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México

#vaportodo Carlos Slim crea empresa petrolera

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El empresario Carlos Slim creó la empresa petrolera Carso Oil & Gas al fusionar a dos empresas apenas escindidas el año pasado.

La nueva empresa fusiona a Carso Infraestructura, Construcción y Perforación y Condumex Perforaciones, empresas que fueron creadas en 2014, de acuerdo con un documento publicado en la Gaceta del Distrito Federal.

“Al llevarse a cabo la fusión, la fusionante absorberá incondicionalmente todos los activos y pasivos de las fusionadas y adquirirá, a título universal todo el patrimonio y los derechos de éstas”, se lee en el aviso.

Los accionistas de las empresas votaron el 17 de febrero para aprobar la fusión, que se hizo efectiva el 28 del mismo mes, dijo el documento.

La nueva empresa arranca con activos por 3,478 millones de pesos y un capital fijo sin derecho a retiro por 1,200 millones de pesos representado por 17,782.3 millones de acciones de la serie A.

“Los títulos de acciones que estén actualmente en circulación […] de Carso Infraestructura, Construcción y Perforación y de Condumex Perforaciones, deberán canjearse y anularse”, agregó el documento.

Carso Infraestructura y Condumex fueron creadas apenas el 14 de octubre del año pasado.

Grupo Carso es un importante jugador en el sector de energía en América Latina. Su subsidiaria Carso Energy ganó en enero, como parte de un consorcio, sendas licitaciones para gasoductos entre México y Estados Unidos.

En una entrevista con Reuters el año pasado, Slim dijo que el sector energético local, abierto en 2014 a la inversión privada tras décadas de estar reservado al Estado, requería de inversiones anuales por entre 40,000-50,000 millones de dólares.

Un portavoz de Grupo Carso no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario de la agencia Reuters sobre la operación de Carso Oil & Gas.
 

Con información de Reuters

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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