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CIUDAD JUÁREZ I911. LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN por VICTOR OROZCO

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CIUDAD JUÁREZ 1911. LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN

 

 

Al triunfo revolucionario, sellado con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, le siguió una situación llena de contradicciones. El primero de los reproches, venido del campo revolucionario, es que se modificaba el Plan de San Luis Potosí, en varios puntos claves: se reconocía la legitimidad del Presidente Díaz, el jefe de la revolución no asumía el carácter de presidente, no se juzgaría a los funcionarios federales, nada se decía sobre la devolución o restitución de tierras usurpadas a los pueblos,  no se sometió a juicio sumario a los militares que ordenaron el fusilamiento de prisioneros revolucionarios (el caso más patente fue el del general Juan J Navarro, jefe de la guarnición de Ciudad Juárez), se ordenó el licenciamiento de las tropas revolucionarias.  Francisco I Madero se defendió de la crítica señalando que la revolución había triunfado y lo mejor era ser magnánimos y esperar al establecimiento del nuevo régimen para iniciar los cambios.

 

Quizá tenía razón, pensando en el liderazgo nacional indiscutible que adquirió personalmente después de la caída de la dictadura. Ello le permitiría acceder al poder con una legitimidad indiscutida. La revolución trastocaba el viejo régimen, (se suponía) pero lo haría dentro de la ley, puesto que el tránsito de un gobierno a otro seguía rigurosamente el mecanismo constitucional: renuncia-interinato-elecciones-nuevo presidente. Así pensaba el caudillo- demócrata. El problema estribaba en que el triunfo no se había alcanzado por la vía pacífica, sino por la lucha armada. Y los impulsores y sostenedores de ésta, no estaban para recibir las gracias y un bono de puras esperanzas u ofrecimientos para las demandas alzadas en el curso de la lucha. Muchos de los más fieles seguidores del presidente Madero como Máximo Castillo lo abandonarían y otros no se irían a las filas de los inconformes básicamente por rencillas viejas con alguno de sus dirigentes. Fue el caso de Francisco Villa, enemistado con Pascual Orozco, quien encabezó la insurrección antimaderista en 1912.

 

Se olvidó igualmente una lección fundamental del triunfo liberal en 1861. En ese año, la primera medida tomada por la revolución fue la disolución del ejército profesional, que descendía del realista y había ejecutado el golpe de estado de 1857.  En 1911, no se quiso o no se pudo hacer lo mismo, puesto que la fuerza armada porfirista no había sido derrotada militarmente, sino paralizada por su incapacidad para enfrentar al mismo tiempo a los levantamientos que surgieron en buena parte de la geografía nacional.  Apenas un mes después de la firma de los convenios, Abraham González, el flamante gobernador provisional de Chihuahua expedía una proclama en la que sostenía: «Ex Revolucionarios y soldados del Ejército Libertador: Al lanzarnos a la lucha para conquistar nuestras libertades siempre tuvimos presente que los soldados federales eran parte integrante del pueblo y hoy,  ellos como todos los buenos conciudadanos mexicanos , cooperan al sostenimiento de los altos principios conquistados  y, por lo mismo son acreedores a nuestras más sinceras consideraciones»        

    Era el mismo mensaje que difundía por toda la República Francisco I Madero, el líder de la revolución. A su triunfante paso por pueblos y ciudades desde Piedras Negras, Coah., de donde partió el 3 de junio de 1911,  hasta la Ciudad de México, insistía una y otra vez en su optimismo desbordado. La revolución había concluido, ahora todos eran hermanos en los mismos ideales. Quizá le faltaba sufrir las tribulaciones mayores con la rebelión zapatista que no cesaba en los pueblos de Morelos, donde apenas comenzaba a crecer y a tomar forma. El 29 de noviembre de ese año se abanderaría con el Plan de Ayala, tornado después en un símbolo de las luchas campesinas.  En Chihuahua igualmente crecían el malestar y las inconformidades entre sus seguidores y aliados. Este desasosiego se convertiría en una insurrección armada nueve meses después, bajo un programa radical escrito en el Plan de la Empacadora, del 25 de marzo de 1912, que recogía puntualmente las demandas del movimiento social generado en la entidad y en otras zonas del país.

