Varias empresas de tecnología —entre ellas gigantes como Apple, Google y Facebook— están sumándose a las demandas presentadas contra el gobierno de Donald Trump por prohibir la entrada a Estados Unidos de refugiados y a ciudadanos de países de mayoría musulmana.
Las empresas presentaron el domingo documentos ante un tribunal federal de apelaciones, afirmando que el decreto presidencial les está perjudicando.
En los recursos judiciales, entregados al Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, un total de 97 empresas afirman que el decreto “entorpece la capacidad de las empresas estadounidenses de atraer gran talento; aumenta los costos a las empresas; les dificulta a las empresas estadounidenses competir en el mercado internacional”.
Las restricciones migratorias llevarán a muchas empresas a trasladar sus centros de operaciones fuera de Estados Unidos, dijeron los demandantes, entre los cuales están las compañías más reconocidas de Estados Unidos como por ejemplo Uber, eBay y Netflix.
Los demandantes presentaron sus recursos en apoyo a los estados de Washington y Minnesota en sus litigios contra el gobierno. Esos estados han argumentado que las restricciones violan los derechos de la ciudadanía y constituyen discriminación. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito este fin de semana rechazó el pedido del gobierno de derogar la decisión de un juez que ordenó suspender la implementación de la orden ejecutiva.
La orden ejecutiva de Trump estipula que no pueden entrar al país ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen por temores de que entren terroristas. La medida suscitó protestas en aeropuertos de todo el país y generó el caos y la incertidumbre entre miles de extranjeros que trataban de viajar a Estados Unidos.
Trump dice que solo está tratando de proteger a la ciudadanía y que está dentro de su potestad decidir quién puede o no puede entrar al país.
Sin embargo las empresas, en su demanda, afirman que la orden ejecutiva de Trump hará añicos del espíritu emprendedor que caracteriza al empresariado norteamericano.
“Los inmigrantes son los autores de muchos de los más importantes descubrimientos del país y son los fundadores de algunas de las empresas más innovadoras e icónicas”, dice el documento. “La experiencia y la energía de la gente que viene a nuestro país en busca de un mejor futuro, para sí mismos y sus familias, para buscar ‘El Sueño Americano’, es parte intrínseca del tejido social, político y económico de la nación”.
Abogados de los estados de Washington y Minnesota dijeron a una corte federal de apelaciones que la posible restauración del decreto del Presidente Donald Trump que canceló el programa de refugiados y paraliza temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana “desataría el caos de nuevo”.
Ambos estados presentaron a primera hora del lunes sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, después de que la Casa Blanca dijo esperar que los tribunales federales restablezcan las restricciones.
El veto migratorio afecta a ciudadanos procedentes de Siria, Irak, Irán, Yemen, Somalia, Sudán y Libia.
Washington y Minnesota consideraron que cuentan con argumentos sólidos y que la orden nacional de un juez que paralizó la aplicación de la norma en todo el país fue apropiada.
La rápida maniobra judicial de los dos estados estuvo acompañada de informes de la industria tecnológica, que informaron que las medidas migratorias de Trump dañarán su negocio al dificultar la contratación de empleados. Los gigantes tecnológicos como Apple y Google, además de Uber, presentaron sus argumentos ante la corte a última hora del domingo.
Asimismo, los ex secretarios de Estado John Kerry y Madeleine Albright, junto con exfuncionarios de seguridad nacional que trabajaron con el gobierno del Presidente Barack Obama dijeron que la prohibición de Trump interrumpiría vidas y paralizaría las alianzas antiterroristas estadounidenses en todo el mundo, sin hacer más segura a la nación.
El decreto presidencial se fundamentó en una demanda de seguridad nacional, pero abogados de los dos estados explicaron al tribunal que la medida daña residentes, negocios y universidades y es inconstitucional.

AP