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892 mil quieren asilo de EU; son 200 mil más que el año pasado

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Salvador Colindres salió de la tercera audiencia entre una corte de migración en San Diego y decidió regresar a Honduras, donde posiblemente corra riesgo mortal porque huyó por ser soldado amenazado por pandillas.

“De mi primera cita a esta ya fueron nueve meses. Mi familia me necesita; no me queda más que correr el riesgo de regresar”, dijo.

Salió de su casa el verano del año pasado y pensó que su caso era sólido, tenía documentos personales y pruebas, incluso una amenaza fatal, pero en San Diego encontró un sistema de justicia aletargado por innumerables casos pendientes.

Cuando, un par de meses después de salir de San Pedro Sula, llegó a Tijuana decidió hacer el proceso de manera ordenada.

“Primero, me inscribí en el libro que llevan para anotar a los migrantes y me tocó un número con el que pasé a mi primera audiencia a los dos meses. De ahí me dieron otra cita poco más de dos meses después, y desde esa a esta de ahorita fueron otros cinco meses, y yo ya dudaba en venir porque si me niegan (asilo), me deportan”, platicó el migrante de 28 años de edad.

Durante todo ese tiempo estuvo refugiado en un albergue de Tijuana, Juventud 2000, donde por lo menos le garantizaron alimentos y un lugar para dormir y asearse, pero platica que el trabajo siempre fue difícil de conseguir.

Tenía que conseguir recursos para ir a la Corte en San Diego, California. Sólo pudo trabajar como jornalero algunas veces, en parte porque la ilusión de conseguir el asilo le ayudaba a pensar que su situación se iba a corregir pronto.

Aparte de los casos como el de Salvador, que llevan desde el inicio todo el proceso en regla, están los de miles de migrantes que se entregan a la Patrulla Fronteriza y quienes en una especie de sanción son enviados a citas a San Diego, pero con comparecencias iniciales para agosto, septiembre o incluso diciembre. Después de esa audiencia tienen otras, más espaciadas.

El proceso “está mucho muy tardado, y a casi nadie le dan asilo”. Así que con lo poco que gano como jornalero y que todavía no enviaba a su familia, decidió este fin de semana volver por sus propios medios.

José María “Chema” García Lara, el coordinador del refugio que albergó a Salvador, informó que esa historia es ahora el proceso regular de los migrantes tanto centroamericanos como mexicanos que buscan asilo.

“Cada vez más son procesos que terminan con los migrantes que se van de regreso a sus lugares de origen, principalmente por las largas esperas, y que no tienen ingresos; se desesperan y algunos deciden cruzar como indocumentados la frontera, pero la mayoría regresa a sus pueblos”, dijo García Lara.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que hasta finales de abril –el último mes completo computado— las cortes de migración tenían retrasados 892 mil 517 casos. Esto es unos 200 mil más que el año pasado, y están todavía por reabrirse unos 359 mil casos que se suponía estaban resueltos, pero que reactivó el exprocurador Jeff Sessions.

De acuerdo con el Centro de estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego (UCSD), actualmente hay unos 13 mil migrantes en la frontera mexicana que ya han solicitado asilo y se encuentran en espera de que lleguen las fechas de sus citas.

Pedro Ríos, director del Comité de Servicios Amigos Americanos en San Diego, dijo que es probable que la red de refugios o albergues en ciudades como Tijuana puedan colapsar, si el nuevo acuerdo de los gobiernos de México y Estados Unidos envía a miles de personas más a esperar asilo a la frontera de México.

Los refugios “han tenido un equilibrio muy frágil porque han contado con ayuda de la sociedad civil, principalmente estadunidense, pero si el número de migrantes que envíe Estados Unidos aumenta, la ayuda en México puede colapsar”.

Es un riesgo, dijo, aun si el gobierno de México envía ayuda a la frontera para asistir a los migrantes que lleguen por el nuevo acuerdo.

Excelsior

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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