El Gobierno del Estado prepara una iniciativa para crear una nueva empresa pública estatal que liquidará a la privada Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC), actual propietaria del Vivebús, la cual opera con un déficit estimado de entre 80 y 100 millones de pesos, acumulado en los 9 meses que tiene de operación el sistema.

La nueva empresa pública, que se encuentra en fase de diseño, deberá ser aprobada por el Congreso del Estado y podrá comenzar a operar la ruta troncal que existe actualmente, así como las sucesivas rutas que se desarrollen en la capital del estado; mientras que las alimentadoras se mantendrán en el régimen de concesiones vigentes, que son propiedad de más de 500 dueños de camiones urbanos.

Para liquidar a la CTC, el Gobierno del Estado deberá asumir el déficit acumulado hasta la fecha, a la par del control de la ruta troncal que actualmente se maneja mediante un fideicomiso privado, cuyas cuentas no se conocen por las autoridades, pero el dinero que se recauda no es suficiente para el mantenimiento de unidades, pagos a proveedores y gasto en nómina, que se presume se encuentra inflada.

El único antecedente de una empresa pública estatal en los años recientes es la que se creó para obtener la concesión del aeropuerto de Creel, actualmente con obras suspendidas a causa de un amparo federal, por lo que la de transporte público sería la segunda que se forme, regida por el Gobierno del Estado.

La iniciativa deberá presentarla el gobernador César Duarte al Legislativo, la cual deberá ser revisada por las fracciones parlamentarias, que decidirán si respaldan o rechazan la propuesta, pero es previsible que se apruebe debido a que el Partido Revolucionario Institucional tiene el grupo mayoritario.

En la propuesta, de acuerdo con fuentes del gobierno estatal y de la empresa CTC, se establece que la nueva empresa contará con un organismo de dirección y absorberá al personal operativo necesario para asumir por completo el control de la ruta troncal, además se hará responsable del mantenimiento de las 84 unidades que circulan por la misma y de todo el mobiliario, estaciones e infraestructura con que cuenta el sistema.

Contempla la contratación de personal, probablemente el mismo que actualmente se encarga de las labores operativas, así como un nivel directivo que deberá ser ocupado por especialistas en materia de transporte, con lo que se eliminaría uno de los problemas que tuvo la conformación de la CTC, la cual creó puestos directivos dependientes de la nómina, que fueron repartidos entre los mismos concesionarios.

Señala además que la nueva empresa de Gobierno del Estado se encargará de la ruta troncal actual y de las siguientes que se construyan, es decir que ya prevé nuevas obras en materia de transporte para crear más rutas de las existentes, independientes de las rutas alimentadoras.

La propuesta será planteada a organismos como la CTM, la CROC y la CNOP, así como por otros grupos que existen al interior de la CTC, que están en contra de la desaparición de la coordinadora privada actual, que además piden regresar al esquema de cobro anterior, algunos subsidios y beneficios por parte del Gobierno del Estado, sin embargo el modelo de empresa pública es la iniciativa que impulsará el Ejecutivo Estatal para comenzar a dar solución a la serie de quejas que ha registrado el Vivebús desde sus inicios hace un año, aunque tenga sólo 9 meses que inició a cobrar el servicio.

La iniciativa argumenta que el responsable del servicio público es el Gobierno del Estado y por lo tanto debe tomar las decisiones pertinentes para dar solución a las demandas y necesidades en esta materia.

De aprobarse la creación de una nueva empresa, la Coordinadora de Transporte Colectivo perdería su razón de ser y por lo tanto desaparecería, acuerdo que en el que aún trabajan el Gobierno del Estado y los concesionarios.

SUS INICIOS

La Coordinadora de Transporte Colectivo, actualmente en quiebra, comenzó formalmente el 9 de febrero del año 2012, cuando los 528 concesionarios de camiones urbanos firmaron el acta constitutiva de la empresa privada, que operaría el sistema Vivebús, que habría de ponerse en marcha en noviembre de ese año, pero que se retrasó hasta mayo de 2013, cuando inició de manera gratuita, para dar paso al cobro de la tarifa normal en agosto de 2013.

