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México

El PRI propone recortar ‘pluris’; inicia proceso para realizar consulta popular

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César Camacho Quiroz, presidente nacional del PRI, anunció que su partido propondrá en una consulta popular la eliminación de 100 diputados federales y 32 senadores plurinominales.

Explicó que iniciarán los trabajos para cumplir con el primero de los requisitos para poder solicitar al Congreso la realización de la consulta: reunir antes del 15 de septiembre un millón y medio de firmas, equivalentes a 2% de la lista nominal de electores.

De acuerdo con el dirigente nacional, la propuesta busca que la Cámara de Diputados quede integrada sólo por 400 legisladores y  el Senado por 96. “En ambas se garantiza la pluralidad como valor de la democracia”, dijo.

Al recordar que la reducción de legisladores fue un compromiso  de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, Camacho Quiroz dijo que, de prosperar, también se reducirá el gasto público, facilitará la construcción de acuerdos y mejorará la calidad de debate parlamentario.

¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución, para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y los 32 senadores de representación proporcional?”, es la pregunta que el PRI formularía para el 7 de junio.

EL PRI CONSULTARÁ LAS PLURINOMINALES

El PRI hará uso de la consulta popular para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en que sea modificada la Constitución y que sean eliminados 100 de 200 diputados de representación proporcional o plurinominales, así como 32 senadores.

El dirigente nacional priista, César Camacho Quiroz, quien dijo que a través de la estructura del partido iniciarán con la recolección de poco más de un millón y medio de firmas que equivalen a 2% de la lista nominal de electores, a fin de reunirlas antes del próximo 15 de septiembre, cuando vence el plazo para presentar la solicitud ante el Congreso.

No vamos a perder calidad en la representación política, vamos a hacer, si esto prospera, que sea más eficiente el trabajo de ambas cámaras, que una quedaría, si esto caminara, de 400 y la otra de 96, y en ambas se garantiza, la pluralidad como valor inherente de la democracia”, explicó el líder tricolor.

Camacho Quiroz, dijo que de esta manera el PRI está siendo coherente con sus propuestas y con las de su entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, para reducir el número de plurinominales, con el objetivo de “imprimir mayor calidad a la democracia”.

El presidente Enrique Peña Nieto, entonces candidato, no ofreció la supresión de los diputados de representación proporcional, sino la reducción en 100.

El partido, que lo postuló y lo respalda absolutamente en la gestión presidencial, retoma ese compromiso de campaña, lo lleva a la discusión ciudadana, esperando el respaldo de los que tienen derecho a participar para convertir esta pregunta en una expresión de democracia directa”, dijo.

El entonces candidato Enrique Peña Nieto colocó en el lugar número tres, de sus 266, compromisos, que firmó ante notario público: “Promover la eliminación de 100 Diputados Federales”.

Conocedor de la capacidad de convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional y del PRI en su más amplia expresión, estamos absolutamente seguros de que, como se dice en el medio jurídico, en tiempo y forma habremos de acreditar ante las autoridades competentes la requisitación, la cumplimentación de los requisitos, a efecto de llevar a cabo el próximo 7 de junio de 2015 la pregunta dirigida a la ciudadanía, a los electores mexicanos, para saber si están de acuerdo en la eliminación”, señaló Camacho Quiroz.

La pregunta que estaría formulando el PRI sería la siguiente:

Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y los 32 senadores de representación proporcional.”

Después, en entrevista con Ricardo Alemán para Grupo Imagen Multimedia, el dirigente priista destacó que lo importante no sólo es que se disminuya el gasto público, sino también tener una representación eficiente que procese sus decisiones con agilidad.

PRIMERAS PROPUESTAS

El 22 de octubre de 2012, el aspirante a la candidatura presidencial del PRI Enrique Peña Nieto propuso eliminar 100 diputaciones plurinominales federales.

En enero de 2010, el periodista Pedro Ferriz de Con inició una campaña para eliminar a los legisladores plurinominales del Congreso. Un año después, en abril de 2011 entregó a la Cámara de Diputados cuatro millones de firmas ciudadanas que reprueban la existencia de los legisladores plurinominales.

En mayo de 2011, El Partido Acción Nacional (PAN) presentó en la sesión de la Comisión Permanente una iniciativa que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución, con el propósito de reducir 100 diputados de representación plurinominal.

En diciembre de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional (PAN), propuso reducir el número de asientos en el Congreso como parte de su iniciativa de reforma política, pero el planteamiento no prosperó.

Actualmente, la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados: 300 de mayoría relativa, elegidos por la ciudadanía, y 200 plurinominales.

El Senado está integrado por 128 senadores, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría; es decir, se asigna uno por estado y uno por el DF al partido que haya obtenido el segundo lugar,  y 32 plurinominales.

Excélsior

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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