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Responde Osorio Chong a Proceso: “Ninguno de estos inmuebles son míos, ni de mi esposa, ni de alguno de mis familiares»

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El funcionario respondió que ni él ni su familia posee propiedades en el Distrito Federal.

La revista Proceso publica este domingo 12 de abril que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habita una casa en Lomas de Chapultepec, la cual fue comprada por su esposa a una empresa de Carlos Aniano Sosa Velasco, quien obtuvo contratos millonarios durante el gobierno del ahora funcionario federal en Hidalgo y quien es uno de los contratistas de Pemex Refinación.
En respuesta al reportaje, el funcionario federal rechazó que él, su esposa o algún familias sean los propietarios de algún inmueble en el Distrito Federal y pidió que la revista publique la “aclaración en su revista y portal de internet, de la misma forma en que se difundieron los falsos señalamientos de que los inmuebles ya referidos son de mi propiedad”

De acuerdo con Proceso, la casa de Osorio Chong, localizada en Paseo de las Palmas 1380, tuvo un costo superior a 50 millones de pesos, según un avalúo extraoficial, y está a unos metros de la Casa Blanca, propiedad de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

La «investigación» de la revista indica que la esposa de Osorio Chong, Laura Ibernia Vargas Carrillo, quien se desempeña como directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por lo que mensualmente recibe un salario de 23 mil 667 pesos, más una compensación garantizada de 166 mil 177 pesos, fue quien adquirió la propiedad.

El pasado 29 de mayo de 2014, Vargas Carrillo dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Hidalgo, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de la operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, de acuerdo con el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del Distrito Federal.

De acuerdo con la revista, antes de habitar una residencia en las Lomas de Chapultepec, Osorio Chong y su familia vivían en la colonia Bosques de las Lomas, en una casa proporcionada por Sosa Velasco. Esa casa está valuada en 60 millones de pesos y se localiza en Bosques de Manzanos 333, donde vivieron hasta octubre del año pasado.

Lee la nota completa en Proceso.

En una carta dirigida a Rafael Rodríguez Castañeda, director general de Proceso, el secretario de Gobernación detalló: “Ninguno de estos inmuebles son míos, ni de mi esposa, ni de alguno de mis familiares, como lo señalé previo a la publicación de dicha edición. Reitero, no son de mi propiedad”.

“Respecto del inmueble ubicado en Bosques de Las Lomas, habité el mismo de agosto de 2011 a junio de 2014 a través de un contrato de arrendamiento.

“Sin embargo, por las responsabilidades que tengo como funcionario público, y al tratarse de un conjunto habitacional que se comparte con tres viviendas más, decidí buscar otras alternativas de renta con el objetivo de evitar molestias a los vecinos. En razón de ello, renté el inmueble ubicado en Paseo de las Palmas”, aclaró el funcionario, quien agregó que los inmuebles que posee están registrados en las declaraciones patrimoniales que ha presentado a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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