Los objetivos de la unión de concesionarios era operar la nueva empresa para dar el servicio de transporte público de mayor calidad, rápido, seguro y cómodo, además de ecológico, dado que evitaría las emisiones de camiones más contaminantes y desincentivaría el uso de automóviles particulares.

El presidente del consejo de administración que integró la empresa fue Armando Méndez Villalobos es también secretario general de Permisionarios Unidos de Trabajadores del Volante, la agrupación de los concesionarios de camiones urbanos.

Con la creación de la empresa fueron formalizados los contratos de compra de 84 unidades nuevas, los camiones rojos, que actualmente circulan en la ruta troncal, mediante un crédito y cuyo estatus actual se desconoce.

Entre otros objetivos de la CTC, también estaban la selección y capacitación del personal operativo de los camiones de la ruta troncal, la modernización del sistema de pago mediante tarjetas electrónicas y el cobro suficiente para el pago de la nómina, proveedores y utilidades, desde el momento de su operación.

Al tratarse de una empresa privada, sus finanzas no son conocidas por la autoridad, debido a que todo se maneja a través de un fideicomiso bancario, donde los directivos de la CTC deciden cuál es el destino de los recursos que se recaban, mediante las tarjetas de prepago, que también forman parte de las quejas actuales.

Las cuentas y estados financieros de la CTC se desconocen, debido a que los directivos sólo han mostrado parte de información en las reuniones con funcionarios de Gobierno.

En el Congreso del Estado se presentó la semana pasada, por parte del PAN, una iniciativa para darle facultades a la Auditoría Superior del Estado para que revise las finanzas de empresas que prestan un servicio público concesionado, sin embargo la propuesta no ha sido siquiera discutida en comisiones legislativas.

Al ponerse en marcha una nueva empresa pública, es previsible que exista un acuerdo de los concesionarios y Gobierno para liquidar la CTC y todas sus funciones sean asumidas por un nuevo organismo.

300 CONCESIONARIOS SIN UTILIDADES

Cúmulo de errores llevan a números rojos:

El sistema de transporte Vivebús quebró a causa de una tarifa inadecuada, directivos no especializados en materia de transporte, exceso de personal y aviadores en la nómina de la CTC, fallas en el sistema de cobro y en el suministro de tarjetas, así como estudios obsoletos de demanda de usuarios, según lo detectado en el diagnóstico que realizaron autoridades y concesionarios en las reuniones para definir soluciones a los problemas que presenta.

Los errores han generado que 300 concesionarios no hayan recibido utilidades por la operación de sus camiones, cuando en el anterior sistema de transporte alcanzaban ganancias de entre 30 y 45 mil pesos al mes, y en el actual se les había prometido un promedio de 16 mil pesos de utilidades mensuales en lo que se pagaban los créditos para la adquisición de unidades nuevas.

De acuerdo con el análisis del que se partió para buscar alternativas de solución a la crisis del Vivebús, los estudios que se realizaron de manera previa para medir la demanda del servicio eran antiguos y no apegados a la realidad, razón por la que la cantidad de usuarios nunca correspondió a la de tarjetas, camiones y horarios fijados para las rutas.

Además, con la tarifa actual de 6 pesos la inicial y 2 pesos el trasbordo, no es suficiente para cubrir los costos de operación como combustibles, mantenimiento, pago de empleados y proveedores, por lo que los propietarios de la CTC han insistido en aumentarla y hacer más restrictiva la entrega de tarjetas preferenciales.

Según el diagnóstico, la tarifa de 6 pesos autorizada, que tiene más de 5 años en ese costo, no se considera apropiada, mientras que la de dos pesos de trasbordo se definió sin criterios técnicos, es decir, sin estudios que determinaran la viabilidad de la misma y de todo el sistema para ese cobro menor.

Otro factor que ha hecho crecer el déficit es la falta de pago, pues hace un año comenzó siendo gratis y posteriormente se hicieron trampas por parte de los usuarios para evitar pagar, además de las fallas en el sistema de recaudo, que mantuvo por semanas sin ingresos a las rutas alimentadoras.

También fueron puestas en circulación 100 unidades que ya habían sido dadas de baja, para ser utilizadas en las rutas alimentadoras a falta de estudios y proyecciones que midieran la demanda real. Esas unidades en circulación representaron costos no previstos en el modelo financiero original.

Fuente: El Heraldo de Chihuahua.