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Restos de más de 25 mil asesinados, a la fosa común de 2006 a 2011

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Los restos de más de 25 mil personas asesinadas entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 fueron enviados a fosas comunes por no haber sido identificados por las autoridades ni reclamados por algún familiar, y esas son estimaciones que se han hecho a partir de la información que cada procuraduría ha vertido durante las recientes tres conferencias nacionales de procuración de justicia, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el periodo mencionado, oficialmente se contabilizaron 47 mil 515 homicidios dolosos; de ellos, alrededor de cinco mil se desempeñaban como militares (marinos y soldados), policías federales, estatales o municipales; el resto, eran civiles.

De los más de 40 mil ciudadanos que fueron asesinados “en realidad no se investiga ni 30 por ciento de los casos en las procuradurías locales, y la mayoría se queda en el ámbito de las autoridades estatales, debido a que la Federación requiere que se acredite que el crimen fue cometido o esté relacionado con la delincuencia organizada.

El nivel de identificación en las procuradurías locales oscila entre tres y cuatro de cada 10 restos, y los otros seis o siete son enviados a la fosa común al cumplirse el periodo que marcan las legislaciones de cada entidad, que puede ser hasta de un año. Pero existen casos en los que en apenas dos meses se declaran no identificados y se envían a la fosa común.

De diciembre de 2006 a septiembre de 2011, de los más de 40 mil homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado, la PGR solamente tomó en sus manos mil 500 casos (entre ellos los restos localizados en las narcofosas de Tamaulipas, Durango y Chihuahua entre 2011 y 2012) y se obtuvo una eficacia de 70 por ciento en cuanto a identificación y entrega de los restos a sus familiares”. Alrededor de 450 restos fueron enviados a fosas comunes, señalaron los funcionarios entrevistados, los cuales participan en la elaboración del protocolo con el cual se pretende crear una base de datos de personas asesinadas y desaparecidas.

Las fuentes consultadas refirieron que uno de los grandes problemas que enfrentan las procuradurías locales para la identificación de las víctimas es la falta de infraestructura y recursos, ya que cada examen genético que se realice de manera completa tiene un costo que va de 15 mil a 20 mil pesos.

Existen casos, como ocurrió con la Procuraduría General de Justicia de Durango, donde han sido enviados a la fosa común más de dos mil restos entre 2006 y 2011, y de ellos 300 fueron localizados en fosas clandestinas e inhumados con trascabos y sin ninguna medida de preservación.

En esa entidad, la procuraduría local pidió a las personas que acudieron a tratar de identificar a sus familiares entre los restos localizados, que ellos costearan sus estudios genéticos para que las autoridades tuvieran con qué comparar los perfiles que se obtuvieran de los restos localizados.

Asimismo, se informó que a nivel nacional solamente existe el banco de datos genéticos que inició la PGR, que contiene los registros de ADN de los 72 migrantes ejecutados y las 193 personas inhumadas clandestinamente por los Los Zetas, algunos asesinados en Michoacán, Sinaloa, Durango, Coahuila, Guerrero, Chihuahua y Nuevo León.

Las entidades donde se registró, oficialmente, el mayor número de homicidios entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 son: Chihuahua, con 12 mil 439 casos; Sinaloa, 5 mil 487, Guerrero, 4 mil 293; México, con 2 mil 118; Tamaulipas, 2 mil 583; Michoacán, 2 mil 295, Nuevo León, 2 mil 104; Coahuila, mil 211; Durango, 2 mil 601, y Baja California con 2 mil 275.

En mayo de este año, el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis García López-Guerrero, señaló que en 80 o 90 por ciento del país no existen condiciones para conservar los cadáveres por tiempos prolongados para su estudio e identificación, a tal punto que en varias entidades ni siquiera hay servicio médico forense, por lo que las autopsias son realizadas en agencias funerarias privadas. Además, dio a conocer que las estadísticas de esa institución habían cuantificado que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008 la cifra de personas fallecidas no identificadas ascendía a 10 mil 783.

 La Jornada

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México

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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