           

Por lo pronto, apenas huido el dictador,  se produjo una especie de eclosión democrática, en la cual distintos sectores y grupos sociales se estrenaron en la práctica de expresar libremente sus inquietudes, demandas e inconformidades. La revolución cumplía su primera tarea, el derrocamiento de la dictadura y la apertura hacia un horizonte de libertades.  Esto implicó la apertura de una gran brecha por donde se precipitaron las aguas estancadas por décadas. La ciudad de Chihuahua y otros varios sitios en los cuales se habían manifestado conflictos sociales muy pronto ardió en actividades hasta ese momento desconocidas. Surgieron clubes políticos por doquier, se eligieron directivas, se publicaron folletos, el suntuoso Teatro de los Héroes, antaño reservado a las familias de la élite, se llenó de trabajadores quienes asistían a convenciones, conferencias, funciones dramáticas. Ideólogos y luchadores sociales encontraron las plazas y auditorios llenos de atentos escuchas, por primera vez en sus azarosas carreras de perseguidos, sin el temor de caer en las crueles cárceles porfiristas. Los desfiles y marchas obreras o políticas se integraron al paisaje social, ante la incredulidad o la sorpresa de la población, incluso de los mismos manifestantes, quienes comenzaron a descubrir su propia existencia política.

 

Los trabajadores tranviarios declararon la huelga por aumento de salarios y les siguieron empleados de comercio por el descanso dominical y a quienes se les obligaba a trabajar los siete días de la semana, después los panaderos, las obreras de la fábrica de ropa La Paz, también de la fábrica de hilados y tejidos La Concordia, cuyos operarios demandaban la reducción de la jornada de trabajo de 12 o 14 horas diarias a diez. En Madera, estallaron varios conflictos  entre los trabajadores del aserradero -el más moderno de América Latina, según presumía su dueño el coronel William Green, conocido represor de los mineros de Cananea, Sonora, cinco años antes- . Incluso hubo confrontaciones violentas con trabajadores norteamericanos, por la discriminación que sufrían los mexicanos. También hubo huelgas en la fundición de la American Smelting Company (ASARCO) en Avalos, población contigua a la ciudad de Chihuahua, compuesta por una sección privilegiada donde vivían los norteamericanos y por otra destinada a las barriadas obreras.

Pronto se planteó la necesidad de coordinar estas luchas, empezando por la solidaridad económica, porque los trabajadores en activo sostenían a los huelguistas. Se propuso que las huelgas fueran escalonadas, con el fin de garantizar el suministro de víveres a las familias de quienes no recibían salario. Finalmente, se dio un paso trascendental en la organización de la clase obrera mexicana, cuando el de 5 julio de 1911, las agrupaciones obreras de la ciudad de Chihuahua hicieron un llamamiento a los obreros de la República Mexicana a constituir una Confederación Nacional de Trabajadores «que luche por la emancipación del proletariado» y a la que podrían integrarse «Todos los hombres y mujeres que se ganen el sustento con su propio trabajo». Se proponía en el documento la instalación de una oficina central de la Confederación, encargándose provisionalmente de ella con el carácter de  miembros del Comité Nacional Organizador a Juan Sarabia, Antonio I Villarreal y Paulino Martínez, conocidos militantes del Partido Liberal Mexicano. Igualmente se incluían otras propuestas estatutarias para la futura organización. La temprana convocatoria de los obreros de Chihuahua a sus camaradas de todo el país, terminaba con una vehemente exhortación: «Apresuraos obreros a agruparnos en la «Confederación Nacional de Trabajadores» y así seréis, hoy, fuertes en el seno del unionismo y, mañana, libres y felices en el seno de una sociedad igualitaria y justa, que habréis tenido la satisfacción de crear con la tenacidad de vuestro empuje, con el fuego de vuestra abnegación».  Firmaron el documento las siguientes agrupaciones: Unión de Tipógrafos Gutenberg, Unión de Sastres, Unión de Carpinteros, Unión de Caldereros, Unión de Moldeadores, Unión de Canteros y Albañiles, Unión de Mecánicos, Unión de Obreras de «La Novedad», Sociedad Nicolás Bravo de Panaderos, Sociedad Cuauhtémoc de Jornaleros y Sociedad Zaragoza de Sastres.

Todas estas expresiones de un movimiento social en ascenso, muestran la enorme relevancia que tuvo la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios y la caída de la dictadura. De allí en adelante nadie podía dudar que en México se puso en marcha una verdadera conmoción social, compleja, llena de ambigüedades y visiones encontradas, en la que convivieron el caudillismo militar, las militancias radicales, los prejuicios racistas, el antinorteamericanismo, los odios de clase, los anhelos de emancipación y de grandeza nacional, el altruismo y la entrega a la causa de la justicia, el valor personal llevado hasta la temeridad, el despliegue de las utopías y la búsqueda de todas las liberaciones: del poder político, del económico, del religioso. Así fue nuestra revolución.

 

 

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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