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Chihuahua

#3de3: El Consejo Consultivo Ciudadano de Transparencia ve falta de seriedad en la clase política

13472406_1213457095334198_442706314_nNo obstante que la ciudadanía mexicana ha enviado el mensaje claro y contundente contra la corrupción, el manejo discrecional de los recursos públicos y el enriquecimiento cada vez más “explicable” de muchos políticos en la función pública, la clase política parece no acusar recibo, ni tomar con seriedad el tema.

13454011_1213457438667497_1866823394_nA los diputados, senadores, gobernadores y demás miembros de la nomenclatura política de este país, de los diferentes signos partidarios, recientemente decenas de miles de mexicanos que respaldamos el apartado 3 de 3, dentro de la Iniciativa de Ley Anticorrupción, les marcamos la pauta de qué tipo de gobiernos y país deseamos, pero lamentablemente parece que no lo han entendido. En este sentido se expresó el Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Transparencia de la ciudad de Chihuahua (CCCT), Lic. Sergio Armando L. Castillo, ante la aprobación por parte del Senado de la República de la laye en la materia, la cual fue acotada, “rasurada” y limitada, añadió.

Explicó que con esa actitud mezquina y timorata por parte de los senadores, se frena un esfuerzo ciudadano que durante varios años ha estado trabajando y pugnando por una transparencia real, nítida y amplia, la rendición de cuentas y la fiscalización puntual de los recursos y la función pública. Sin embargo, aunque los ciudadanos mexicanos contamos con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los ámbitos federal, estatal y municipal, además de sus respectivos Institutos, Consejos y otros órganos garantes de esas legislaciones, los políticos siguen acotándolas y restringiéndolas. En este caso, expuso Sergio Armando López-Castillo, la Ley 3 de 3, que obliga a los servidores públicos a presentar declaración patrimonial, de conflicto de intereses y de la de impuestos, la han dejado “mocha”, incompleta, al dejar al criterio y libertad de los sujetos obligados, la publicación de ciertos elementos de posesión de bienes y valores dentro de su patrimonio, aludiendo razones de seguridad personal o de ámbito (privado).

Lo anterior añade el dirigente del Consejo Ciudadano de Transparencia de Chihuahua, significa una simulación, falta de seriedad y un “blindaje” a modo que los proteja del escrutinio público, lo que fomenta la corrupción y la impunidad en los cargos públicos de todos los niveles que ostentan, tan rechazados y criticados por la sociedad. Cabe mencionar que los senadores por Chihuahua votaron en contra el documento aprobado, y a continuación presentamos la lista de los senadores que (NO SE PRESENTARON) a la SESION correspondiente:

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Chihuahua

Histórica elección judicial en Chihuahua; publican convocatoria el 10 de enero

El Congreso del Estado de Chihuahua emitirá, a más tardar el 10 de enero, la convocatoria para la elección judicial programada para el 1 de junio. Esta acción forma parte del proceso de renovación de jueces y magistrados en la entidad.

La presidenta del Poder Legislativo, diputada Elizabeth Guzmán (Morena), confirmó que se está cumpliendo con el calendario establecido y que las leyes secundarias para la reforma al Poder Judicial de Chihuahua estarán listas antes de que finalice enero.

El Congreso había fijado previamente el 20 de enero como fecha crítica para que las autoridades electorales, tanto del Instituto Estatal Electoral (IEE) como del Instituto Federal Electoral (IFE), puedan planificar con suficiente antelación.

Se espera que el Consejo de la Judicatura entregue hoy al IEE la lista de los espacios que serán sometidos a votación. La diputada Guzmán Argueta indicó que los coordinadores de las bancadas están preparados para una reunión inmediata de la Junta de Coordinación Política del Congreso, con el objetivo de ultimar los detalles de la convocatoria.

Además, enfatizó la importancia de informar a la ciudadanía sobre este proceso histórico, ya que, por primera vez, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a las personas que desempeñarán funciones judiciales en el estado.

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