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Política

Candidato: crimen organizado financió mi campaña

El candidato del PRI al gobierno de Baja California Sur, Ricardo Barroso Agramont, sufrió un desliz durante un debate en el estado.

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo.- El candidato al gobierno de Baja California Sur por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Barroso Agramont, se confundió y señaló durante un debate organizado por la Coparmex que el financiamiento de sus campañas “no tendrán lugar a dudas a que viene del crimen organizado”.

Mi carrera política y trabajo es transparente, por eso, también, el financiamiento de mis campañas no tendrá lugar a dudas de que viene del crimen organizado”, expresó Barroso Agramont, durante su última intervención en el Foro Coparmex.

El desliz del candidato se volvió tema de conversación en redes sociales, en donde se cuestiona si fue simplemente un desliz o su subconsciente lo traicionó.

Tan sencillo como esto, en mi gobierno ni vínculos, ni ventas dobles de plazas. En Baja California Sur no va a tener lugar la delincuencia organizada”, indicó.

Actualmente Baja California Sur está gobernada por el panista Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.

Cabe señalar que durante el debate se discutieron temas sobre seguridad, educación, economía y programas sociales.

Chihuahua

Capturistas del IEE denuncian falta de pago, abusos laborales y presuntas irregularidades tras elección judicial

Un grupo de capturistas de datos que participaron en el reciente proceso de elecciones judiciales del Instituto Estatal Electoral (IEE) se manifestó este miércoles frente a la Asamblea Distrital Morelos para denunciar una serie de abusos laborales, entre ellos el incumplimiento en el pago de salarios y finiquitos, así como condiciones laborales precarias y actos presuntamente irregulares.

Los trabajadores señalaron que el adeudo por persona asciende a $11,000 pesos, correspondientes a una quincena de trabajo valuada en $7,000 y un finiquito de $3,000. A pesar de haber concluido sus funciones conforme a lo establecido, acusaron que no han recibido los depósitos prometidos y que sus superiores han optado por deslindarse de toda responsabilidad.

Una de las acusaciones más delicadas proviene del testimonio de varios capturistas, quienes aseguran que fueron obligados a firmar recibos de pago sin haber recibido un solo peso. Además, denuncian que durante las jornadas de trabajo se les restringió la salida del recinto electoral y que fueron amenazados con consecuencias legales si intentaban manifestarse públicamente, al advertirles que incurrirían en un “delito federal”.

Los inconformes también expusieron las condiciones inadecuadas en las que laboraron durante el proceso electoral. Relataron que las jornadas laborales superaban las 18 horas sin pausas suficientes y, en ocasiones, sin alimentos. Cuando se les proporcionaba comida, esta llegaba en mal estado o en porciones insuficientes, lo que agravó el desgaste físico y emocional durante sus labores.

Al buscar una respuesta institucional, los trabajadores señalaron que en la Asamblea Distrital Morelos se limitaron a informarles que los contratos habían sido gestionados directamente por las oficinas centrales del IEE, ubicadas en la colonia Santo Niño, sin ofrecer mayor orientación ni comprometerse a intervenir.

El caso ha generado indignación entre los jóvenes capturistas, muchos de ellos estudiantes o recién egresados que se sumaron al esfuerzo democrático con la expectativa de un ingreso temporal y un entorno de respeto. Hoy, en cambio, enfrentan incertidumbre económica y un sentimiento de abandono institucional.

Hasta el momento, el IEE no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a las denuncias. Los afectados advirtieron que, de no obtener una respuesta en las próximas horas, podrían escalar su protesta hacia otras sedes del organismo, incluyendo la oficina central, en busca de justicia y el cumplimiento de sus derechos laborales.

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