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México

TEPJF confirma multa de 62 millones de pesos a Morena por gastos no reportados de las «corcholatas»

La omisión de Morena por informar quién paga espectaculares, bardas y demás propaganda en vía pública a favor de sus aspirantes a la Presidencia y Congreso podría costarle una multa por 23 millones 241 mil 536 pesos.

De acuerdo con la Unidad de Fiscalización, en los recorridos que realizó su personal se detectaron al menos 22 mil 172 piezas de propaganda en vía pública que benefician a Morena y sus aliados PVEM y PT.

Durante la interna por la candidatura presidencial de Morena, las llamadas «corcholatas» tapizaron ciudades con anuncios espectaculares y bardas. Grupo REFORMA documentó que esa publicidad requirió al menos un gasto de 65 millones de pesos, por lo que de proceder la multa será apenas un 35 por ciento de lo invertido.

Morena se ha negado a reconocer como un gasto de campaña la millonaria inversión en espectaculares y bardas, con el argumento de que fue la gente quien los pagó y no el partido o el aspirante.

Los consejeros del INE concluyeron que dicha propaganda sí benefició al partido, además de que no fue retirada en la etapa de precampaña.

«El sujeto obligado (Morena) omitió reportar gastos realizados por concepto de carteleras, pinta de bardas, mantas y espectaculares por un monto de 15 millones 494 mil 357 pesos. La sanción a imponerse equivale al 150 por ciento sobre el monto involucrado», indica el dictamen, aprobado por la Comisión de Fiscalización.

Ese proyecto plantea sanciones por 67.7 millones de pesos a los siete partidos nacionales por faltas y omisiones en su gasto de precampaña federal, tanto a la Presidencia de la República, como al Congreso.

De ese monto, 53.7 millones serían para Morena, no solo por el gasto publicitario de las corcholatas, sino por otras omisiones.

La Comisión de Fiscalización, integrada por cinco consejeros, propondrá al Consejo General, en la sesión de mañana, establecer como criterio para las sanciones sumar los hallazgos de procesos políticos inéditos, de los que salieron electas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, previo a las precampañas.

Aunque el documento no individualiza la sanción por faltas en el proselitismo de las aspirantes presidenciales, se aclara que la mayoría de los gastos las involucran.

La Unidad de Fiscalización del INE también acusa a los morenistas de no querer informar sobre quién pagó propaganda en internet por 7 millones 186 mil 816 a favor de su precandidata, partido y aspirantes a legisladores, por lo que le aplican una multa similar.

Otras de las anomalías que hacen que Morena sea el partido más multado,es por entregar informes de precampaña por otros mecanismos a los establecidos en la ley, reportar como gasto de precampaña recursos usados para otros fines, así como no informar el origen o destino de los recursos.

«La sanción es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el sujeto obligado, participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras», indica el dictamen sobre las multas a los siete partidos.

Alistan multa por más de 23 mdp contra Morena por propaganda de “corcholatas”

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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