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Continúa la impunidad en más de 187 casos de violencia contra mujeres periodistas

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) presentó el Segundo Informe “Impunidad, violencia contra mujeres periodistas, un análisis legal”, en el que destacó que del 2002 a la fecha se han incrementado de manera alarmante los casos de mujeres periodistas violentadas.

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Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) presentó el Segundo Informe “Impunidad, violencia contra mujeres periodistas, un análisis legal”, en el que destacó que del 2002 a la fecha se han incrementado de manera alarmante los casos de mujeres periodistas violentadas.

La directora general de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta; Yunhuén Rangel Medina, coordinadora de redes de periodistas y libertad de expresión en CIMAC, detallaron que en 2002 sólo había 2 casos de mujeres periodistas violentadas; hoy existen más de 187 casos, detallaron, es decir, 374 veces más que al inicio de ese monitoreo.

“De ellos, todos están en la impunidad. Ninguno tiene una verdadera investigación, ni un castigo a los culpables materiales e intelectuales que perpetraron el delito, como tampoco hay una reparación del daño”, recalcaron en el informe, realizado en el Cine Club de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el apoyo de la Red Libre Periodismo (RLP)

En el evento participó de igual forma Sugeyry Gándara, reportera en activo e integrante de la RLP, quien manifestó las problemáticas que existen en Chihuahua con ciertas coberturas, específicamente en hechos policíacos.

En 2012 CIMAC presentó el Primer Informe Diagnóstico sobre Violencia contra Periodistas, “en él mostramos la importancia de darles voz a las periodistas que han sido violentadas, mostramos la violencia sistemática y con ello, las periodistas también se convirtieron en noticia, en tema de reflexión y preocupación donde antes no estaban presentes”, recordaron.

Subrayaron que las periodistas son conscientes de la labor que realizan, por lo cual urgieron a poderla desempeñar en condiciones dignas y seguras.

Por ello es fundamental no permitir que las sombras crezcan en torno a nosotras, poner luz en la violencia que se ejerce en contra nuestra es abrir el camino a la justicia, a la reparación del daño y a la posibilidad de la no repetición, apuntaron.

Lucía Lagunes Huerta, precisó que en los últimos dos años, en México se creó un marco normativo de protección a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, como respuesta a la situación que se enfrenta, sin embargo, aún carece de una base de igualdad y del proceso de seguimiento adecuado que se reflejen en garantizar la libertad y seguridad cotidiana de quienes ejercen el periodismo en el país, apuntó.

En el informe presentado, CIMAC dio seguimiento a las publicaciones de medios de comunicación digitales sobre cuatro casos de violencia contra mujeres periodistas: Lydia Cacho Ribeiro, Regina Martínez Pérez, Ana Lilia Pérez Mendoza y los allanamientos a las instalaciones de CIMAC.

En éste sentido revelaron que hubo un trato sexista en un gran porcentaje dentro de los 340 textos periodísticos monitoreados.

Al respecto emitieron diversas recomendaciones, entre ellas al Estado Mexicano, al que le exigen reconocer la condición particular de las periodistas, hacer transversal en su política la perspectiva de género y acatar todos los preceptos que contienen los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, en especial, sobre la libertad de expresión.

También hace algunas sugerencias a medios de comunicación en materia de capacitación, brindar condiciones igualitarias a las mujeres, entre otras.

“En tanto el Estado siga incumpliendo, nosotras seguiremos documentando y denunciando la violación de nuestros derechos en un ejercicio pleno de nuestra libertad de expresión. Pues mientras el Estado tolere la impunidad y niegue la justicia, nosotras continuaremos siendo la voz que rompa el silencio”, recalcaron.

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Marco Bonilla califica como traición la aprobación de la Ley General de Aguas

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El alcalde Marco Bonilla Mendoza calificó como una traición la forma en que se aprobó la nueva Ley General de Aguas, al asegurar que se avaló sin respetar compromisos previos con organizaciones campesinas y productivas.
Bonilla señaló que la votación ocurrió de manera sorpresiva y sin apertura al diálogo, lo que provocó mayor inconformidad entre los sectores afectados. El edil advirtió que la reforma no solo impacta a productores de gran escala, sino que coloca en una situación delicada a miles de familias que dependen de actividades agrícolas en regiones donde el acceso al agua ya es limitado.
El alcalde consideró que el cambio normativo complica el panorama inmediato para zonas rurales cuya producción depende del riego mediante pozos. También indicó que la incertidumbre alcanza a proyectos de inversión en distintos estados del norte del país, pues la falta de claridad en los criterios de uso del agua podría frenar iniciativas agrícolas e industriales.
Bonilla reiteró que el recurso hídrico es determinante para la operación y llegada de nuevas empresas. Reconoció la postura de organizaciones y productores que han mantenido movilizaciones en defensa del agua, al destacar la importancia del sector para la estabilidad económica y social de las comunidades rurales.
El alcalde agregó que el país enfrenta un momento decisivo ante una reforma que, a su juicio, fue aprobada sin consenso y que podría intensificar disputas regionales por el acceso al recurso.

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