praxedis G. Guerrero 17, Riva Palacio 6, Rosales 80, Rosario 5, San Francisco del Oro 28, Santa Bárbara 73, Satevó 5, Saucillo 211, Temósachic 12, Urique 42, Valle de Zaragoza 16, San Francisco de Conchos 12, Santa Isabel 31, La Cruz 23, San Francisco de Borja 10, Maguarichi 1, El Tule 8, Matamoros 14 y Uruachi 3.

La información muestra que el 51% son del sexo masculino con 26 mil 917 casos y el 49% del femenino con 25 mil 629 casos confirmados.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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