Una estudiante presidenta de la clase de último año de la secundaria, con calificaciones promedio de 4,2, quien está entre el 5% de los mejores de su clase y ha dedicado su tiempo libre para orientar a los estudiantes jóvenes y ha realizado esfuerzos en contra del acoso, ahora está viendo como se desvanecen sus sueños universitarios.
«Todo el mundo me dijo: ‘esfuérzate en la escuela y tendrás muchas oportunidades’, y yo les creí». Pero Karla Fernández ha aprendido que sus oportunidades son significativamente más limitadas que las de sus compañeros, porque sus padres entraron a los Estados Unidos ilegalmente desde México, cuando Karla tenía 3 años de edad.
La destacada estudiante del Ben Davis High School de Indianápolis, de quien habló una antigua profesora diciéndole al Indianapolis Star: «ha hecho todo bien… ha hecho las elecciones correctas», fue aceptada en la Universidad Estatal Ball en enero. Pero bajo la ley de Indiana, Fernández no califica para la matrícula estatal allí o en cualquier otro de los colegios universitarios o universidades públicas del Estado, debido a su situación legal.
Si Fernández no puede pagar los 33.000 dólares para la matrícula de cuatro años de la Universidad Estatal Ball para no residentes del estado, se le negará esa oportunidad prometedora por la que se esforzó y quiere más que nada. En comparación, la matrícula para residentes del estado en la Universidad Estatal Ball es de aproximadamente 1.7000 dólares por año.
Como hija de inmigrantes ilegales, Fernández tampoco es elegible para la mayoría de las becas u otros servicios financieros de ayuda disponibles para otros estudiantes universitarios.
Con sus opciones limitadas y la propuesta de ley federal bipartidista DREAM -que proporcionaría mayores oportunidades de educación para aproximadamente 65.000 estudiantes como Karla que ingresaron a los Estados Unidos siendo niños- que muy improbablemente avance pronto debido al estancamiento político en el Congreso, Fernández ha puesto en marcha una campaña de recaudación masiva de fondos para cubrir la matrícula para no residentes del estado.
«Por favor, vean esto como una inversión», explica la joven de 18 años de edad en su página Go Fund Me, donde ha recaudado hasta el momento más de 16.000 dólares hacia su meta de 25.000 dólares. «Invierta en mi educación porque sé que un día seré capaz de hacer grandes cosas con la gente, no solo en mi comunidad sino en todo el país».
Las leyes de inmigración que se interponen en el camino de Fernández se establecieron como un elemento de disuasión contra aquellas personas que entran ilegalmente a Estados Unidos. Sin embargo, existen dudas en cuanto a si Fernández debe ser castigada por la decisión de sus padres.
Jeffrey Butts no cree que sea así. El Superintendente de Escuelas de Wayne Township le dijo a Matthew Tully, de Indianapolis Star, quien ha reportado ampliamente sobre la historia de Fernández, que él entiende que «la gente tenga algunos sentimientos muy profundos sobre este tema. Pero yo lucho contra la idea de penalizar a nuestros niños por algo que hicieron sus padres. ¿No deberíamos estar animándolos a destacarse en algo y volverse ciudadanos?»
Un lector de Indianapolis Star, hablando en nombre de muchos de aquellos que ven la lucha de Fernández de forma diferente, escribió al diario que él siente que es «vergonzoso que quienes hacen caso omiso a nuestras leyes por estar aquí ilegalmente sean tan elocuentes para usar nuestras leyes cuando es para su beneficio».
Por su parte, Fernández no está obsesionada en lo político de su situación; ella solo quiere ir a la universidad.
«Siempre he estado en situaciones difíciles y he tratado de no decir «¿por qué a mí?», en lugar de ello digo «pruébame», escribe en su sitio de recaudación de fondos. Sé que tendré éxito, pero necesito toda la ayuda que pueda conseguir para lograr este sueño».
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