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México

La ilegalidad, el problema de Uber: taxistas

Los taxistas de la Ciudad de México no aceptarán las operaciones de servicios de transporte como Uber y Cabify en la calles de la capital, pese a las intenciones del gobierno local por regularizarlas.

En conferencia de prensa este miércoles a las afueras del edificio del ayuntamiento, Daniel Medina, vocero de la asociación de Transportistas Unidos de la Ciudad de México (TOCDMX), insistió en la ilegalidad en la que se mueven estas empresas, “aprovechando la necesidad de los mexicanos para incitarlos a delinquir”.

Una fortuna ilegal que ya alcanzó los 40,000 millones de dólares, al aprovechar las ventajas tecnológicas para burlar las leyes de tránsito de varios países”, señaló el dirigente.

Medina recalcó que los conductores y los usuarios de Uber —un servicio en el que el transporte se contrata a través de una aplicación de teléfono móvil— no tienen protección alguna, citando lo dispuesto en el sitio web de la empresa que señala su función solo como un intermediario.

La semana pasada, la asociación de taxistas mantuvo un encuentro con autoridades del gobierno capitalino. Entre los acuerdos citados este miércoles está la realización de operativos por parte del Instituto de Verificación Vehicular del Distrito Federal (Invea) y que la Secretaría de Seguridad Pública aplique el reglamento de tránsito en estos casos.

El Invea informó que dentro de sus operativos de patrullaje se contempla la detención de automóviles de Uber y Cabify al no contar con una concesión o permiso oficial.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, negó que hubiera una persecución contra estas unidades y dijo que solicitó al titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) presentar una propuesta de solución, entre ellas, que operen bajo el marco legal tanto en concesión como tarifas, al igual que los demás taxistas.

Pero aún con una regularización de Uber y Cabify, TOCDMX considera que sigue habiendo un problema de legalidad si se pretende cambiar de manera “unilateral” los derechos y obligaciones que emanan de la Ley de la Movilidad.

“La ley establece procedimientos legales para poder generar concesiones en la ciudad, si damos por cierto que la Ciudad de México es la ciudad con más taxis en el mundo, esto invalida la pretensión del gobierno de dar más concesiones que sólo provocarían más sobreoferta en el servicio y más empobrecimiento del sector, lo estrangularía”, dijo a CNNExpansión Ignacio Rodríguez, otro de los vocero de TOCDMX.

Rodríguez incluso indicó que para evitar prácticas monopólicas un concesionario tiene derecho solo a cinco concesiones, “¿cómo pretenden concesionar por miles a estas empresas extranjeras?”, añadió.

Durante la conferencia de prensa, Rodríguez aseguró que el gobierno de la Ciudad de México ha propuesto crear una aplicación móvil parecida a la de Uber para todos los taxistas, la cual sería administrada por el mismo gobierno capitalino, aunque hay aristas al respecto.

“No contamos con ese gran capital para la campaña de publicidad que Uber está haciendo, sobre todo en los medios electrónicos”, dijo en conferencia el vocero de la asociación de taxistas.

TuTaxi y Génesis, son algunos de los grupos de taxistas que ya manejan aplicaciones para conectarse con sus usuarios, una idea que para Rodríguez es funcional siempre y cuando sea con taxis legalmente concesionados.

“Estamos aplicándonos el sentido que nos marca la modernidad, estamos denunciando que se haga de manera ilegal”, aseguró Ignacio Rodríguez.

Fuentes de Uber dijeron no contar con una postura ante especulaciones sobre este tema. Mientras que Cabify aseguró no tener comentario o postura hasta el momento.

cnnexpansion

Foto: Jorge Eduardo Gómez.

Las redes sociales, el nuevo frente en esta batalla

Usuarios de Twitter en México han hecho tendencia la etiqueta #UberSeQueda que para los taxistas del DF no es más que una campaña manipulada y financiada por la misma compañía con sede en San Francisco, California.

“Hay los llamados bots que se encargan, todo el día y por diferentes cuentas de Twitter, de estar subiendo estos mensajes; el texto es el mismo”, apuntó Ignacio Rodríguez a medios, y señaló que es una forma de “desacreditar” a su gremio.

Daniel Medina cuestionó la propuesta del Jefe de Gobierno de regularizar Uber y consideró que es solo una respuesta ante presión generada por este activismo en redes, el cual es propiciado por el acuerdo al que la asociación de taxistas llegó con las autoridades capitalinas.

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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