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892 mil quieren asilo de EU; son 200 mil más que el año pasado

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Salvador Colindres salió de la tercera audiencia entre una corte de migración en San Diego y decidió regresar a Honduras, donde posiblemente corra riesgo mortal porque huyó por ser soldado amenazado por pandillas.

“De mi primera cita a esta ya fueron nueve meses. Mi familia me necesita; no me queda más que correr el riesgo de regresar”, dijo.

Salió de su casa el verano del año pasado y pensó que su caso era sólido, tenía documentos personales y pruebas, incluso una amenaza fatal, pero en San Diego encontró un sistema de justicia aletargado por innumerables casos pendientes.

Cuando, un par de meses después de salir de San Pedro Sula, llegó a Tijuana decidió hacer el proceso de manera ordenada.

“Primero, me inscribí en el libro que llevan para anotar a los migrantes y me tocó un número con el que pasé a mi primera audiencia a los dos meses. De ahí me dieron otra cita poco más de dos meses después, y desde esa a esta de ahorita fueron otros cinco meses, y yo ya dudaba en venir porque si me niegan (asilo), me deportan”, platicó el migrante de 28 años de edad.

Durante todo ese tiempo estuvo refugiado en un albergue de Tijuana, Juventud 2000, donde por lo menos le garantizaron alimentos y un lugar para dormir y asearse, pero platica que el trabajo siempre fue difícil de conseguir.

Tenía que conseguir recursos para ir a la Corte en San Diego, California. Sólo pudo trabajar como jornalero algunas veces, en parte porque la ilusión de conseguir el asilo le ayudaba a pensar que su situación se iba a corregir pronto.

Aparte de los casos como el de Salvador, que llevan desde el inicio todo el proceso en regla, están los de miles de migrantes que se entregan a la Patrulla Fronteriza y quienes en una especie de sanción son enviados a citas a San Diego, pero con comparecencias iniciales para agosto, septiembre o incluso diciembre. Después de esa audiencia tienen otras, más espaciadas.

El proceso “está mucho muy tardado, y a casi nadie le dan asilo”. Así que con lo poco que gano como jornalero y que todavía no enviaba a su familia, decidió este fin de semana volver por sus propios medios.

José María “Chema” García Lara, el coordinador del refugio que albergó a Salvador, informó que esa historia es ahora el proceso regular de los migrantes tanto centroamericanos como mexicanos que buscan asilo.

“Cada vez más son procesos que terminan con los migrantes que se van de regreso a sus lugares de origen, principalmente por las largas esperas, y que no tienen ingresos; se desesperan y algunos deciden cruzar como indocumentados la frontera, pero la mayoría regresa a sus pueblos”, dijo García Lara.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que hasta finales de abril –el último mes completo computado— las cortes de migración tenían retrasados 892 mil 517 casos. Esto es unos 200 mil más que el año pasado, y están todavía por reabrirse unos 359 mil casos que se suponía estaban resueltos, pero que reactivó el exprocurador Jeff Sessions.

De acuerdo con el Centro de estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego (UCSD), actualmente hay unos 13 mil migrantes en la frontera mexicana que ya han solicitado asilo y se encuentran en espera de que lleguen las fechas de sus citas.

Pedro Ríos, director del Comité de Servicios Amigos Americanos en San Diego, dijo que es probable que la red de refugios o albergues en ciudades como Tijuana puedan colapsar, si el nuevo acuerdo de los gobiernos de México y Estados Unidos envía a miles de personas más a esperar asilo a la frontera de México.

Los refugios “han tenido un equilibrio muy frágil porque han contado con ayuda de la sociedad civil, principalmente estadunidense, pero si el número de migrantes que envíe Estados Unidos aumenta, la ayuda en México puede colapsar”.

Es un riesgo, dijo, aun si el gobierno de México envía ayuda a la frontera para asistir a los migrantes que lleguen por el nuevo acuerdo.

Excelsior

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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