Opinión
Federalismo o Centralismo? por VICTOR M. OROZCO
Published
hace 13 añoson
FEDERALISMO O CENTRALISMO?
Víctor Orozco
No parece que en México demos pie con bola en la instauración de un régimen óptimo dentro del cual se desarrollen y complementen las funciones de las autoridades centrales y las de estados y municipios. La llamada reforma educativa, la casi vigente que somete a una ley general los registros de la propiedad así como los catastros municipales y la anunciada según la cual desaparecerán las autoridades electorales de las entidades federativas para integrarse en una sola nacional, son otros tantos avances del centralismo, dentro de este estira y afloja entre regiones y centro, cuyos hitos marcan la historia patria.
Esta pugna entre federalistas y centralistas ocupó buena parte del siglo XIX mexicano. Comenzó apenas se instaló el sistema republicano que sustituyó a la efímera monarquía encabezada por Agustín de Iturbide. La caída del imperio, centralista por definición, fue provocada por un malestar general en las entonces llamadas provincias, algunas de las cuales realizaron una verdadera rebelión en contra del dominio de la capital. El acta constitutiva, redactada a las volandas por Miguel Ramos Arizpe en febrero de 1824, garantizó a los disidentes que la constitución próxima, establecería inequívocamente el régimen federal. Se detuvo de esta manera la diáspora que hubiera llevado a la formación de varios estados independientes. La solución sin embargo no llegó con la rapidez necesaria para detener la separación de las cinco provincias centroamericanas, unidas inicialmente al flamante imperio mexicano. Sí se evitó en cambio la escisión de Zacatecas, Guadalajara (no se llamaba todavía Jalisco) y Oaxaca, quienes ya habían anunciado formar rancho aparte si no se instauraba el sistema federal.
Cada vez que se implantó el centralismo, léase básicamente la designación de autoridades locales por los poderes radicados en la capital del país, sobrevinieron insurrecciones e inconformidades. En 1836 pusieron en vigor aquellas infortunadas Siete Leyes, como se llamó a la constitución general super centralista. Se produjo entonces la rebelión de Zacatecas, vencida a sangre y fuego, para luego castigar a la entidad rebelde quitándole los fértiles distritos del sur, con los cuales se formó el departamento de Aguascalientes. En Texas, los primeros movimientos de oposición que desembocarían en el separatismo, se hicieron bajo la bandera del federalismo, a la cual se unieron no pocos mexicanos residentes en aquel departamento. Años después, la revolución de Ayutla pudo derrocar a la última dictadura clerical-militar de Santa Anna, en buena medida porque se apoyó en la inconformidad generalizada contra la imposición de autoridades locales por el gobierno central. El proyecto oficial era liquidar el federalismo en definitiva, de manera tal que “no volviera a retoñar”, según lo aconsejaba el historiador y político Lucas Alamán en la carta dirigida al dictador para ofrecerle el apoyo del partido conservador. Durante la guerra de reforma, entre 1857 y 1861, parte del triunfo liberal se debió de nueva cuenta a la participación de los estados, temerosos de verse otra vez apabullados o sometidos por el gobierno desde la ciudad de México. Y lo mismo sucedió en la subsecuente guerra contra la intervención francesa, pues el estatuto propuesto por Maximiliano, no sólo desparecía a las entidades federativas, sino que las fragmentaba para formar cincuenta departamentos para cada uno de los cuales nombraba un prefecto. La división territorial obedeció, según se dijo, a criterios científicos. Sin embargo, olvidó o hizo caso omiso de las historias y vínculos regionales. Ello explica el rechazo concitado y la integración en los ejércitos republicanos de las milicias representativas de los estados. «Libres de Chihuahua» o «Libres de Nuevo León», etcétera, se nombraban a los batallones republicanos.
Vinieron luego los años de la restauración de la república y del porfiriato. Durante los treinta del segundo, se mantuvo el federalismo, pero al igual que en muchos otros temas, fue solamente en la forma. El presidente convirtió en subalternos suyos en el mejor de los casos y en verdaderos peones de estribo en los peores, a gobernadores, diputados locales y presidentes municipales. Todos ellos pasaron de ser funcionarios electos legalmente a oficiales designados o nombrados en los hechos. No hubo entonces ninguna región del país en donde no se expresaran inconformidades, ya por la vía de las antiguas “representaciones” o peticiones a los congresos o por la vieja senda de las armas. Al último, la revolución de 1910 obedeció en un alto grado al repudio ganado por el centralismo. Diez años duró el ciclo de las guerras civiles, que consumieron muchas de las fuerzas regionales. Al final, se impuso de nuevo un sistema parecido al anterior: federalista de los dientes para afuera, centralista de facto. Tampoco hubo acuerdo con tal situación, según lo revelan oposiciones constantes venidas de las regiones indispuestas contra las autoridades sometidas al poder ejecutivo federal. Las derrotas electorales sufridas por el PRI, durante las últimas décadas reconocieron orígenes, de nuevo, en la repulsión a este centralismo asfixiante.
Así, la conseja repetida durante mucho tiempo según la cual el sistema federal carece de antecedentes en México, siendo una simple copia del norteamericano, es sencillamente eso, una fábula, que ahora casi ningún historiador se atreve a sostener.
Si bien las demandas e ideario federalistas encuentran sus títulos en las raíces hincadas a lo largo de dos siglos de luchas contra el despotismo del centro, también es verdad que a su sombra han crecido las malas yerbas del caciquismo, las oligarquías locales y los abusos de poder. A veces no sabemos si era mejor el sistema cuyos usos ocasionalmente servían para meter al orden a los gobernadores aprovechados o el actual, que les ha permitido convertirse en sultanes, verdaderos depredadores de los fiscos estatales. Algo similar puede decirse de los presidentes municipales. ¿Cómo olvidar que apenas tuvieron cierta autonomía los ayuntamientos la utilizaron para asignar insultantes sueldos de gerentes y empresarios a regidores y alcaldes?. ¿Y las extravagantes compras o rentas efectuadas por estos últimos (según el sapo) para transportarse en ostentosos vehículos de lujo y hasta en helicópteros?.
Aunque sea muy manida la frase, hemos de aprender de las lecciones venidas de la historia. En la capital de la república muchos dirigentes de esta malhadada plutocracia partidaria padecida por el país, suponen que restringiendo o de plano liquidando las autonomías locales, desde sus poderosos sitiales podrán organizar el Estado y hacer eficientes a sus instituciones. Las resultantes ya son conocidas: la hipertrofia y prepotencia de la burocracia federal, la inopia política en las entidades federativas, el país de una metrópoli concentradora de recursos económicos y culturales. Previsiblemente, inconformidades y conflictos en la escala de la protesta hasta la rebelión.
El pacto federal no es eso. Implica establecer unas pocas reglas claras y generales donde se prescriban facultades, se distribuyan los recursos disponibles con equidad, se obligue a la austeridad y se proscriban la impunidad y el despilfarro. Acompañadas estas normas por otras en las cuales se prevean sanciones a los funcionarios ineficientes, abusivos o ladrones.
—
VÍCTOR OROZCO
|
|
Opinión
Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.
Published
hace 4 díason
May 29, 2026
Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.
La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.
Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.
Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.
No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.
Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.
Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.
Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.
Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.
Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:
«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.
Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.
Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.
Parece un político concentrado en administrar daños.
Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.
La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.
Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.
Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.
Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.
Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.
Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador
Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.
Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.
Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los
estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.
Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.
Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.
Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.
Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un
juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.
Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.
Esa es la verdadera decadencia.
No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

You must be logged in to post a comment Login