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EL CAMPO NI ES COMO LO VE SARMIENTOpor VICTOR QUINTANA SILVEIRA

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EL CAMPO NO ES COMO LO VE SARMIENTO.

Por: Víctor M. Quintana S.

 

Entre lo mucho se ha escrito sobre los veinte años de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), queremos comentar, por la difusión que han tenido, dos artículos del periodista Sergio Sarmiento,. El primero fechado a 3 de enero se titula “TLC de pesadilla”, el segundo, el ocho del mismo mes,  “Tirar dinero al campo”. En ellos el autor, a pesar de que maneja algunos datos duros, cae en los lugares comunes que emplean reiteradamente quienes opinan del campo desde afuera.

 

En la primera  entrega Sarmiento critica a quienes consideran al TLCAN como “una pesadilla”, pues según él, el poco progreso que hemos tenido los últimos 20 años se debe al TLCAN y a otros tratados: gracias a ellos crecieron el comercio, la producción y las exportaciones. Argumenta que  es un engaño atribuir al tratado la pobreza y aunque el sector agropecuario creció durante estos veinte años menos que la economía en su conjunto, es un hecho que sus exportaciones y su producción  se incrementaron. En la segunda entrega califica como un “tirar el dinero” lo gastado o invertido en el campo, pues mientras el presupuesto se ha aumentado en un 500% en veinte años, la producción de los 52 principales cultivos, apenas en un 50%. Para él ni la falta de productividad, crónica en el sector,  ni la pobreza se superarán con el gasto así manejado y el obstáculo para hacer un campo productivo, es la Ley Agraria pues atenta contra los derechos de propiedad y propicia la fragmentación del territorio.

 

Ciertamente el sector agropecuario ha  crecido a menor ritmo que la economía en su conjunto a partir del TLCAN, pero no sólo: su aporte al producto nacional bruto ha disminuido en términos porcentuales y se ha disminuido sensiblemente la producción de alimentos básicos: oleaginosas, frijol y trigo. Si bien se incrementaron espectacularmente las exportaciones agroalimentarias, también lo hicieron las importaciones de tal manera que la balanza comercial agroalimentaria en estos años es deficitaria en más de 45 mil millones de dólares.  Ahora exportamos más tomate, cerveza, tequila, aguacate y frutas tropicales, productos casi todos en manos de un puñado de empresas trasnacionales;  lo que importamos son alimentos básicos: maíz, carne, leche, arroz, trigo, entre otros, y de nuevo, las importaciones están controladas también por un puñado de grandes empresas como Maseca, Bimbo, Lala, etc. No han sido beneficiados, pues,  los productores campesinos y los pequeños productores en general que cosechan sobre todo granos básicos y oleaginosas; al contrario, tienen que competir con lo que se importa a preciodumping. La concentración de la exportación e importación de bienes agroalimentarios sólo ha beneficiado a un puñado de empresas y ha hecho quebrar decenas de miles de explotaciones campesinas, al punto que desde el inicio del tratado se ha perdido cerca del 20% del empleo rural.

 

El que el presupuesto destinado  al campo sea un “tirar el dinero”, como dice Sarmiento, es un lugar común que hay que deconstruir con precisión. Ciertamente el presupuesto de SAGARPA y del Programa Especial Concurrente que conjunta todo lo que las dependencias federales invierten o gastan en el medio rural, se ha incrementado en la proporción que Sarmiento señala, pero no de manera pareja. Hay una economía política de ese tiradero, es decir, el dinero para el campo no se tira, sino que se canaliza para fines y para beneficiarios muy concretos y muy reducidos, por cierto. Algunos datos: sólo el 4 por ciento de las 5.5 millones de unidades de producción agropecuaria, accede al crédito; el 10 por ciento de los productores agropecuarios, los de riego, los más ricos,  concentra el 60% de los subsidios. El gasto público agrícola se concentra en los estados más ricos: Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco y Sonora, que juntos se llevan casi el 40% del gasto. En cuanto a productores, el diez por ciento más pobre recibe cuando más un 2.9% del subsidio Procampo y un 0.1% del subsidio ingreso-objetivo; mientras que el 10% más rico recibe un 41.8 y hasta un 89 por ciento, respectivamente. (John Scott, “Subsidios para la desigualdad”). Entonces la mayor parte del dinero para el campo que se ha “tirado” para beneficiar a los productores y regiones más ricas, para hacerlas más productivas; en cambio, los productores y regiones más pobres han recibido en su mayoría programas asistenciales, como Oportunidades, para subsistir, no para desarrollar sus capacidades productivas.

 

Por otro lado, con la contrarreforma agraria de Salinas en 1992, se dijo se pretendían los objetivos que Sarmiento ahora propone, como dar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra, permitir el arrendamiento y venta de la tierra para capitalizarla y evitar la fragmentación, etc. Con respecto a estas reformas, las organizaciones campesinas argumentan que las tierras que antes producían alimentos para los mexicanos, han sido adquiridas o arrendadas por los capitalistas para la siembra de productos de exportación, proyectos turísticos o inmobiliarios; los recursos mineros, que antes fueron de los mexicanos, están en poder de trasnacionales, principalmente canadienses; el agua, indispensable para la vida, está yendo a parar a empresas privadas que la convierten en mercancía. Para quienes han querido hacer negocio en el campo desde 1994, la ley no ha representado ningún obstáculo. Que se quiera volver a reformar para dejar aun más indefensas a las comunidades ante las trasnacionales es seguramente lo que pretende Peña Nieto con su anunciada reforma al campo y opiniones como la de Sarmiento abonan en ese sentido.

 

A pesar de todo hay dos verdades sólidas en toda la tinta que ha corrido estos días. Nadie niega, primero, que la situación del campo, sobre todo de las mayorías campesinas sigue deteriorándose y, segundo, que las políticas públicas hacia el sector por lo menos los últimos veinte años, han sido causa eficiente de dicho deterioro.

 

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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