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Los derechos de los rarámuris por Victor Quintana Silveira

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Por más que se esconda, en este país sigue hay racismo institucional. Racismo legal, administrativo, procedimental. A pesar de él, las comunidades rarámuri de Chihuahua, resisten con paciencia, sin aspavientos. Se movilizan, se asesoran,  acuden a las diversas instancias gubernamentales Tan sólo en las últimas semanas, cuatro comunidades de la Sierra Tarahumara  han mostrado su músculo tranquilo en la defensa de su agua, su territorio y su autodeterminación.

 

La comunidad de Huitosachi acaba de ganar un litigio  a Fomento Agropecuario Campo Lindo SA de CV y a los hermanos Elías Madero por la titularidad de más de 253 hectáreas en el municipio de Urique. Lograron echar para abajo un fallo contra la propiedad comunal  emitido en noviembre de 2013 por el Juzgado Segundo con sede en Chínipas. Lo apelaron debido a las irregularidades cometidas durante el proceso, sobre todo porque el Juez no tomó en cuenta las pruebas aportadas por los indígenas. Ahora la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Chihuahua falló a favor de los rarámuri de Huitosachi, y en adelante serán los legítimos propietarios de las tierras, hasta ahora en litigo.   En la resolución la autoridad judicial tomó en cuenta las sentencias favorables que los pueblos indígenas de otros países han obtenido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al derecho al territorio, así como el Convenio 169 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y  el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas”, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Basada en esa legislación, reconoció que hay elementos jurídicos suficientes para resolver y respetar los derechos de los rarámuri.

 

Por su parte, la comunidad de San Elías Repechique,  irrumpió pacíficamente en el Coloquio Nacional de la Lengua Materna para manifestar su inconformidad por la construcción del aeropuerto y el gasoducto de Creel. Solicitan al gobierno el respeto a una consulta previa, libre e informada misma que nunca se dio, para llevar a cabo las obras mencionadas. Los gobernadores indígenas afirman que las instancias gubernamentales no les han reconocido su territorio y han hecho proyectos sin consultarles, a pesar de que ya hay resoluciones judiciales que así lo establecen. Denuncian  que  la construcción del aeropuerto afectará el paso de sus niños hacia la escuela y que el gasoducto pasará por terrenos dedicados al pastoreo de ganado y al cultivo de granos para el autoconsumo sin contar con que atenta contra su forma de vida. Se rebelan contra el turismo invasor que se posesiona de sus territorios y de sus paisajes, convirtiéndolos en una parte de ellos.

 

Para la  comunidad de Bacajípare la defensa de  su dignidad comienza defendiendo su derecho al agua limpia y al saneamiento, recientemente incorporados a nuestra Carta Magna.  Se acaban de manifestar  frente al Hotel Parque Aventuras, porque éste y los hoteles  de cinco estrellas Mirador, Posada Barrancas y Divisadero, ubicados en la ceja de la Barranca del Cobre, desde hace 17 años comenzaron a descargar sus aguas negras en terrenos de la comunidad y han contaminado los manantiales de donde se abastecen de agua, provocando muchas enfermedades entre los indígenas. Bacajípare empezó su combate legal por su derecho al agua limpia en 2002. Sin embargo,  hasta ahora, ni la Conagua, ni el gobierno estatal han puesto fin a las descargas, ni las empresas hoteleras han exhibido los correspondientes permisos de descarga conforme marca la ley. La comunidad demanda que el gobierno del estado cumpla los acuerdos tomados con ella desde febrero del año pasado,  que Conagua cumpla con su deber y no simulen que ya se solucionaron los problemas. Para mayor presión han acudido ya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Las tres comunidades mencionadas cuentan con el acompañamiento y la asesoría de CONTEC, asesoría técnica comunitaria.

 

Por otro lado, el 1 de marzo, la comunidad de Bakéachi, siempre en pie de lucha, se hizo presente en la capital del estado, como viene haciéndolo desde 2011 para conmemorar el cuarto aniversario  del asesinato de Ernesto Rábago, asesor de ellos y compañero de su asesora jurídica, la Lic. Estela Ángeles Mondragón, ambos de la asociación Bowerasa.  Tanto en la misa celebrada en lengua rarámuri  por sacerdotes redentoristas y jesuitas, como en el rito que llevaron a cabo en la cruz clavada frente a Palacio de Gobierno en memoria de Ernesto, losbakéachis volvieron a demandar justicia a las autoridades. Reiteraron su determinación de continuar su lucha jurídica y social  por sus territorios, de los que ya han recuperado varios miles de hectáreas invadidas por ganaderoschabochis.

 

Mucho hay que aprender de  la acción tesonera y paciente de los rarámuri. Con su  resistencia  a  la globalización unilateral y excluyente en los tres ejes que atraviesan casi todas las luchas indígenas en América Latina: territorio, agua, autodeterminación, nos muestran desde su modestia  uno de los caminos para una globalización desde lo local, desde lo comunitario, desde el encuentro  con la naturaleza.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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