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México

Gasto proyectado para pensiones del sector público en 2023

 Ciudad de México.- El Gobierno federal estima que para el pago de pensiones del sector público, el próximo año se requerirá un billón 333 mil millones de pesos, equivalente a 16.1 por ciento del gasto total previsto para el mismo periodo.

Estos recursos son 8.4 por ciento mayores en términos reales a lo que se aprobó este año para pensiones, de acuerdo con el documento Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, que presentó el Gobierno al Congreso la semana pasada.

El monto solicitado para el próximo año contempla las pensiones que se otorgan a los jubilados del sector público, los de las entidades de control directo (IMSS e ISSSTE), así como los de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Del total, 79.5 por ciento de los recursos corresponde a las entidades de control.

Para el IMSS se estiman 750 mil 252 millones de pesos, un aumento real de 12.3 por ciento, en tanto que para el ISSSTE suman 309 mil 763 millones, un crecimiento real de 6.1 por ciento.

 Mientras que para el Gobierno federal se solicitan 147 mil 814 millones de pesos, que representa un ligero incremento de 1.0 por ciento real.

 Para Pemex, la Administración pide 73 mil 908 millones de pesos y para CFE 51 mil 605 millones, montos 1.5 y 0.7 por ciento mayores en términos reales a los de este año, respectivamente.

 Según el documento, se prevé que la trayectoria del gasto en pensiones muestre una tendencia ascendente y que pase de 4.2 por ciento del PIB en 2023 a alrededor de 4.6 por ciento en 2028, con un nivel promedio de 4.5 por ciento del PIB para el periodo 2024-2028.

Adicionalmente, el Gobierno federal solicita 359 mil 577 millones de pesos más para los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, cifra 32.8 por ciento mayor en términos reales al de este año.

«(De este total), vamos a gastar 335 mil millones de pesos sólo en este programa (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores), es una cosa tremenda y así en programas prioritarios, pero si no tenemos una fuente de financiamiento, de dónde vamos a sacar (los recursos).

«Además, el aumento en pensiones sorprende porque este programa (Pensión el Bienestar de las Personas Adultas Mayores) creció más de lo que estaba previsto», dijo Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con el CIEP, el gasto en pensiones representa una fuerte presión fiscal para el Gobierno federal que además no proyecta cambios fiscales para obtener más ingresos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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