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Piden al Gobierno esclarecer masacre de 2010 y proteger a migrantes

Desde entonces, “las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad las personas migrantes a su paso por México”.

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MÉXICO (EFE).- Amnistía Internacional (AI) señaló hoy que la justicia sigue pendiente en el caso de la matanza de 72 migrantes perpetrada hace 4 años en el estado mexicano de Tamaulipas e hizo un “urgente y enérgico llamado” a esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los indocumentados.

La organización defensora de los derechos humanos recordó que 72 migrantes de América Central y del Sur fueron asesinados el 22 de agosto de 2010 por miembros del crimen organizado “con la aparente colusión de policías locales” en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Desde entonces, “las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad las personas migrantes a su paso por México”.

La verdad detrás de la masacre no ha sido esclarecida ni los responsables respondido ante la justicia, mientras la identificación de todos los restos también sigue pendiente, pues aún quedan 11 cuerpos sin reconocer.

A los pocos días de haber sido encontrados los cadáveres, “el Gobierno federal anunció que pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de migrantes”, subrayó AI.

No obstante, entre abril y mayo de 2011 se volvieron a hallar 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas en San Fernando, entre los que había cuerpos de migrantes mexicanos y de otros países, “pero tampoco se siguieron procedimientos adecuados ni se han esclarecido los hechos, y hay más de 150 cuerpos sin identificar”.

“La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave”, apuntó Amnistía, y recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en diciembre pasado una recomendación en relación a la matanza de San Fernando.

La CNDH pide garantizar los derechos de los migrantes, pero “no califica los hechos como violaciones graves a derechos humanos, no ofrece una explicación sobre lo ocurrido, no toma en cuenta a las víctimas ni a sus familiares, ni otorga una reparación integral del daño”, lamentó.

También citó el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expresa preocupación por la falta de asistencia del Estado mexicano a los familiares de migrantes desaparecidos, y de una metodología adecuada para la identificación de cadáveres.

Por ello, AI hizo un llamado “urgente y enérgico” a las autoridades federales y estatales cumplan las “recomendaciones de la CIDH” y esclarezcan los hechos ocurridos en San Fernando, otorgando una reparación integral a las personas que fueron víctimas”.

En tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México ordenó a la fiscalía hacer públicos los documentos sobre la detención de 16 policías municipales de San Fernando relacionados con la muerte de los 72 migrantes.

Al responder a una solicitud de información de un particular, la fiscalía argumentó que ésta se encontraba reservada por 12 años por formar parte de una investigación.

Sin embargo, al analizar el caso, el IFAI revocó dicha respuesta porque se trata de información relacionada con violaciones graves de derechos humanos y existe el interés de la sociedad de conocer las diligencias realizadas para la sanción de los responsables.

Yucatan.com.mx

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¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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