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43 muertos por atentado contra templo en Pakistán; ISIS se lo adjudica

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Una explosión reivindicada por el Estado Islámico destruyó el sábado un santuario musulmán en el suroeste de Pakistán, acabando con la vida de al menos 43 personas e hiriendo a decenas más, dijeron funcionarios.

La explosión en el santuario de Shah Noorani ocurrió mientras cientos de personas estaban dentro, afirmó Hashim Ghalzai, un comisario local de distrito.

El ministro del Interior provincial, Sarfaraz Bugti, señaló que murieron 43 personas y Ghalzai afirmó que hubo más de 100 heridos. No quedó claro si se trató de un atentado suicida o si explotó una bomba oculta en el lugar, según Bugti.

Todos los días, alrededor de la puesta del sol, se celebra aquí un ‘dhamaal’ (danza ritual), al que viene mucha gente», señaló Nawaz Ali, custodio del santuario.

El santuario está localizado en la provincia de Baluchistán, a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad portuaria de Karachi.

El rescatista Hakeem Nasi comentó a Geo TV que decenas de heridos estaban siendo trasladados hasta allí.

El Gobierno envió 25 ambulancias desde la localidad cercana de Hub al santuario, dijo Akbar Harifal, secretario provincial de Interior para la provincia de Baluchistán. El Ejército recibió la orden de ayudar en las operaciones de rescate, debido a lo remoto del lugar, añadió Bugti.

Baluchistán ha sido escenario de algunos de los peores ataques militantes de este año en Pakistán.

El Estado Islámico dijo en un comunicado publicado por su agencia de noticias Amaq que el atentado fue perpetrado por sus combatientes.

El grupo yihadista también se atribuyó la autoría del último gran ataque sufrido en la provincia, contra una academia de policía, en el que fallecieron unas 60 personas el mes pasado.

 

Excelsior

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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