Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– El trabajo doméstico en México está marcado por el clasismo, la violencia, el machismo, racismo y la normalización de la desigualdad, situación a la que se llegó por una ausencia selectiva del Estado para garantizar los derechos laborales básicos, así como el desapego a convenios internacionales que no ha ratificado, lo que ha tenido como consecuencia que esta labor, que aporta el 21.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) total del país, sea considerada como una nueva versión de la esclavitud, señalaron los asistentes a la presentación del informe “Condiciones laborales de las trabajadoras domésticas”, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“Las condiciones en las que el trabajo doméstico se desarrolla en México, no es un asunto entre particulares, se sustenta en dos pilares públicos la desigualdad económica, es decir, la exclusión de muchas a oportunidades de desarrollo, y la desigualdad política, la exclusión de muchas al ejercicio efectivo de sus derechos, entre ellos, los laborales”, señaló José Antonio Peña Merino, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e integrante de la Asamblea Consultiva de Conapred.

El Presidente del Consejo, Ricardo Bucio Mújica, señaló que era importante modificar las condiciones del trabajo doméstico remunerado, y recordó las palabras de la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff, quien expresó que las modificaciones en la materia son una segunda abolición de la esclavitud, “hay un libro que se llama Dos mundos bajo un mismo techo, y me parece que las condiciones que están reflejadas en el informe, nos dan cuenta de que tenemos dos países bajo una misma Constitución”.

Por su parte, Ana Güemes García, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres en México, habló de la urgencia de visibilizar la situación laboral de las mujeres que en México representa el 42 por ciento frente a un 72 por ciento de hombres, sin embargo, las primeras siempre tiene las peores condiciones y más en el trabajo doméstico que es poco valorado.

Agregó que ante tales condiciones, México tiene que tomar en cuenta las recomendaciones internacionales que se han realizado en la materia y retomar otros tratados internacionales sobre derechos laborales, prohibiciones de trabajo infantil y la regulación del pago en especie, ya que es común que los empleadores paguen sólo con estudios, comida o ropa a las empleadas.

Tanto Merino como Güemes, enfatizaron en la importancia del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que aborda las condiciones del trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, en el que se señala que la existencia y la cantidad de demanda que tiene la labor se debe a las escasas oportunidades de empleo formal.

“Mantener intocadas las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, es dejar intocados el privilegio de unos gracias a la exclusión legalizada de otros. La no ratificación por parte de México del Convenio 189 de la OIT es justamente eso, es permitir desde el Estado la prolongación de la desigualdad y el abuso. Es, y no encuentro más palabras, una irresponsabilidad, una ausencia voluntaria del Estado. Es una vergüenza”, precisó Merino.

México firmó este acuerdo en 2011, pero a la fecha no se ha puesto en marcha, a pesar de las promesas que el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hizo el año pasado ante la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar.

“Un trabajo doméstico se sustenta en la ausencia selectiva del Estado para garantizar los derechos y dejar un brutal espacio para la arbitrariedad y privilegio de otros, y que es posible sólo con la vía de la discriminación, o mejor dicho, vía muchas discriminaciones: la de la mujer frente al hombre, la del pobre frente al rico, la del indígena frente al no indígena […] Es la prolongación de la desigualdad y la discriminación”, ahondó el académico del ITAM.

LOS DATOS HABLAN

El levantamiento de información se realizó en 2014 en regiones del país que representan a diferentes zonas geográficas, distintas regiones económicas y el porcentaje de población que se dedica al trabajo doméstico es alto: Jalisco, Baja California, Chiapas, Nuevo León, Puebla y el Distrito Federal.

Actualmente, el promedio de edad de las trabajadoras es de 35 años, sin embargo, el 5 por ciento tienen un rango de edad de entre 12 y 17 años, 28 por ciento, la cantidad más alta, tienen entre 18 y 25 años.

Es en Chiapas donde está el índice más alto de trabajadoras que son menores de edad, 13 por ciento, seguido de un 50 por ciento que van de los 18 a los 25 años. Una de las razones podría deberse a la cercanía con la frontera, ya que para las mujeres migrantes, el trabajo doméstico es uno de los trabajos de más fácil acceso, ya que el contrato que se establece es sólo de palabra, por lo que no tienen que presentar papeles de estancia regulada, 51 por ciento de las trabajadoras son migrantes internas y en Chiapas el porcentaje es de 24 por ciento. En general, 36 por ciento de las mujeres comenzaron esta actividad siendo menores de edad.

