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En marzo, 159 delitos electorales: Fepade

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Durante marzo del 2015, la Fepade solicitó ejercer la acción penal en contra de 159 personas ante jueces federales por violaciones a la ley electoral.

Tan sólo en el Estado de México hubo 111 indiciados, según se desprende del informe de actividades correspondiente al mes de marzo de este año.

La información de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) indica además que hubo 26 personas indiciadas en Veracruz y siete más en Yucatán; es decir, tres estados (México, Veracruz y Yucatán) registran 90.6% de los indiciados por violaciones a la ley electoral a nivel federal.

Asimismo, la autoridad electoral solicitó ejercer acción contra cinco personas en Sonora; dos en Chiapas y dos en el DF; así como en contra de una persona en los estados de Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

En marzo, la Fepade resolvió 146 averiguaciones previas, de las cuales en 143 se ejerció la acción penal, una se acumuló y en dos se resolvió la incompetencia. Así, de las 143 indagatorias consignadas se ejerció acción penal en contra de 159 personas.

El reporte de la Fepade también indica que durante marzo del 2015 se abrieron 149 averiguaciones previas, que sumadas a las 123 iniciadas en febrero y las 248 de enero, da un total de 520 pesquisas en el primer trimestre de este año.

“Lo anterior significa una disminución de 27.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando (se) iniciaron 715 averiguaciones previas”, informa la Fepade.

También en marzo del 2015, las entidades donde más se cometieron hechos que podrían constituir delitos electorales federales son Veracruz (71 delitos), Sonora (27), Distrito Federal (11) y Puebla (11).

La fiscalía establece que Veracruz es la entidad en la que en marzo pasado se cometieron más presuntos delitos electorales, pero que al ponderar por número de habitantes se tiene que en Sonora se cometieron 1.01 ilícitos electorales por cada 100,000 habitantes; es decir, es la entidad con mayor incidencia delictiva electoral. Y es que Veracruz se coloca con un indicador de 0.93 delitos por cada 100,000 habitantes.

De esas 149 averiguaciones previas que se iniciaron el mes pasado, 88.6% fue por actividades relacionados con la alteración del Registro Federal de Electores.

El informe de la Fepade recuerda, además, que el mes pasado el PAN presentó una denuncia en contra del PVEM por la entrega de tarjetas de descuento, denominadas Premia Platino, “por lo que la fiscalía inició la investigación correspondiente”, se lee en el documento.

Durante periodo electoral

PGR y Fepade estarán coordinadas, afirma procuradora

La titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, garantizó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) actuará para garantizar la justicia electoral durante el actual proceso electoral y el día de los comicios el próximo 7 de junio, mientras que la PGR garantizará, dijo, la seguridad para ciudadanos y candidatos.

Durante la inauguración de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia Zona Sureste, en Jalapa, Veracruz, la titular de la PGR afirmó que “la Procuraduría General de la República tiene el compromiso de garantizar una eficaz procuración de justicia penal electoral, atendiendo al nuevo marco legal introducido con la reforma política electoral, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales propondrá dirigir conjuntamente nuestros esfuerzos a la instauración de un modelo de coordinación con las entidades federativas y operación que garantice un proceso electoral ejemplar en el que la ciudadanía participe con toda la confianza y seguridad que se requiere para fortalecer las instituciones democráticas”.

Asimismo, la procuradora general de la República destacó: “consideramos necesario y urgente llevar a cabo un análisis profundo de los protocolos para la investigación ministerial, policial y pericial en caso de desaparición forzada y de tortura a efecto de contar con indagatorias eficientes en esos rubros, que nos provean de resultados evidentes”.

Fuente: El Economista

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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