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892 mil quieren asilo de EU; son 200 mil más que el año pasado

Salvador Colindres salió de la tercera audiencia entre una corte de migración en San Diego y decidió regresar a Honduras, donde posiblemente corra riesgo mortal porque huyó por ser soldado amenazado por pandillas.

“De mi primera cita a esta ya fueron nueve meses. Mi familia me necesita; no me queda más que correr el riesgo de regresar”, dijo.

Salió de su casa el verano del año pasado y pensó que su caso era sólido, tenía documentos personales y pruebas, incluso una amenaza fatal, pero en San Diego encontró un sistema de justicia aletargado por innumerables casos pendientes.

Cuando, un par de meses después de salir de San Pedro Sula, llegó a Tijuana decidió hacer el proceso de manera ordenada.

“Primero, me inscribí en el libro que llevan para anotar a los migrantes y me tocó un número con el que pasé a mi primera audiencia a los dos meses. De ahí me dieron otra cita poco más de dos meses después, y desde esa a esta de ahorita fueron otros cinco meses, y yo ya dudaba en venir porque si me niegan (asilo), me deportan”, platicó el migrante de 28 años de edad.

Durante todo ese tiempo estuvo refugiado en un albergue de Tijuana, Juventud 2000, donde por lo menos le garantizaron alimentos y un lugar para dormir y asearse, pero platica que el trabajo siempre fue difícil de conseguir.

Tenía que conseguir recursos para ir a la Corte en San Diego, California. Sólo pudo trabajar como jornalero algunas veces, en parte porque la ilusión de conseguir el asilo le ayudaba a pensar que su situación se iba a corregir pronto.

Aparte de los casos como el de Salvador, que llevan desde el inicio todo el proceso en regla, están los de miles de migrantes que se entregan a la Patrulla Fronteriza y quienes en una especie de sanción son enviados a citas a San Diego, pero con comparecencias iniciales para agosto, septiembre o incluso diciembre. Después de esa audiencia tienen otras, más espaciadas.

El proceso “está mucho muy tardado, y a casi nadie le dan asilo”. Así que con lo poco que gano como jornalero y que todavía no enviaba a su familia, decidió este fin de semana volver por sus propios medios.

José María “Chema” García Lara, el coordinador del refugio que albergó a Salvador, informó que esa historia es ahora el proceso regular de los migrantes tanto centroamericanos como mexicanos que buscan asilo.

“Cada vez más son procesos que terminan con los migrantes que se van de regreso a sus lugares de origen, principalmente por las largas esperas, y que no tienen ingresos; se desesperan y algunos deciden cruzar como indocumentados la frontera, pero la mayoría regresa a sus pueblos”, dijo García Lara.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que hasta finales de abril –el último mes completo computado— las cortes de migración tenían retrasados 892 mil 517 casos. Esto es unos 200 mil más que el año pasado, y están todavía por reabrirse unos 359 mil casos que se suponía estaban resueltos, pero que reactivó el exprocurador Jeff Sessions.

De acuerdo con el Centro de estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego (UCSD), actualmente hay unos 13 mil migrantes en la frontera mexicana que ya han solicitado asilo y se encuentran en espera de que lleguen las fechas de sus citas.

Pedro Ríos, director del Comité de Servicios Amigos Americanos en San Diego, dijo que es probable que la red de refugios o albergues en ciudades como Tijuana puedan colapsar, si el nuevo acuerdo de los gobiernos de México y Estados Unidos envía a miles de personas más a esperar asilo a la frontera de México.

Los refugios “han tenido un equilibrio muy frágil porque han contado con ayuda de la sociedad civil, principalmente estadunidense, pero si el número de migrantes que envíe Estados Unidos aumenta, la ayuda en México puede colapsar”.

Es un riesgo, dijo, aun si el gobierno de México envía ayuda a la frontera para asistir a los migrantes que lleguen por el nuevo acuerdo.

Excelsior

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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