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México

Tácito rechazo de Osorio a que expertos se reúnan con militares

Ante la petición del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa de entrevistar a los militares de la región de Iguala, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, prácticamente rechazó la solicitud.

–¿Cuándo les dará la entrevista con los militares? –se le preguntó.

–Ha sido muy clara la posición. Hay un proceso, tenemos nuestro propio procedimiento, nuestras leyes, y bajo esas normas nos vamos a seguir manejando en México.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, dijo que están obligados a respetar el marco legal que rige el proceso. ‘‘No encontramos, ni en el marco legal ni en la jurisprudencia, sustento para estas diligencias’’, comentó a La Jornada.

Los expertos de la CIDH, agregó, están conscientes de ello y no pretenden que el asunto sea una diligencia judicial. ‘‘Nos comprometimos a analizar si ello puede o no poner en riesgo la investigación y tendremos una respuesta en los próximos días’’.

El factor de la actuación de los soldados del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, vuelve a ser punto de discusión; en meses pasados, los familiares exigieron ingresar a las instalaciones castrenses y ahora los enviados de la CIDH buscan ahondar en esa posibilidad.

El comité de expertos concluirá su trabajo el último día de agosto próximo; evaluarán la calidad de la investigación, la procuración de justicia y la atención a víctimas.

Osorio dijo que se aceptó la colaboración del organismo internacional para dar ‘‘tranquilidad’’ a los padres de los jóvenes, en el sentido de que ‘‘el procedimiento hecho por la PGR (Procuraduría General de la República) fue correcto, transparente y se ha venido informando de manera oportuna a todos los medios de comunicación mexicanos’’, dijo.

El funcionario refrendó su apoyo al trabajo y resultados de la indagatoria de la procuraduría, la cual determinó que los normalistas fueron asesinados, calcinados y la mayoría de los restos esparcidos en un río.

En tanto, se busca reactivar el diálogo entre el gobierno federal y los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, confirmó el subsecretario Campa. Funcionarios federales se han entrevistado ‘‘prácticamente a diario’’ con los enviados de la CIDH, señaló.

‘‘Es una relación permanente, fluida, cordial, respetuosa. Uno de los aspectos (a analizar) tiene que ver con la revisión de la investigación. (Los enviados de la comisión) han venido también trabajando de manera muy importante con las víctimas y para acercar las posiciones (de los padres de los 43 desaparecidos) con la autoridad’’, agregó.

Precisó que se han hecho gestiones con el comisionado de la Policía Federal (Enrique Francisco Galindo Ceballos) ‘‘para hacer los mayores esfuerzos de búsqueda, a partir del compromiso de la SG para atender a los familiares’’, y “evitar que sean blanco de una doble victimización, porque se les han acercado personas quienes, sin fundamento, les dan falsas pistas acerca del destino de los muchachos’’.

El grupo de la CIDH sugirió desde marzo pasado que el Estado continúe con la búsqueda de los estudiantes, tome la perspectiva de la desaparición forzada –no sólo secuestro, homicidio y delincuencia organizada–, atienda a las víctimas y resguarde adecuadamente la información del caso.

La entrevista, ‘‘clave’’

Los expertos dijeron el lunes pasado que la diligencia con los soldados es ‘‘clave’’ en el proceso de esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ el 26 de septiembre.

Osorio fue entrevistado antes de reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, para evaluar la implementación del sistema penal acusatorio. En otro tema, dijo que no hay elementos que permitan asegurar si existe alguna presencia delcártel Jalisco Nueva generación en el Distrito Federal o de algún otro.

Fuente: La Jornada

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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