Falta de dinero y problemas económicos son las razones por las que las mujeres deciden emplearse.

Otros argumentos van desde la falta y/o ausencia de estudios, “por no haber otra opción”, hasta ser el único empleo en el que mujeres de la tercera edad fueron aceptadas.

Otro dato que resalta del estudio del Conapred es el que se refiere a la herencia del trabajo doméstico, ya que se encontró que es una actividad culturalmente heredada; 43 por ciento de las trabajadoras encuestadas tienen a un familiar desempeñando la misma función: 55 por ciento a sus hermanas, el 30 por ciento a sus madres y el 11 por ciento a sus hijas. El resto corresponde a otros familiares.

Esta situación puede obedecer a que el 55 por ciento considera que se trata de un trabajo al que es fácil acceder por la falta de requisitos para la contratación.

En cuanto a la escolaridad, los datos indican que ocho de cada 10 no concluyeron la educación básica. Ante el cuestionamiento sobre la posibilidad de continuar los estudios, sólo 8 por ciento ha continuado su formación, a pesar de que la mayoría son de corta edad.

Sobre los dependientes económicos de las trabajadoras, se tiene que seis de cada 10 mantiene en promedio a dos personas y una cuarta parte a otras personas de su familia. El 60 por ciento se ve obligada a trabajar en dos casas distintas.

Sobre el esquema de contratación,  el 96 por ciento entablaron relación sólo de palabra y sólo el 4 por ciento firmó un contrato. Con base en esto, la encuesta arrojó que dos terceras partes, tanto de trabajadoras como empleadoras, señalaron que estarían dispuestas a firmar un contrato laboral en caso de que una ley así lo estableciera.

Desagregado de esto, el 60 por ciento de las trabajadoras estaría dispuesta a aceptar el afiliarse al Seguro Social aunque sus ingresos se vieran levemente disminuidos. Lo mismo con las empleadoras, 72 por ciento se dijo abierta a afiliar a sus trabajadoras.

SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES

De las encuestadas, 46 por ciento labora más de las ocho horas establecidas en la constitución, 16 por ciento trabaja más de 12 horas y 2 por ciento más de 15 horas. Aunado a esto, al 64 por ciento se les pide frecuentemente que realicen actividades fuera de sus horarios de trabajo. Otro 30 por ciento de las encuestadas dijeron no tener derecho a descanso dentro de la jornada diaria.

Siete de cada 10 tienen sólo un día de descanso a la semana y entre el 4 y 6 por ciento no tienen ninguno.

En cuanto a los salarios, los más bajos pudieron verse en Chiapas y Puebla; en promedio a la semana puede ascender a los mil 128 pesos, cifra que se ha mantenido ya que el 75 por ciento nunca ha recibido un aumento.

Lo mismo pasa con el aguinaldo, casi la mitad no recibe ese dinero a fin de año y quienes sí, reciben 2 mil 143 pesos. Otro 28 por ciento recibe entre 500 y mil pesos.

Las actividades que la mayoría realizan son la limpieza general, el lavado y planchado de ropa, preparación de alimentos, compras en el supermercado, y cuidan a niños pequeños y/o adultos mayores.

Otro enfoque que retomó la encuesta es sobre los conflictos entre empleadora-empleada. Las principales causas de los problemas van desde las falsas acusaciones de robo, revisiones físicas a sus pertenencias, maltrato verbal como gritos, groserías, llamarlas “chachas” o “gatas”, trato con desprecio por la apariencia e incluso el maltrato físico.

Del total de encuestadas, 23 por ciento son de origen indígena, las cuales 33 por ciento han sido tratadas despectivamente y a 25 por ciento se le ha prohibido hablar en su propia lengua.

Desde la perspectiva de las trabajadoras, las desventajas que el trabajo tiene para ellas son la ausencia de seguridad social, malos salarios, el maltrato, que se trata de un trabajo pesado y exigente, que no hay un horario fijo y que no se respetan los acuerdos establecidos en la contratación.

Fuente: Sin Embargo