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Una detective hispana de Arizona renuncia tras revelarse que es indocumentada

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Toda su vida, Carmen Figueroa creyó que había nacido en Estados Unidos. Es lo que su madre le había dicho siempre.
Pero una investigación del Departamento de Estado encontró que nació en el extranjero y la llevó de manera ilegal al país cuando era muy joven. El descubrimiento puso fin de forma abrupta a una carrera de 10 años para la detective policial de Arizona.
Figueroa fue obligada a renunciar o, de lo contrario, sería despedida. Bajo la ley de Arizona, un inmigrante indocumentado no puede ser un agente.
Su historial como funcionaria incluyó elogios y ascensos.
El caso es un recordatorio de cómo las leyes de inmigración del país pueden cambiar drásticamente vidas enteras. También despierta dudas sobre cómo son vigilados potenciales empleados públicos y qué tan fácil pueden ser ocultados datos tan básicos como el lugar de nacimiento.
“Ella era grandiosa, muy querida. Es una triste historia”, dijo Bart Graves, un vocero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona.
Figueroa se unió a la fuerza policial como agente de patrulla carretera hace 10 años y en 2010 se convirtió en detective.
La detective probablemente hubiera continuado en sus funciones si no hubiera sido por la investigación del Departamento de Estado.
El hermano de Figueroa había aplicado por un pasaporte mientras estaba en la Fuerza Aérea, dijo Graves, y durante ese proceso el Departamento de Estado lo etiquetó por su ciudadanía.
“Cuando ella fue informada por el Departamento de que ella y su hermano no eran ciudadanos estadounidenses fue la primera vez que escuchó de eso”, dijo Graves. “Su madre le había dicho que había nacido en este país”.
El Departamento de Seguridad Pública fue notificado de la investigación en septiembre y colocó a Figueroa bajo licencia administrativa con goce de sueldo hasta el lunes pasado, cuando renunció, dijo Graves.
El Departamento de Estado realizó una investigación criminal y en octubre decidió que no presentaría ningún cargo contra Figueroa, según Graves.
El gobierno de Arizona analiza con funcionarios federales si presenta algún cargo penal, detalló Graves.
Figueroa no respondió a las llamadas de CNN para hacer comentarios sobre el caso.
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Marzo será el mes de las mujeres en el Estado de Chihuahua

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Las mujeres han sido clave en el desarrollo social, cultural, económico y político del Estado, pero continúan enfrentando desigualdad, discriminación y violencia que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, por ello, el Congreso del Estado declaró el mes de marzo como “Mes de las Mujeres”, acto que representa una acción afirmativa que busca fortalecer la participación social e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad dio lectura al dictamen correspondiente, en el cual se detalla que la ONU ha establecido como objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, por ello la necesidad de fortalecer las acciones necesarias.

El 8 de marzo de cada año, es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, fue en el año de 1975 establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha conmemorativa para reconocer su igualdad, justicia y participación plena en la sociedad, a esta conmemoración se unen las mujeres de todos los continentes; por ello, Chihuahua refuerza las acciones con la declaratoria, a fin de convertir al mes citado, en un periodo dedicado a acercar la historia, la cultura y las diversas realidades de las mujeres a la sociedad.

Es importante destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará; así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas, acciones de capacitación y programas de sensibilización dirigidos a eliminar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a esta declaratoria, fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.

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