Opinión
El «yo o nadie» de López Obrador por Luis Ochoa Minjarez
| El “yo o nadie” de López Obrador |
| Luis Ochoa Minjares |
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Ayer sábado leí, medité y releí el certero comentario editorial de don Francisco F. Legarda, analista político del Diario de Chihuahua titulado “El fantasma del abstencionismo”. A veces una sola frase resulta impactante y resume el meollo del asunto. La frase es tan breve como preocupante: “En resumidas cuentas AMLO ya hizo su apuesta maximalista: yo o nadie”. Este vicio, enfermedad o defecto llamado egolatría, ha llevado a muchos de nuestros políticos valiosos al fondo del fracaso y en algunos casos, al ridículo y al desprestigio del partido y los principios ideológicos que dicen profesar, sin contar con la degradación de la política, entendida ésta como la actividad superior del ser humano. Pocos seres humanos se pueden sustraer de la egolatría y el protagonismo con todo y la cauda de intereses personales y de grupo, incluso por encima de los intereses superiores de partido. El desahogo de los rencores políticos personales primero que la unidad. La venganza política antes que pensar en el triunfo personal y en una jornada crucial para el futuro del país. Traidor una vez, Los rumores, los borregos, las mentiras y las verdades a medias no circulan ni nacen por generación espontánea. Esparcir por el universo político electoral que si pierde López Obrador por segunda vez se levantará en armas. Darle vuelo a la conseja de que Calderón y el panismo no soltarán el poder “haiga sido como haiga sido”, tiene su origen en los candidatos y partidos que ya se sienten derrotados electoralmente. Ayer sábado se inició el cierre formal de las campañas electorales de los candidatos a diputados federales y senadores postulados por los diversos partidos políticos. Los actos realizados por la candidata del tricolor Adriana Terrazas del Distrito 01, resultó ser una de las más bulliciosas, lucidas y nutridas con la asistencia de los jerarcas mayores de ese partido. FINALMENTE, tres frases de la semana que nos envía la señora Bertha Aragón Canales militante del tricolor, cuyo texto dicen. “La derecha oscurantista jamás volverá a gobernar este país”. “La derecha está moralmente impedida para ejercer el poder”. “Chihuahua, Cuna de la Revolución no puede ser nido de reaccionarios”. |
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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